La política institucional de Santa Fe tiene por delante los 15 días más relevantes del año. En ese lapso intentará resolver el súper presupuesto provincial para 2023 y encontrarle una salida a los concursos del Poder Judicial que empezaron mal y podrían terminar peor. Para tratar esos asuntos dos ministros de primera línea se presentarán en la Cámara de Diputados para someterse al escrutinio de una oposición que cruje a medida que la afecta la fuerza de gravedad del año electoral 2023. El acontecimiento de efectos menos previsibles ocurrirá el martes 29. Ese día se destapará la olla de la investigación sobre presunto espionaje y otros delitos durante la gestión del ex ministro de Seguridad Marcelo Sain. Las imputaciones previstas para a ocho ex funcionarios y funcionarias permitirán conocer finalmente la calidad y pertinencia de una investigación judicial que durante un año tuvo en vilo a la política, sectores empresarios y el periodismo. El gobernador Omar Perotti regresó de Estados Unidos ayer, por lo tanto en las próximas horas definirá la posición del gobierno en cada uno de esos temas.
De regreso
Perotti compartió un seminario con el intendente Pablo Javkin en la Universidad de Yale, promovido por la Red de Acción Política. De allí el intendente partió a Barcelona y regresará a mitad de semana. Con otro que compartió parte de la estadía y el vuelo de regreso fue con el ministro de Economía Walter Agosto, con quien en el norte analizaron las modificaciones que quiere hacer la Cámara de Diputados, ampliamente controlada por la oposición, al presupuesto 2023 que tiene media sanción del Senado provincial.
Agosto y su equipo estarán en la Cámara baja el miércoles a la mañana para responder preguntas. El bloque socialista, que es el más numeroso y preside el cuerpo, ya dio fe de su vocación de que el 1° de enero el gobierno inicie el año con presupuesto aprobado, a diferencia de lo que ocurrió este año, que recién se aprobó en abril.
De todos modos la discusión del proyecto está abierta. La oposición empuja modificaciones en los porcentajes de coparticipación del impuesto inmobiliario (de 50/50% a 60/40) y patentes; baja en la alícuota de ingresos brutos para el Banco Municipal de Rosario; y reposición de la partida del Plan Incluir + Seguridad para grandes ciudades. Al igual que se hizo a nivel nacional, también se pretende introducir una cláusula gatillo para que en caso que la inflación o la recaudación superen determinado nivel, el Ejecutivo deberá enviar una ley complementaria donde se fije con mayor precisión el destino de esos recursos extra. También la autorización a tomar financiamiento para pagar vencimientos de deuda de marzo de 2023 y se busca explicitar qué obras públicas se van a priorizar con el producido de los títulos públicos entregados por Nación con vencimiento el año próximo.
Si bien habrá tironeos, las negociaciones se desarrollarán en un contexto en el que la oposición no quiere aparecer como obstruccionista y el gobierno no quiere enredarse en nuevos conflictos por cuestiones que en la práctica no le impiden gobernar. La idea inicial es que el presupuesto llegue al recinto de diputados el 24 de noviembre y que de ahí vuelva al Senado para su sanción definitiva.
Tormenta de Arena en la Legislatura
Cinco horas después de que Agosto y su equipo pasen por la Cámara baja, será el turno de la ministra de Gobierno, Celia Arena, y el secretario de Justicia, Gabriel Somaglia, un funcionario muy cercano al gobernador que está en el ojo de la tormenta y cuya presencia se definirá en el gobierno a último momento.
Arena se convirtió en una ministra de confianza del gobernador y será quien deba maniobrar con esa instancia legislativa que promete momentos picantes. Le preguntarán por los 80 pliegos de fiscales que envió el Ejecutivo y que demandarán una maratónica seguidilla de entrevistas para poder tratarlos antes del 30 de noviembre, día que cierra el periodo ordinario de sesiones.
Pero ese es el tema menos controversial. Le seguirán el calendario electoral, y los concursos para el Poder Judicial, tanto el de jueces comunitarios de pequeñas causas como el de autoridades superiores del Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Público de la Defensa Penal.
El de las autoridades superiores es crítico por las implicancias institucionales que tendría para Santa Fe, y Rosario en particular, que la conducción del organismo responsable de la persecución penal quede sujeto a interinatos o prórrogas de corto plazo. Pero el concurso para renovar los mandatos que vencen en abril está paralizado, con los postulantes inscriptos, la mayoría del jurado renunciado, el responsable político de llevarlo adelante (Somaglia) fue apartado por sospechas de influenciar investigaciones judiciales para hacer zafar a funcionarios. El gobierno dio una primera señal de querer hallar una salida con la convocatoria a los bloques de la oposición en la Casa Gris. Pero desde entonces pasó un mes y no hubo ninguna propuesta o decisión. El miércoles deberían aparecer definiciones.
Mientras en el oficialismo vuelan reproches por lo ocurrido con el concurso de mayor relevancia institucional que tiene la provincia y buscan la forma de mantenerlo a flote, en la oposición legislativa hay posiciones encontradas.
Socialistas y radicales de Juntos por el Cambio recalcan que hay que hacer las correcciones necesarias al concurso, garantizar transparencia y seguir adelante para que haya continuidad institucional sin mandatos precarios a partir de abril. Esa solución no convence al sector Evolución, al que pertenecen Pullaro y la mayoría de los senadores de la UCR. Aunque hasta aquí nadie lo diga explícitamente, este sector se inclina por esperar a que llegue abril, prorrogar mandatos por ley y que sea el próximo gobierno el que lleve adelante la selección. Alegan que el gobierno de Perotti prepara un concurso a su medida para dejar fiscales que le cubran las espaldas o no trabajen en sintonía con las políticas de seguridad de quien asuma en diciembre de 2023.
Esta diferencia de enfoque e intereses dentro del arco opositor se repite con el tema de los jueces comunitarios de pequeñas causas y la aprobación o rechazo del pliego del ex ministro de Seguridad Jorge Lagna para ocupar una silla en el directorio del Ente Regulador de Servicios Sanitarios. Desde hace un tiempo el pullarismo cava con devoción una brecha que volverá a escenificarse en la Asamblea Legislativa del 24 de noviembre.
El concurso de jueces de pequeñas causas fue utilizado por el pullarismo como parteaguas, con una rimbombante denuncia de “contubernio” entre socialistas y un sector de Juntos por el Cambio de un lado y el gobierno provincial por el otro.
En términos de purismo político, el planteo tiene sus flaquezas si se tiene en cuenta que entre los pliegos que envió el Poder Ejecutivo también hay candidatas vinculadas políticamente y familiarmente con al menos dos senadores radicales de ese mismo espacio. Ahí radica el problema de la sospecha generalizada. ¿Cómo diferenciar entre el pliego de Silvina Marcón, hija del senador del departamento General Obligado, a quien Evolución defiende para ser jueza en la localidad de Las Garzas y estar capacitada; la postulante a jueza de Maggiolo que se la vincula políticamente con el senador Lisandro Enrico; la postulante de filiación socialista para Rincón y la ex secretaria de la Fundación que pertenece al senador Armando Traferri propuesta para Puerto San Martín? ¿Cuál es fruto del supuesto contubernio y cuál no? En todo caso, es necesario detallar caso por caso y fundamentar las razones por las que la aparición de algunos nombres serían fruto de pacto espurios y otros no.
Por el contrario, el planteo es efectivo en términos de posicionamiento político-electoral. Como precandidato a gobernador, la diferenciación/distanciamiento de Maximiliano Pullaro con el resto del arco no peronista tiene como objetivo desarroparse de cualquier rastro de frenteprogresismo e investirse como un cambiemista, que no quede lugar a dudas. Por eso construye una épica de intransigencia hacia todo aquello relacionado con el peronismo, lo que incluye crucificar a aquellos que mantengan niveles de diálogo con quienes gobiernan, ya sea de tipo político o institucional.
La estrategia es muy similar a la que utiliza Patricia Bullrich con Horacio Rodríguez Larreta, su adversario en la interna del PRO, a quien le reprocha que dialogue con el gobierno central y su perfil acuerdista. “Llegamos a guardar nuestras ideas bajo la alfombra pensando que iba a encontrar un punto de acuerdo con aquellos que nos gobernaban”, protestó en su paso por Rosario en relación a los acuerdos para el manejo de la pandemia o al famoso incidente por el vallado en torno al departamento de la vicepresidenta Cristina Fernández.
Por más que estén en veredas separadas de Juntos por el Cambio, Pullaro y Bullrich (presentó como su referente provincial al diputado Federico Angelini del PRO) tienen otra coincidencia. Todos sus posicionamientos están pensados en función de las Paso de 2023. Ambos saben que en esa instancia se juegan el futuro.
Pullaro quiere ser el halcón de JxC santafesino y para lograrlo acerca a la estrategia y figura de Bullrich. Este sábado le dobló la apuesta al diputado Federico Angelini a la hora de defender a la precandidata a presidenta después que el ministro Coordinador de la provincia, Marcos Corach, la fustigara por sus dichos con relación al narcotráfico en Rosario. Lo hizo con un áspero hilo de tuits para el gobierno provincial y dos fotos con Bullrich cuando ambos eran ministros de Seguridad, él de la provincia y ella de la Nación.
La política tiene devoción por las fotos, porque es cierto, hablan más que mil palabras y eso vale oro cuando la gente no está predispuesta a escuchar políticos. El viernes, en ocasión de la convocatoria a legisladores nacionales para reclamar por recursos y obras públicas en los presupuestos nacional y provincial, se armó una foto que reunió a los posibles protagonistas de un gran frente electoral no peronista. Esta vez estuvo el socialismo y faltó el pullarismo, a diferencia de hace 15 días cuando fue a la inversa.
Si bien 2023 está a la vuelta de la esquina y como todo año electoral ejerce su fuerza de gravedad sobre el desempeño de la política institucional, el Mundial de fútbol y las fiestas deberían desacelerar los ímpetus electoralistas. De hecho sólo falta que se oficialice el cronograma electoral del año próximo. Se confirmará que el cierre de listas en Santa Fe no será en febrero sino en mayo, por lo tanto falta mucho por caminar.
Como las hojas de los árboles, las fotos que florecen en primavera pueden caerse en otoño. O algunas por lo menos.