A diferencia de lo que pasó este 20 de junio, hace casi tres años, el 7 de agosto de 2019, Alberto Fernández sí estuvo en el Monumento a la Bandera. Es que ese día, junto a Cristina Kirchner, cerró en Rosario la campaña electoral de cara a las Paso, primer turno de las elecciones que determinaron que él fuera presidente y ella vice. Allí, luego de firmar un rato antes un compromiso federal con los gobernadores peronistas en la Facultad de Derecho, en un tramo de su discurso lanzó: “Vamos a pensar el país desde el interior”.
Otra promesa incumplida de un candidato que se autodefinía como “el más federal de los porteños”. Pero bueno, aquel día también dijo que “nunca más” se iba a pelear con Cristina.
Lo cierto es que desde que llegó al gobierno el actual mandatario, el centralismo no ha hecho más que consolidarse. Al punto de lograr un imposible: que oficialistas y opositores del interior del país dejen de lado la grieta entre el peronismo y Juntos por el Cambio, para realinearse en torno a otra división parteaguas, que tiene una continuidad histórica que se profundizó durante los últimos 20 años: el Amba –la ciudad de Buenos Aires y su conurbano– contra el resto del país.
El reparto de subsidios para el transporte no es el único tema en el que aparece la brutal asimetría en el reparto de fondos entre Buenos Aires y el interior. Pero la diferencia es tan evidente y grosera que, más allá de la crisis interna del oficialismo, no dejó margen para que los alineamientos partidarios se impusieran por sobre los geográficos.
En números globales, se quejaron esta semana distintos funcionarios santafesinos y el intendente Pablo Javkin, el Amba se queda con el 85 por ciento de los subsidios y el interior el 15.
Fuentes de la Secretaría de Transporte provincial, que encabeza el rosarino Osvaldo Miatello, realizan otras comparaciones. Cada colectivo de los cerca de 18 mil del Amba recibe 1.250.000 pesos mensuales de subsidio. En cambio, al interior se le destina 260.000 pesos por cada una de las algo más de 14.052 unidades. La diferencia también es gráfica si se contempla cuánto destina la Nación por cada trabajador del sistema de transporte: 465.000 pesos en el Amba y 107.500 en el interior.
Todo esto deriva, finalmente, en la enorme desigualdad entre lo que pagan los usuarios del transporte porteño y bonaerense con los del resto del país: 18 pesos los primeros –aumentará a 25 a fin de mes– alrededor de 70 pesos los segundos.
Problema con historia
El tema no es nuevo y tampoco es diferente a lo que pasa en otros rubros, como el de las tarifas energéticas e incluso el gasoil, un bien imprescindible para la producción que escasea en gran parte del país, pero que en Buenos Aires no solo se consigue sin problemas sino que además es más barato. Salta cada vez que la suba de costos lleva a intendentes y concejos municipales del interior a aumentar el boleto. Y provocó críticas fuertes esta semana cuando, en medio del reclamo generalizado para que se aumenten las partidas para el interior y con un proyecto que avanza en el Congreso para generar un fondo mayor, se supo que el gobierno nacional había presupuestado un número bastante menor al esperado: el interior pedía 70 mil millones de pesos, Nación prometió 46 mil millones, y el decreto conocido el martes lo bajó a 38 mil millones.
“Esto es una catástrofe para el transporte del interior; el Amba es otro país”, dijo Miatello. El ministro de Gestión Pública de la provincia, Marcos Corach, calificó la administración de Alberto Fernández como “un gobierno porteño”. Ambos forman parte de una administración que es del mismo signo político que el presidente. “Es una falta de respeto a todo el interior, nada de esto sucede allá. Se llevan cada vez más y nosotros menos”, dijo por su parte Javkin.
Si bien el problema es histórico, hay en todo esto una diferencia con otros tiempos: la reacción. Que está en sintonía, además, con lo que ocurre en otros temas en los que, más allá de las tensiones que hay entre oficialismo y oposición en el día a día de la política provincial, representantes santafesinos de distintos partidos juegan en tándem. El primero de ellos fue el proyecto para la creación de más juzgados y la ampliación de la infraestructura de la Justicia federal, encargada de investigar las causas vinculadas al narcotráfico.
Carente de todo poder disciplinador, Alberto Fernández no encuentra peronistas que lo defiendan. Cuando Cristina Kirchner era presidenta, los reclamos de mayores subsidios que realizaba por ejemplo la ex intendenta Mónica Fein eran replicados por los dirigentes justicialistas locales que la mandaban a pedirle plata al entonces gobernador Miguel Lifschitz. Algo parecido pasaba con los representantes de Juntos por el Cambio cuando el jefe del Estado era Mauricio Macri. Con los tres, Cristina, Macri y Alberto, se profundizó la matriz ambacéntrica en este y otros temas.
Fondos del Conurbano
Una cuestión en la que el diferente trato que reciben por parte de la Nación los distintos distritos adquiere ribetes que hasta podrían definirse como ridículos es el de los fondos de emergencia social que reciben las provincias de Buenos Aires y Santa Fe para sus conurbanos.
Ambos fueron creados a mediados de la década del 90, durante el menemismo, en plena crisis del desempleo y en el marco de procesos migratorios internos hacía los conurbanos bonaerense y rosarino.
El Congreso votó primero el Fondo de Reparación Histórica del Conurbano Bonaerense, 650 millones de pesos/dólares (era la época del uno a uno) que Eduardo Duhalde le había reclamado como condición al entonces presidente Carlos Menem para ser candidato a gobernador en 1995 y que provenían del 10 por ciento de la recaudación del impuesto a las ganancias. Una segunda ley, que comenzó a regir en el 95, destinaba de ese monto 30 millones de pesos a un Fondo de Emergencia Social para los conurbanos de Rosario y Santa Fe.
Cuando se puso fin a la convertibilidad, durante la presidencia de Eduardo Duhalde tras la crisis de 2001, esos montos no se actualizaron. La provincia de Buenos Aires recibió primero una mayor coparticipación del impuesto a los combustibles. Durante el gobierno de Mauricio Macri, en el pacto fiscal de 2017, se definió una compensación multimillonaria y una actualización que llevó el monto, según consignó en una nota publicada el martes en La Nación el periodista Carlos Pagni, a 264 mil millones de pesos este año. Pero Santa Fe no y aún hoy el fondo sigue clavado en 30 millones de pesos anuales –20 millones van a Rosario y 10 millones a la capital provincial–, una cifra a todas luces ridícula: ese dinero que en su momento ayudó a construir obras clave, como el Cemar y el nuevo Heca por mencionar algunas, hoy representa a cambio oficial 240 mil dólares. Es decir, alcanza para comprar un departamento en el centro de la ciudad.
Como con el transporte, también en este tema aparece hoy el trabajo conjunto de legisladores santafesinos de los distintos partidos, alentados por los intendentes de Rosario y la capital provincial.
De hecho, el diputado socialista Enrique Estévez presentó hace casi dos meses un proyecto para que se actualice el Fondo de Emergencia Social, que cuenta con el acompañamiento con sus firmas de legisladores del propio socialismo, Juntos por el Cambio y el PJ: Mónica Fein, Mario Barletta, Victoria Tejeda, Federico Angelini, Ximena García, Juan Martín, Germana Figueroa Casas, José Núñez y Roberto Mirabella.
La iniciativa propone que se sostenga la proporcionalidad que el fondo santafesino tenía en su origen con el bonaerense para calcular la actualización, lo que significaría a junio de este año un monto de 3.690.000.000 pesos, de los cuales 2.521.000.000 serían para Rosario. A eso, habría que agregar, también en forma proporcional, las compensaciones que Buenos Aires recibió en años anteriores.
Con los mismos cálculos –y también en diálogo con Javkin– trabaja otro proyecto el diputado peronista de La Cámpora, Marcos Cleri, que según anticipó avanzará un paso más: su iniciativa establecerá que ese dinero debe tener una asignación específica para obra pública o bienes de capital. Esa es una forma de acotar el margen de discrecionalidad del propio gobierno provincial en el manejo de esos y otros recursos, tema que también suele generar controversias a nivel local, donde Rosario es por lejos la ciudad que más aporta y no justamente la que más recibe.
“No es que queremos ese dinero, lo necesitamos”, sostuvo Javkin, que aunque no lo dice públicamente entiende que las actuales circunstancias políticas –un gobierno nacional incapaz de disciplinar a los legisladores de su mismo signo político y un mayor compromiso de los representantes santafesinos con la defensa de los intereses locales– son una oportunidad. “El federalismo no se proclama, es un mandato constitucional. Aplicarlo es una obligación”, enfatizó el intendente de Rosario.
Todos los temas
“En todos los temas en los que entrás ves que hay un nivel de asimetría peligroso”, dice el diputado nacional Roberto Mirabella, la voz del gobernador Omar Perotti en el Congreso de la Nación. Que asiente cuando se le pregunta si hay un mayor nivel de coordinación entre legisladores nacionales por Santa Fe más allá de la pertenencia partidaria. “Se dio por las circunstancias. Empezó con lo de la Justicia federal y sigue con el transporte que es una vergüenza grosera. Pero lo mismo pasa con el precio del gasoil, la luz y el gas”, amplía.
Por caso, el rafaelino menciona un tema en el que trabaja en estos días: los subsidios del Instituto Nacional de Cines y Artes Audiovisuales (Incaa), que van en un 92,14 por ciento a Buenos Aires y en un 7,86 a las provincias. Y remarca: “El centralismo es cada vez mayor”.
Mónica Fein también observa que hay un nivel de coordinación mayor entre los diputados santafesinos de distintos partidos que cuando ella era intendenta, y los presidentes con quienes convivió, Cristina Kirchner y Mauricio Macri, sí ejercían su poder disciplinador sobre los legisladores del PJ y Juntos por el Cambio.
Justamente por eso, si bien señala lo positivo, la oportunidad que representa la actual situación, también desconfía: “Quienes hoy firman los proyectos en su momento, cuando fueron oficialismo nacional, privilegiaron intereses de sus coaliciones por sobre los provinciales. Si realmente sos federal, lo tenés que sostener cuando estás en el gobierno”, señaló. Una referencia al rosarino Diego Giuliano, actual secretario de Transporte de la Nación, quien esta semana culpó a la oposición por la crisis de los subsidios, ya que según él el problema es que no le votaron el presupuesto al gobierno nacional. “El Amba tiene los subsidios garantizados; no es un problema presupuestario sino de voluntad polìtica”, replicó Fein.
El bloque santafesino
De acuerdo a un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, en 2021 Santa Fe aportó un 13,5 por ciento del total de lo recaudado por impuestos por el Estado nacional. Sin embargo, de acuerdo a un trabajo de la cordobesa Fundación Mediterránea, recibió el 8,1 por ciento de las transferencias totales no automáticas de la Nación a las provincias. Por coparticipación, en tanto, le tocó el 9,28.
En un sistema federal es lógico que haya transferencia de recursos de las provincias más ricas hacia las más pobres. Pero cabe plantear si el actual sistema es justo y equitativo, si los márgenes de discrecionalidad no son exagerados, si no es una desigualdad flagrante que los porteños, que son quienes mayor nivel de ingresos tienen, sean quienes paguen los servicios públicos más baratos.
Ese planteo no se va a hacer justamente desde Buenos Aires. Tampoco es una cuestión en la agenda de los referentes de la grieta.
Por eso es tan importante que, más allá de las pertenencias partidarias de los dirigentes y ante la necesidad de encontrar antídotos para poner freno al proceso de desintegración que vive la Argentina, haya una especie de bloque santafesino que siga en conjunto la agenda de los intereses locales y regionales, construya acuerdos con sus pares del resto de las provincias, que atraviesan procesos parecidos y comparten la necesidad de poner freno a la concentración de recursos en Buenos Aires y su conurbano. La pregunta, el desafío, es si se podrá sostener más allá de la debilidad del actual gobierno nacional.
El compromiso que aquel 7 de junio de 2019 Alberto Fernández firmó con los gobernadores en la Facultad de Derecho de Rosario, antes del acto con Cristina en el Monumento, planteaba tres puntos: “Crear la mesa Provincias En Red” para desde allí descentralizar la gestión nacional, “encender las economías regionales” y “diseñar la Agenda de Desarrollo Federal”. El documento fijaba además un objetivo: “Construir un verdadero federalismo, donde las provincias sean motor de desarrollo del país y donde cada ciudadano de la Argentina tenga las mismas oportunidades independientemente del lugar donde nazca”.
Palabras vacías a las que otras dirigencias deberán darle contenido para que Argentina pueda construir, más allá de las declamaciones, un plan de desarrollo que integre y genere oportunidades en todo su territorio.