Tras la presentación por parte del gobierno provincial de la denuncia en los fueros provincial y federal para que se investigue el vínculo entre el falso abogado Marcelo D'Alessio y el clan Los Monos, surge lo que cada tanto en Argentina: la resignación ante la persistencia de elementos que, entroncados en el sistema político-judicial, pueden alquilar sus servicios de espionaje para operaciones de campaña sucia o desestabilización.

Si bien la presentación se basa en las visitas probadas que hizo D'Alessio a Ramón Machuca (Monchi Cantero), uno de los cabecillas de la banda, mientras era juzgado por asociación ilícita, la realidad marca que el de D’Alessio no es un caso aislado. En contacto con diferentes interlocutores, Rosario3.com pudo comprobar que en los delitos de investigación compleja, las informaciones de espionaje, también entendida como de “inteligencia”, son usuales. Y algo peor: pseudo agentes pueden tranquilamente alquilar sus servicios para embarrar la cancha. 

El planteo que hizo la provincia de Santa Fe incluye las figuras penales de extorsión, usurpación de título, espionaje ilegal y asociación ilícita. Los ministros de Justicia, Ricardo Silberstein, y de Seguridad, Maximiliano Pullaro, anticiparon que se busca saber “qué relación hay entre sectores de inteligencia y hechos como los ataques a edificios y funcionarios de la Justicia provincial que generaron tensión durante meses". Pullaro también mencionó las dudas que tiene sobre la intervención de su celular. 

"Creemos que ésta es la punta del iceberg y que (la investigación) nos va a explicar muchas cosas que sucedieron en la provincia", dijo Pullaro. Consultado por Radiópolis, Silberstein admitió que “este tipo de personajes crean una apariencia de veracidad.  Son veneno para democracia y poder judicial”. Lo peor es que también aceptó que “hace falta preparación mayor para la investigación en delitos complejos" y que "estos personajes son manchas venenosas que juegan para cualquier gobierno”.

Silberstein habla de un mundo de “opacidad que afecta a la política, afecta a su transparencia, pero golpea mucho más a la Justicia”. Citando a Sófocles, Silberstein arriesgó más. Habló de “la verdad sin poder, que se pueda imponer al poder”. Para bien y para mal. Cuando una verdad se quiere imponer o cuando una verdad tiene que salir a la luz de debajo de las sombras del poder” 

La información de inteligencia, según abogados penalistas de trayectoria dilatada, es lo más frecuente en el mundo de Comodoro Py, donde se tramitan las causas políticas más sensibles. Pero también en la investigación de delitos complejos asociados a la violencia o delitos federales como el narcotráfico. Dentro de la información de inteligencia existen comunicaciones telefónicas, rastreo en redes sociales, averiguaciones sobre los movimientos económicos y financieros de imputados, entre otros detalles de la vida de personas involucradas. Es información sensible. Tiene un marco legal: debe ser solicitada por un juez, bajo la requisitoria de un fiscal.

Modus operandi

Según expertos en temas de justicia, la información de inteligencia, dada su sensibilidad, necesita ser no sólo solicitada sino confirmada, chequeada y se debe evaluar el daño de difundirla. Se debe contrapesar cuánto ayuda a esclarecer una causa, en general en delitos complejos, que requieren una tarea superior a la hora de recabar pruebas que puedan defenderse en un juicio. “Los jueces no tienen que recibirla de manera acrítica”, apunta un ex funcionario provincial de peso.

En causas del fuero federal, es muy frecuente su utilización, completa: “La aproximación a datos sensibles por medio de organismos como la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), este tipo de información compone carpetas que si el juez de la causa decide, pueden ser elementos de prueba”. 

En Santa Fe, la Dirección de Investigación Criminal se dedica a recabar datos sensibles y hacer seguimientos específicos cuando la complejidad del delito lo requiere. Lo que en uno y otro caso siempre debe pasar es que esa información de inteligencia recibida se chequee con otras fuentes. Se confirme. Se exponga como arma jurídica. Porque quienes elaboran esos informes deben responder por la información y dar explicaciones de quiénes y por qué las pidieron, en el marco de un juicio. 

Lo que a la mayoría de la gente se le escapa cuando se trata de información de inteligencia es que las partes involucradas (fiscales, abogados defensores, jueces) acceden al mismo corpus de datos. Ergo, los imputados, y esto lo admiten abogados penalistas experimentados, las personas acusadas de cometer esos delitos graves, tienen acceso a esos datos. Y pueden filtrarlos. Con dos objetivos por lo menos: poner en riesgo la investigación y desviar la atención sobre la causa que los tiene como protagonistas. En malas manos, esa información es un arma que produce daño.

El caso D’Alessio no es infrecuente. Porque si bien la Agencia Federal de Inteligencia es la cabeza de los organismos encargados de esta tarea, hay otros. Y hay personal que informalmente se dedica a trabajar, sin por ello formar parte del organismo. Con D’Alessio, se conoce cómo se mueve un presunto agente no acreditado. Que pudo manejarse con libertad, como público asistente a los juicios o como asistente de los abogados defensores de los imputados en la célebre causa Los Monos, como quedó acreditado. 

En el ámbito judicial, personajes como D’Alessio han formado parte de intentos de negociación espuria y fueron utilizados discrecionalmente. Esto no exime al periodismo, que a través de algunos referentes, eligió entrevistar prófugos en notas en lugares ocultos, o administrar información con finalidades específicas, que diferentes gobiernos han tachado como “intentos desestabilizadores”.  A veces, a expensas de abogados defensores. A veces, por pedido expreso de sectores políticos que operan desde un nivel de poca exposición. 

La Agencia

Al cumplirse una semana de la muerte del fiscal Alberto Nisman la ex presidenta Cristina Kirchner disolvió la Secretaría de Inteligencia (SI, ex Side) que descabezó en diciembre. En su reemplazo, la ex jefa de Estado creó la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), que “reúne y analiza hechos, riesgos y conflictos que afecten la seguridad de la Nación y sus habitantes. Se dedica a la prevención de amenazas internacionales del terrorismo, la trata de personas, el narcotráfico, el tráfico de armas y los ciberdelitos”. 

Entre los principales puntos está el de la Dirección de Observaciones Judiciales (más conocida como Ojota, encargada del sistema de escuchas), que deja de estar a cargo de la SI, y por lo tanto del Poder Ejecutivo, y pasa a manos del Ministerio Público Fiscal, el organismo que agrupa a los fiscales y no depende formalmente de ninguno de los tres poderes.

Tiempo atrás, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) dio a conocer un informe que denunciaba el abuso político de las “agencias de espionaje”. El informe titulado "El (des) control democrático de los organismos de inteligencia en Argentina", señalaba que esa actividad "goza de inaceptables grados de autonomía que implican un riesgo para los derechos de los ciudadanos y las instituciones democráticas".

Y con el cambio de gobierno, se aumentó el presupuesto. Por ejemplo, según la ex diputada Margarita Stolbizer,  los recursos de la AFI en el ejercicio 2017 representaron una suba mayor al del resto de las áreas. “El total de gastos pasará de $1,9 billones a $2,3 billones, un aumento del 22%, de acuerdo a los datos del proyecto de ley. El presupuesto de la AFI, en cambio, pasaría de $1.450 millones a $1.804 millones, un aumento del 24,5 por ciento”, describe un informe de la ex legisladora que reproduce Chequeado.com.

Este jueves, en la comisión Bicameral encargada de informar cómo funciona la agencia de Inteligencia el juez de Dolores Alejo Ramos Padilla está citado a ampliar las denuncias en las que reveló la existencia de una carpeta llamada "Narcotráfico Rosario", que inquietó a sectores de la política local como pocas veces se había visto. El gobierno nacional asumió una postura contra Ramos Padilla al pedir, vía Consejo de la Magistratura (el organismo que fiscaliza la acción de los jueces), un juicio político para desplazarlo.  Y como un espejo en negativo, ahora el gobierno santafesino, vía Ministerio Público de la Acusación, busca responsabilizar a D’Alessio de tanto como sea posible y le pide a Ramos Padilla más información sobre "Narcotráfico Rosario". 

Mas que nunca en Argentina, esta “punta del iceberg” que es D’Alessio viene a confirmar una eterna sospecha: los actores inorgánicos y teje-manejes de los sótanos del poder, como dice Hugo Alconada Mon. El ganador del premio Pulitzer, Tim Weiner, publicó trabajos sobre la historia del Federal Bureau of Investigation (FBI) y Legado de Cenizas, la historia completa de la CIA (Agencia Central de Inteligencia). En todos sus trabajos, Weiner subraya lo mismo: organismos que nunca responden estrictamente al juramento presidencial de preservar, proteger y defender la Constitución. Y es el primer mundo.

En años en los que se gobierna con el miedo (a perder la vida o a perder una elección), estas maniobras cobran su importancia mayor. Porque alguien intenta convencernos de que el fin justifica los medios. Ese alguien se ensucia las manos, trafica datos y es funcional a ese poder.