Este viernes se cumplen 47 años del golpe de Estado que significó el inicio de la última dictadura militar en Argentina, un proceso histórico que, al igual que otros de fuerte impacto social, político y económico, no tiene una versión definitiva.
En el libro “Historia de la última dictadura militar argentina, 1976-1983” – que se presentará el 29 de marzo en Buenos Aires y el viernes 31 de marzo, a las 18.30, en el Museo de la Memoria (Córdoba 2019), Rosario– Gabriela Águila, doctora en Historia de la UNR e investigadora del Conicet, realiza una síntesis comprensiva y explicativa acerca de un proceso intensamente analizado.
En diálogo con el programa “A la Vuelta” (Radio 2) la autora se explayó sobre algunos puntos siempre en debate, acerca del último golpe militar y los siete años posteriores.
¿Por qué un nuevo libro sobre la dictadura?
Para Águila, la dictadura “es uno de los grandes temas de debate y reflexión sobre la historia argentina del siglo XX, sobre todo por las violaciones a los derechos humanos que se cometieron en ese período y que establecen nexos o vinculaciones entre ese pasado y el presente”.
Si bien transcurrieron 47 años, el simple hecho de mencionar el tema dispara en gran parte de los argentinos un sinnúmero de opiniones, datos y posicionamientos distintos. “Es un tema que está en la escena política, en el debate público y también en la investigación académica. En este último lugar –afirma– me paré para pensar y construir este libro que está planteado como una síntesis comprensiva acerca de un proceso intensamente analizado”.
El porqué del golpe del ‘76
“Uno puede buscar explicaciones y se encuentra con una multiplicidad de vías. Por eso el libro trata de no explicar la última dictadura militar única y exclusivamente a través del golpe del ’76, sino que acude al período previo para encontrar las claves y el desarrollo de un proceso que culmina en el golpe de Estado y abre la etapa de la dictadura”, advierte la autora.
En la misma línea, señala algunas de esas claves como “el incremento de la violencia política” en el período previo, pero también se enfoca en “el proceso de crisis del gobierno constitucional de Isabel Perón que se desplegó, en especial, durante el año 1975, y que incluyó: crisis económica, elevados niveles de conflictividad social y política, deslegitimación del gobierno, crisis de representatividad del sistema político partidario que no encontró alternativas a la vía golpista, y por sobre todo, visualización de esa presencia política, cada vez más importante, que las fuerzas armadas adquirieron en aquel contexto”.
Con qué palabras mencionar a la última dictadura militar
La investigadora explica que es interesante analizar la heterogeneidad interna que caracterizó al gobierno militar. Una muestra de ello la constituyen las distintas denominaciones que tuvo en el espacio público. Una de las que más circuló fue la de «dictadura cívico-militar», que le incorporó, además del carácter militar, el papel que jugaron los civiles.
“Pero también circuló públicamente otra denominación –dice Águila–. Hasta hace unos diez o quince años, para referirse a la dictadura se hablaba de «proceso», utilizando el nombre que las mismas fuerzas armadas le dieron al golpe de Estado: «proceso de reorganización nacional». Incluso, hasta no hace mucho tiempo, hablar de «dictadura procesista» era parte del lenguaje cotidiano. Pero también es interesante ver que (ligado a cómo circula «la dictadura como problema» en el espacio público y político) ya nadie le dice «proceso». También se la denominó «dictadura neoliberal» para aludir a las características y a los efectos del plan económico que aplicó”.
Según la autora, “en estas formas distintas de denominarla se pone en discusión cuánto de militar y cuánto de civil tuvo la última dictadura, aunque la del ’76 –remarca– fue tan cívico-militar como todas las anteriores, porque no hubo ninguna dictadura en la historia argentina del siglo XX y en ningún otro proceso autoritario dictatorial moderno o contemporáneo que no haya contado con apoyos civiles”.
“Creo que denominarla cívico-militar es redundar en un elemento constitutivo de las dictaduras. Lo que pasa –aclara– es que en Argentina se puso mucho énfasis en tratar de desentrañar lo que se conoce como la «pata civil» de la dictadura, conformada por: complicidades, responsabilidades compartidas, beneficios materiales que los civiles que diseñaron el plan económico recibieron gracias a esas mismas políticas, el papel de otros actores como el eclesiástico y empresarial y sectores de la derecha de los más diversos matices”.
Derechos humanos e información pública
La autora analiza desde una mirada actual, la cantidad y calidad de información que circulaba en el espacio público, acerca de lo que estaba sucediendo: “Está bastante claro, mirándolo desde hoy, que había mucha información circulante, incluso en la prensa. Para eso basta ir a ver qué se decía, aunque no se dijera en forma abierta y clara, como podría darse en la cobertura de una noticia en un contexto democrático. Había información sobre asesinatos, desapariciones, la acción de organismos de derechos humanos y otras cuestiones relacionadas con la dimensión represiva”.
Claro que hay que analizar quiénes contaban con la perspectiva y la capacidad de análisis necesarias y suficientes para poder procesar la información que circulaba, dado que gran parte de la población –por entonces carente de internet, redes sociales y otros recursos, y sin contactos dentro de las estructuras de poder– sólo se nutría de lo que los medios de comunicación en manos de la dictadura decían y mostraban.
“Al menos en los más altos niveles dirigenciales, políticos, corporativos, eclesiásticos y diplomáticos se sabía una parte importante de lo que estaba sucediendo en términos del ejercicio represivo. Por otro lado –añade– a poco de producido el golpe de Estado, grupos de exiliados y organizaciones de derechos humanos que actuaban en el plano internacional, denunciaron lo que estaba pasando en Argentina desde muy temprano, en el país y en el exterior”.
Pone por ejemplo, el accionar de Amnistía Internacional, una de las más importantes organizaciones de derechos humanos a nivel mundial que vino a la Argentina en la segunda mitad del año 1976 e hizo –recuerda la investigadora– un informe lapidario en el que hablaba de cárceles clandestinas, presos políticos, torturas, asesinatos y desaparición de personas. Claro, en este caso, hablamos de un informe que casi no circuló en el país, pero sí en el exterior”, aclara.
Además, menciona la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) que también visitó la Argentina en 1979. “En el informe que redactó, mostraba con mucha claridad –al igual que lo hicieron los informes de organizaciones de derechos humanos que actuaban en el exterior– las dinámicas clandestinas, la desaparición de personas y los vuelos de la muerte. Obvio que no con la precisión que más tarde tuvo el informe «Nunca Más» elaborado por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) en 1984, o lo que se conoció años después en el marco de ciertos procesos judiciales por delitos de lesa humanidad.
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