En este episodio, en Desde la Redacción, el podcast de Rosario3, el periodista parlamentario Federico Gayoso se introduce en el debate que se lleva a cabo puertas adentro del Concejo Municipal por la modificación de la Ordenanza 9.204. La reglamentación, sancionada en 2014 y que aplica como herramienta en el combate contra el lavado de activos en el ámbito local, fue la respuesta que ideó la política para demostrarle a la sociedad que el avance del narco en su economía doméstica no iba a ser tolerado.
El origen de la ordenanza—cuenta en detalle Federico Gayoso en este episodio— fue la trascendencia mediática que tomó el empresario narco Luis Medina, asesinado a balazos junto a su pareja en Av. Circunvalación desde otro vehículo en 2013, cuando se hizo público que era el principal inversor detrás del intento de apertura de una franquicia del boliche porteño Esperanto en pleno centro de la ciudad.
Pero como en el vuelo del Ícaro que de tanto acercarse al sol derritió sus alas y murió tras caer al mar, Luis Medina fue víctima de su exposición pública. Esto llevó a poner el foco mediático en la inconsistencia de sus finanzas y sus terminales con el negocio narco y luego, tras su asesinato, a su relación con sectores de las fuerzas de seguridad y la política santafesina.
La sanción de la Ordenanza 9.204 es una derivación del enojo social que tuvo la trascendencia de estos vínculos, posible gracias a la resistencia contra la apertura de Esperanto que tuvieron los vecinos de Zeballos y Presidente Roca. La norma, plagada de ambigüedades e inconsistencias en lo técnico, nació como una respuesta de la política contra el lavado de dinero (del narco) en la economía local.
La politóloga e investigadora Victoria Murillo en La ley y la trampa en América Latina, el libro que escribe con Steven Levitsky y Daniel Brinks, explica que la tolerancia de la política latinoamericana a ciertas actividades ilegales a través de la creación de normas débiles y—por tanto—de difícil aplicación, se da por la necesidad de la propia dirigencia de dar algún tipo de respuesta a la indignación o el enojo social. Es la forma que encuentra la política de sacarse de encima la presión que le genera el descontento social como consecuencia de una situación irregular pero sin modificarla en lo real.
La propuesta del ejecutivo municipal de modificar actual Ordenanza 9.204 es el reconocimiento explícito de que la norma, tal y como fue sancionada y reglamentada, no cumple su objetivo de alertar sobre el lavado de activos. Será interesante seguir de cerca el debate actual en el Concejo Municipal para interpretar si los cambios a la ordenanza sirven para crear una herramienta que fortalezca la capacidad del Estado para hacer cumplir leyes nacionales; o si en realidad es un nuevo intento de la dirigencia local de calmar los reclamos de una sociedad agotada de observar impávida los efectos colaterales del dinero negro: la violencia letal de las balas y el aumento de la delincuencia común.
Sobre el podcast
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