Un grupo de 16 jóvenes fueron acusados este miércoles de integrar una "célula criminal" de la banda narco Los Monos, que opera principalmente en los barrios Godoy, Villanueva y Bajo Cullen, en la zona oeste de Rosario. Algunos de sus domicilios fueron allanados el fin de semana pasado en un mega despliegue de la Policía Federal –con colaboración de la Agencia de Investigación Criminal– que se hizo tras una investigación conjunta entre la Justicia provincial y federal. A los imputados les atribuyeron por lo menos cinco crímenes, extorsiones, usurpaciones y balaceras; también se expuso evidencia de que se dedican a la venta de droga. Un dato curioso y que expone las falencias en los controles carcelarios: 12 de los 16 cometieron los delitos cuando ya estaban en una unidad penitenciaria.
En una extensa audiencia, el fiscal Pablo Socca imputó a Jonatan Agustín Camino; Brian Maximiliano Méndez; Manuel "Carita" Martínez; Silvana Jaquelina Oviedo; Valentín Camino; Mirco Gruning; Martín Giménez; Franco Cecchini; Maximiliano Trovatto; Federico "Chema" Buono; Érica Mansilla; Gonzalo Urquiza; Mario Polonio Díaz; Brian Ricardo Muñoz; Vanesa Galván; y Sheila Oriana Martínez. Dentro de la investigación también fueron identificados como miembros Axel "Bebuchi" C.; Dylan E. y Agustina C., que son menores de edad.
Al término de la audiencia, se dictó para los acusados la prisión preventiva efectiva; la mayoría por el plazo de ley (Jonatan Camino, Brian Méndez, Manuel "Carita" Martínez, Silvana Oviedo, Valentín Camino, Mirco Gruning, Martín Giménez, Federico Bouno y Érica Mansilla) y algunos de los imputados por 60 días (Franco Cecchini, Maximiliano Trovatto, Gonzalo Urquiza, Mario Díaz, Brian Muñoz y Vanesa Galván). La única que quedó en libertad fue Sheila Oriana Martínez.
Paradójicamente, ya 12 de las 16 personas acusadas estaban detenidas antes de esta investigación.
Según el fiscal Socca, todos conformaron una "célula o una de las subestructuras" de Los Monos. La estructura investigada es una de las que operó en la zona oeste de Rosario, mientras otras lo hicieron en Villa Gobernador Gálvez y San Lorenzo.
La organización, de acuerdo a la imputación, funcionó al menos desde marzo del año pasado hasta principios de este mes. Todo se desencadenó a partir del secuestro de un celular a Pablo Nicolás Camino en su celda de la cárcel de Piñero –es uno de los imputados por matar al narco Rubén Ariel "Tubi" Segovia en Coronda-. Ese dispositivo arrojó información valiosa con respecto a la asociación ilícita que encabeza.
El nombre de Pablo Nicolás Camino cobró fuerza desde el año pasado, cuando Los Monos comenzaron a desplazar a la banda de Esteban Lindor Alvarado de barrio Godoy, en la zona oeste. El punto de partida fue el asesinato de Nicolás "Fino" Ocampo, mano derecha de Alvarado que manejaba su territorio y que fue acribillado frente a su hijo en Ocampo al 6600 en abril pasado. Desde ese homicidio, la figura de Camino se volvió clave en el regenteo de esa zona junto a su organización narco en favor de Los Monos.
Empleada del Ministerio de Seguridad allanada
Vanesa Galván, una de las imputadas y detenidas el pasado fin de semana en los allanamientos de la Policía Federal, es hija de una empleada del Ministerio de Seguridad de Santa Fe, que cuenta con una antigüedad de 17 años. Galván fue pareja de Isaías Joel Catán, un narco de barrio Godoy que fue asesinado el 5 de febrero de 2019 en colectora de Circunvalación al 2500, entre José María Rosa y Estudiante Aguilar.
La empleada del Ministerio de Seguridad es Marcela Carmen Arce. Fue precandidata a concejal en las Paso del pasado mes, en la lista de Cristian Fdel, dentro del Frente de Todos, donde ocupó el sexto lugar. La mujer no se encuentra dentro de la investigación, pero sí fue secuestrado su teléfono celular en el operativo.
El rol de cada uno de los imputados
Los hermanos Pablo Nicolás Camino y Jonatan Agustín Camino fueron sindicados como jefes de la violenta banda de la zona oeste. El fiscal le atribuyó solo a Jonatan haber dado órdenes desde sus lugares de detención para balear personas, casas, realizar extorsiones, elegir quiénes deben cometer los ataques, quiénes disponen las armas de fuego y los vehículos y administrar los puntos de venta de droga. Su hermano Pablo aún no fue imputado.
A Brian Maximiliano Méndez, alias "Maxi" o "Aurelio", se lo consideró "uno de los sicarios de la organización" y una persona de confianza de Pablo Camino. Es, según Fiscalía, quien lleva adelante balaceras contra personas o casas, organizar la logística de los ataques y tareas de inteligencia previas. De acuerdo a la causa en curso, reportaba "todos y cada uno de sus movimientos" a Jonatan Agustín Camino. Además, es quien se encarga de retirar la plata recaudada en los búnkeres de droga cuando el otro sicario Manuel "Carita" Martínez no podía.
Manuel Elías "Carita" Martínez es otra de las personas de confianza de los jefes, quien dispone de las armas de fuego de la banda, quien amenaza personalmente a las víctimas que la organización decide extorsionar para obtener plata, vehículos o inmuebles y es además el encargado de gatillar contra casas o personas, por lo que está sindicado como sicario.
"Carita" Martínez también es el administrador de algunos quioscos de droga, como el que se encuentra en Fraga al 3000 y Rouillón al 3900. En ese marco, el fiscal sostuvo que Martínez se encarga de conseguir soldaditos para que atiendan y custodien los puntos de venta. El dinero luego se lo rinde a Jonatan Camino.
El búnker de Fraga al 3000 fue noticia en abril de este año, cuando Pablo Moisés Arregui, un chico de 15 años, murió adentro por un disparo en la cabeza. Se presume que estaba jugando con una de las armas de la banda y se le escapó el tiro.
Otra de las imputadas es Silvana Jaqueline Oviedo, alias "Jaqui", pareja de Pablo Nicolás Camino. Según el fiscal Socca, participa de las extorsiones de la banda, realiza tareas vinculadas a la venta de estupefacientes y se encarga de gestionar las órdenes que da su pareja desde la cárcel –pabellón 7 de Piñero– con respecto a la provisión de droga a los quioscos de droga.
Otro dato curioso es que Pablo Camino fue trasladado en agosto pasado al sector de alto perfil de Piñero. Sin embargo, la Fiscalía detectó que las órdenes las sigue brindando, pero a través de terceras personas.
Valentín Camino, alias "Valen", tiene el rol de custodiar los búnkeres de droga, donde también vende estupefacientes al menudeo. Es quien, según Fiscalía, rinde el dinero a Jaqueline Oviedo, oculta y dispone de armas de fuego.
Mirco Gruning, de acuerdo a los indicios ventilados por el fiscal, es quien conduce los vehículos para ejecutar balaceras, crímenes o retiro de dinero de los búnkeres. Además, esconde armas o las descarta después de los ataques a tiros.
Martín Giménez es el encargado de participar y servir de apoyo al resto de los miembros de la banda, como así también de trasladar armas que después son utilizadas para realizar balaceras.
Franco Cecchini, en tanto, es usado por la organización criminal como apoyo para ataques y también como gatillero en algunas de las balaceras. Entre sus tareas, se encuentra el hacer tareas de logística previas en los lugares donde se deben hacer los atentados.
Federico Sebastián Buono, alias “Chema” o “Cebita”, es otro de los gatilleros de la banda narco. En conversaciones telefónicas fue identificado como quien se ofrece para vengar ataques recibidos por parte de organizaciones rivales.
Maximiliano Trovatto, por su parte, oculta en su domicilio vainas servidas después de balaceras y es la persona que debe custodiar o esconder las armas de fuego, el dinero de la venta de droga y las municiones.
Vanesa Galván, hija de la empleada del Ministerio de Seguridad de Santa Fe, fue imputada por participar en extorsiones de forma personal. Las amenazas transmitidas eran las que previamente había ordenado desde Piñero por Jonatan Camino.
Sheila Oriana Martínez, otra de las acusadas, fue sindicada como la encargada de la administración del búnker de droga de Rouillón al 3900. Fraccionaba, armaba las bolsitas de droga y custodiaba el lugar.
Érica Mansilla fue imputada por el fiscal Pablo Socca por administrar el quiosco de droga de Campbell al 3400. Fraccionaba, armaba las bolsitas de droga, controlaba la recaudación y rendía cuentas a los mandos intermedios de la organización. En su rol, también mandaba imágenes de miembros de bandas rivales para posteriores balaceras. Además, dispone de un grupo de personas de confianza que también hacía trabajos para ella, como Gonzalo Urquiza, Brian Ricardo Muñoz, Mario Polonio Díaz y Brisa Nerina Mansilla.
Mario Polonio Díaz, pareja de Érica Mansilla, colaboró con todas las tareas que ella desarrollaba para la banda, como la administración del búnker de Campbell al 3400, ocultamiento de municiones, armas y dinero.
Gonzalo Quiroga, alias “Mono” o “Topo”, es otro de los sicarios de la estructura criminal. Es de confianza de Érica Mansilla y dispone de vehículos y armas para perpetrar atentados contra casas o integrantes de bandas rivales. También cuenta con Dylan E., una persona de su confianza que es menor de edad y participa de las balaceras.
Brian Ricardo Muñoz es el encargado de la custodia de los quioscos de droga que la banda tiene en Campbell al 3400, en compañía de Brisa Nerina Mansilla (prófuga). Posee chalecos antibalas para evitar ser herido de bala en caso de un ataque a uno de los búnkeres.
Axel Catriel C., menor de edad, también es considerado un soldadito de la banda que entre sus tareas tiene a cargo el traslado de droga y armas. Su situación depende del Juzgado de Menores y no del Ministerio Público de la Acusación (MPA).