¿Puede un gobierno en crisis manejar un país en crisis? Javier Milei no necesita ir muy lejos para responder esa pregunta. Ahí tiene, bien fresquita, la experiencia del gobierno de Alberto y Cristina Fernández.
Sin embargo, en su afán de jugar al todo o nada, el presidente parece llevar a su gobierno hacia un callejón sin salida o, al menos, sin la salida que él pretende para concretar su proyecto de revolución promercado. Y es que, mal que le pese a Milei, a Mauricio Macri, a Luis Caputo y a todos los que alimentaron el sueño libertario de llegar al déficit cero y liquidar todo lo liquidable del Estado de un plumazo, la democracia es gradualismo. Sobre todo cuando no llegás ni a 40 diputados propios y apenas contás con 8 senadores.
Las tensiones de las últimas horas, con protesta masiva en las calles y el despido de un ministro a apenas 45 días de asumir incluidos, evidencian no solo las dificultades de Milei para romper el cerco de su flaco poder parlamentario sino también para aceptar e incorporar la mirada ajena. Así, ese tren que marcha a mil kilómetros por hora parece ir a ninguna parte: la oposición amigable o dialoguista amaga con bajarse, los mandatarios provinciales que apostaban a dar gobernabilidad ponen barreras en defensa de sus intereses territoriales y lo que se presentaba como la madre de todas las batallas, la sanción de la ley Ómnibus que fundara un nuevo orden político económico, está a punto de naufragar a pesar de las amenazas de dejar sin un peso a los distritos díscolos.
La desorientación es tal que este viernes a la mañana arreciaban las versiones sobre el destino de la ley que el gobierno bautizó con pompa alberdiana como “Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”. Que ante la resistencia de los dialoguistas a votar la suba de retenciones, el Ejecutivo iba a retirar todo el capítulo fiscal –el corazón del proyecto–, que ante la presión para que se compense la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados, se iba a mantener la fórmula anterior de subas trimestrales pero desde marzo –lo que implicaría una caída de cerca del 40 por ciento por la inflación acumulada hasta entonces– y hasta que antes que la ley salga con los condicionamientos que impone la oposición amigable, el oficialismo, donde no faltan las divisiones internas, prefiere que la ley naufrague entera y sea el Congreso el que pague los costos. Esta última opción le daría a Milei la posibilidad de volver a una senda discursiva en la que se mueve cómodo: la campaña contra “la casta”. ¿Pero eso adónde llevaría su programa económico?
El dilema dialoguista
La situación pone también a los sectores dialoguistas –parte del PRO, la UCR, Hacemos Federal, la Coalición Cívica– en un dilema complejo. Quieren dar gobernabilidad, pero eso no puede ser sin condiciones ni límites como pretende Milei. Al mismo tiempo, entienden que su base social está dentro del 56 por ciento que en el balotaje votó al libertario y si hay algo que temen es quedar como funcionales a la oposición kirchnerista que ese electorado detesta. Además, tienen responsabilidades de gobierno territorial –provincias y municipios– en las cuales el flujo de fondos nacionales, con los cuales ahora Milei extorsiona, tiene una importancia determinante.
Todo esto explica los comunicados que los bloques legislativos amigables, como el PRO y Hacemos Federal, se apuraron a publicar este jueves, en los que dejan en claro su “compromiso de colaborar con la gobernabilidad” pero de manera “responsable”, y en los que incluyeron también duras críticas al kirchnerismo y a la “máquina de impedir” que se reactivó con el paro del miércoles.
Lo cierto es que ese apoyo quedó plasmado en un dictamen de la ley Ómnibus que ya no le cierra a nadie: a la oposición amigable porque no quedaron plasmadas sus exigencias, entre ellas que no haya suba de retenciones y que las jubilaciones se ajusten de manera mensual desde enero, y al oficialismo porque sabe que en el recinto los dialoguistas tienen el número para imponer su voluntad en esos puntos.
El rol de Pullaro
¿Cómo se sale de este intríngulis? “Con diálogo. Hoy los canales de comunicación están cerrados, pero ante el fracaso el gobierno va a tener que hablar. Acá, tanto entre los gobernadores como entre los legisladores, hay gente de mucho oficio. Y el gobierno va a tener que entender que con las amenazas no va a llegar a ningún lado”, sostuvo una fuente de la gestión de Maximiliano Pullaro, acaso uno de los dirigentes que con mayor claridad expresó la voluntad de apoyo crítico de la oposición dialoguista.
El gobernador santafesino, en tándem con sus colegas de la Región Centro Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Martín Llaryora (Córdoba), tuvo un alto protagonismo en las negociaciones de las últimas semanas. Influyó para que sus pares de Juntos por el Cambio hicieran propio el reclamo para que no se aumenten las retenciones a los productos con valor agregado que son cruciales en la estructura económica de la provincia, y caminó las oficinas del Congreso para asegurarse que esa suba de los derechos de exportación no se vote en el recinto de la Cámara de Diputados.
Al mismo tiempo, se alineó con la decisión de ir hacia el déficit cero y cuestionó con dureza a los sectores que convocaron a las protestas contra el gobierno del miércoles. “No comparto este paro, acompañamos al presidente salvo en el esquema de retenciones”, afirmó.
Amenazas y después
Pero en la lógica de jugar a todo o nada, a Milei no le alcanzó. Las amenazas del jefe de Estado y del ministro Caputo, en el sentido de que si no sale la suba de las retenciones se ajustarán las partidas provinciales, parecieron incluir claramente al gobernador santafesino, que se manifestó “angustiado” por eso, aunque aseguró que no va a ceder a las presiones.
Lo cierto es que en la provincia ya se siente la caída de los recursos que llegan desde la Nación y funcionarios de máxima confianza del mandatario santafesino salieron a enfrentar con todo las manifestaciones extorsivas: el ministro de Economía, Pablo Olivares, tuiteó contra el “federalismo coercitivo” y el secretario general Juan Cruz Cándido asoció el discurso amenazante del gobierno nacional con el “kirchnerismo puro”.
El argumento de Santa Fe, expresado por Olivares, es claro. “Hoy por cada 100 pesos que aporta Santa Fe a la bolsa común nacional, vuelven menos de 60 a la economía provincial. Desde esa posición de legitimidad nos negamos a seguir aumentando ese desequilibrio”, sostuvo el ministro.
Olivares es quien elaboró el proyecto que Pullaro llevó al Congreso –y Rogelio Frigerio a la Casa Rosada– para que el gobierno busque recursos, coparticipables a las provincias, en otras cajas que no sean ni la producción ni el trabajo: propone un aumento de impuestos a las empresas y personas de mayores ingresos.
Pero la iniciativa no tuvo eco como tampoco otras. Por caso, la de la Coalición Cívica que apunta a cancelar la exención del IVA a las empresas que se benefician del régimen de promoción industrial para Tierra del Fuego.
Para el presidente, que en 2022 descalificaba esa política, el tema es innegociable. Algo que el periodista Carlos Pagni inscribió entre las “opacidades” de su gestión, pues esa protección estatal debería ser inadmisible para un fundamentalista del mercado y porque uno de los beneficiarios es Nicolás Caputo, primo de Luis e íntimo amigo de Mauricio Macri.
Del apoyo crítico al recelo
“Nosotros no nos vamos a mover de nuestra postura; vamos a mantener la línea de trabajo de que no deben subir las retenciones. En ningún país del mundo te ponen más retenciones cuanto más valor agregado das”, lamentó una fuente del gobierno provincial, que entiende que la postura de Pullaro tiene un acompañamiento pleno del bloque de diputados de la UCR y de parte del PRO.
“Es una idea que planteamos en campaña y que también adoptó Milei”, agregó el vocero, que celebró además el protagonismo nacional del gobernador.
Ese protagonismo es inédito para Santa Fe, al menos en los últimos 16 años. Es que Omar Perotti prácticamente renunció a ser parte de las grandes discusiones nacionales y sus antecesores socialistas, que no tenían el sostén de una estructura como la de la UCR, chocaron una y otra vez con el destrato del kirchnerismo y el macrismo.
Acaso ese cambio también influya en el recelo que el gobierno de Milei expresa ahora hacia Santa Fe, mientras el país amaga con encaminarse a una crisis institucional de proporciones.
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