Dos policías del Tercio Bravo del Comando Radioeléctrico y otro que cumple funciones en el Centro de Justicia Penal fueron imputados este miércoles por haberle “plantado” a un joven allegado al clan narco Tripi –que históricamente vendió droga en el complejo Fonavi Parque Oeste– tres armas que habían sido utilizadas en atentados contra el gobierno provincial, ocurridos entre diciembre y enero pasado. Uno de ellos, Marcos Martín Molina, fue acusado de haber sido quien recibió las pistolas para luego entregárselas a los agentes Damián Gerardo Ruiz y Lisandro Emanuel Vera, quienes las colocaron en la Hilux de Alexis Michel C. M., que estuvo quince días preso por ese procedimiento ilegal.
Si bien eran cinco los policías que habían sido detenidos el pasado domingo por orden del fiscal Franco Carbone, solo llegaron a la audiencia los uniformados Ruiz, Molina y Vera. Los otros dos, Joaquín Luciano Dure y Yael Ulises Fernández, recuperaron la libertad el lunes, pero quedaron vinculados a la causa por haber prestado consentimiento en la falsificación del acta del procedimiento ilegal.
Los tres policías imputados están sospechados por el mismo delito, que es el presunto encubierto de seis balaceras: a una sucursal del banco Macro (12/12/23), al Heca (13/12/23), a la comisaría 19ª (27/12/23), a la sede de la Tropa de Operaciones Especiales (20/1/24), a un joven que resultó herido en Pedro Lino Funes y Cerrito (22/1/24) y a una estación de servicio de Avellaneda y 27 de Febrero (23/1/24).
El dato no es menor: en pleno inicio de la nueva gestión, en cinco de los seis hechos se dejaron notas escritas, algunas de ellas con mensajes dirigidos al gobernador Maximiliano Pullaro y a la Tropa de Operaciones Especiales.
En el caso del subinspector Molina, quien paradójicamente prestaba servicio en el Centro de Justicia Penal –en la Oficina de Gestión Judicial–, donde este miércoles fue acusado, el fiscal le atribuyó haber recibido las pistolas calibre 9 milímetros, calibre .40 y .380 de parte de los verdaderos autores de las balaceras. Luego, las entregó a sus compañeros Ruiz y Vera en una caja de zapatillas junto con un cartel en el que estaban mencionados la TOE y el gobernador.
El hecho en sí también supone la sospecha de que también un policía como Molina participaba en el análisis de qué se debía escribir en un cartel que sería dejado en la escena de un atentado para lograr mediatización y mayor grado de intimidación a las autoridades provinciales. Esto, sin dejar de lado que el delito cometido además infiere “manchar” a una organización delictiva como el clan Tripi para favorecer a otra que le disputa territorio. Una situación gravísima para un agente que, según indica su función, debería en realidad promover la persecución penal de situaciones de estas características y no encubrirlas o participar de ellas.
Ruiz y Vera –integran el Tercio Bravo del Comando Radioeléctrico– fueron, a criterio del fiscal Carbone, los encargados de haber colocado las tres armas dentro de la Hilux de Alexis Michel C. M. en la madrugada del 31 de enero. Según explicó la defensora del joven este martes en Radio 2, a él lo frenaron en pasaje Ancuña y Rouillón, le requisaron el vehículo y luego lo hicieron manejar su camioneta –escoltado por dos móviles del Comando– hasta Teniente Agneta y 27 de Febrero con la excusa de que allí le iban a hacer un test de alcoholemia. Sin embargo, cuando llegó, lo esposaron, le “plantaron” las pistolas y convocaron a testigos del procedimiento.
El conductor de la camioneta no fue elegido al azar. Si bien no tiene antecedentes penales, el fiscal explicó que es familiar del preso Claudio “Morocho” Mansilla, condenado por narcotráfico y homicidios, y además es amigo y chofer de Leonel Ariel Tripi, a quien mataron a tiros este martes en Cerrito y Pedro Lino Funes. Es decir, consideraban que había un contexto por el que se podía suponer que él podía trasladar las armas.
Por el procedimiento ilegal por el que fue arrestado, Alexis C. M. estuvo 15 días detenido. Fue imputado el 7 de febrero por el fiscal Carbone, que ordenó su libertad siete días después al corroborar todos los datos del operativo “viciado” de los agentes.
Fue el mismo Carbone quien detuvo a los policías que ahora son noticia por el presunto encubrimiento. Con un grado menor de participación que las endilgadas a Molina, Ruiz y Vera, el fiscal dejó sujetos al proceso penal a Joaquín Dure y Yael Fernández, cuya relación con toda la secuencia de hechos fue la de haber firmado el acta del procedimiento ilegal y días después, al ser citados en el Centro de Justicia Penal para atestiguar sobre ese operativo, haber sostenido la versión acordada con sus compañeros.