“El Tribunal Electoral de Santa Fe resuelve: hacer lugar a la petición, disponiendo la incorporación en el padrón electoral para participar en las elecciones provinciales y locales a las personas que hayan cumplido 16 años inclusive…”.
Hay una larga historia que se inicia en 1962 y llega a nuestros días detrás de esa sencilla resolución que firmaron tres jueces esta semana. Es un magnífico ejemplo en el que se cruzan asuntos muy actuales sobre las cosas que pasan con la política, los asuntos que nunca se resuelven y el hartazgo de una porción de la sociedad que da lugar a la bronca que, según la optimista proyección que hizo la vicepresidenta Cristina Fernández en C5N, representa a un tercio del electorado.
En primer lugar, lo ya sabido. Los menores de entre 16 y 17 años podían votar en las elecciones nacionales y en todas las provincias. Santa Fe era la única que se los impedía. Es un universo de algo más de 84 mil personas. “La ironía de ser santafesino”, como la describió el procurador Jorge Baraguirre por el hecho de que solo por ser de esta provincia no podían votar, se termina con esta resolución, que pone fin a una situación “absurda” de “discriminación por pertenencia territorial”, tal las palabras del tribunal que preside Daniel Erbetta e integran Alfredo Ivaldi Artacho y el juez octogenario Armando Drago.
El Tribunal puso en línea a Santa Fe con el bloque normativo legal y constitucional federal e internacional al que está adherido el país. Y parte de la base que no deroga un artículo de la Constitución provincial ni declara su inconstitucional, sino que amplía un derecho que los constitucionalistas de 1962 no previeron y que la Carta Magna provincial no prohíbe al indicar que el cuerpo electoral está constituido por personas mayores de 18 años.
Los constitucionalistas Domingo Rondina y Oscar Blando, este último especializado en derecho electoral, ambos de permanente consulta en la política santafesina, hicieron pública sus objeciones. No al Voto Joven sino a la vía de resolución: “Todas las provincias argentinas adhirieron a la ley Nacional 26774 incorporando el derecho al voto a los 16 años mediante una LEY. La última fue Corrientes en 2022. Ninguna mediante una resolución del órgano electoral…”, escribió Blando.
En definitiva, sostienen que el tribunal está suplantando tanto al Poder Legislativo como el constituyente, ya que el ingreso al cuerpo electoral a partir de los 18 está prescripto en el artículo 29 de la Constitución provincial.
El tribunal lo niega. Indica que en esta situación está en juego también el derecho a recurrir a la Justicia para hacer valer un derecho, y si bien admite que la vía legislativa era válida, pone el dedo en la llaga al hacer mención a la “indefinición legislativa”, en referencia a los años que hace que el tema está paralizado en las cámaras. Y mientras tanto, dice el tribunal, los jóvenes no pueden ejercer su derecho.
Pero el propósito aquí no es abordar el debate jurídico, sino la dificultad del sistema político para resolver cuestiones que llevan años y años. El caso del Voto Joven, debe admitirse, no era un clamor popular, lo cual no lo hace menos derecho. Como ese caso, hay una montaña de asuntos que se acumulan por el bloqueo a la reforma de la Constitución provincial. Y cuando eso ocurre, según la naturaleza del asunto, se da lugar a salidas alternativas, a veces positivas y otras controvertidas.
Poder Judicial y política
Entre estas últimas se ubica la intervención de la Corte Suprema nacional en los procesos electorales de San Juan, Tucumán y podría sumarse Formosa. En el caso del sanjuanino Uñac y el tucumano Manzur, ambos forzaron interpretaciones para volver a postularse. No tuvieron en cuenta una Corte Suprema nacional que está jugando muy fuerte en política, dispuesta a moverse como un elefante dentro de un bazar con tal de condicionar al oficialismo actual. Por eso hizo lo que hizo para tomar el poder del Consejo de la Magistratura y suspender elecciones provinciales cuatro días antes.
El ejercicio arbitrario del poder en esas provincias por un lado; una Corte desprestigiada y parcial por el otro, aportan al zafarrancho institucional en el que cayó el país a partir del enfrentamiento que lleva años entre el peronismo y Juntos por el Cambio. Instituciones paralizadas, la lucha por el poder que neutraliza la ocupación de la política en los problemas reales de los ciudadanos y el fracaso de unos y otros en el manejo de la economía. Si pareciera que hay una desaceleración en ese enfrentamiento es porque el factor Milei, como catalizador de la suma de todas las broncas, se volvió una amenaza para el monopolio que ambos ejercían de la escena política argentina.
En el caso de Santa Fe, la intervención de los jueces en el caso del Voto Joven es positiva, a diferencia de la Corte nacional, porque no restringe, sino que amplía. Igual no está exenta de polémica. De todos modos, lo que aquí se pretende señalar es que el paso que dio el Tribunal Electoral por empuje del procurador Jorge Barraguirre y el presidente de la Corte Daniel Erbetta (en otros asuntos son otros jueces) merecería una reflexión del sistema político provincial en el sentido que no se puede tener indefinidamente los asuntos sin resolver porque total no hay incendio.
En el caso del Voto Joven, el mayor temor de radicales, socialistas y peronistas es que el fallo del Tribunal abra la Caja de Pandora y siente un antecedente que motive resoluciones judiciales sobre asuntos que no se pueden destrabar porque la Constitución de 1962 nunca se logró actualizar y porque, según las épocas, las fuerzas políticas no se ponen de acuerdo si es posible darle un marco de legalidad y legitimidad por medio de leyes a temas fijados en la Constitución nacional pero no en la provincial, como el voto de los ciudadanos de entre 16 y 18 años. Incluso hay toda una serie de derechos y garantías contemplados en la reforma de 1994 que en la Constitución de Santa Fe no están porque fue redactada 30 años antes.
Cabe destacar que desde 1990 en adelante, todos los gobernadores impulsaron alguna reforma constitucional salvo Omar Perotti. El fantasma de la reelección del gobernador de turno hizo que naufragaran todos los intentos, incluso el de 2018 que se llegó a votar en la Legislatura.
Vale señalar una contradicción. Así como es muy valiosa la insistencia de los diputados de la centroizquierda Rubén Giustiniani y Agustina Donnet que permitirá que los mayores de 16 voten, ese bloque y otros que reivindican este y otros temas en 2018 rechazaron la reforma constitucional, que es la solución de fondo. La excusa fue que Lifschitz recién muy al final resignó la posibilidad de ser reelecto. Esa ambición del ex gobernador pudo ser un argumento legítimo para oponerse a la reforma (de hecho profundizó la interna dentro del propio socialismo) si no fuera porque a mandatarios como Obeid, Binner y Bonfatti, que de entrada se excluyeron de la reelección como correspondía, tampoco se les habilitó la reforma. Es evidente que no se trata solo de conveniencias y alianzas circunstanciales que la traban. También juega el desinterés de los senadores (en mayor medida del peronismo porque controla esa cámara desde 1983), porque la Constitución del 62 puso en sus manos un poder institucional y económico enorme, propio de otro país, otra provincia, otros tiempos. Lo que entonces era lógico en una provincia sin rutas, comunicaciones, urgida de representación territorial en el marco de una democracia asediada por el poder militar, hoy luce escandaloso.
Radicales, socialistas y peronistas hicieron saber por distintas vías a los jueces que era mejor no habilitar el Voto Joven ahora. No es que no lo querían, de hecho hace años que lo reivindican. No lo querían ahora, para esta elección.
Los años pasan y nunca hay acuerdo para reformar la Constitución. Pero tampoco se da una salida política intermedia a asuntos donde hay acuerdo total, como el Voto Joven, la ampliación del mandato de jefes comunales de 2 a 4 años o ciertos aspectos de la autonomía municipal, entre otros.
Y la demora tiene consecuencias, porque si la política tapona la corrección de lo absurdo y obvio, tarde o temprano la vía judicial aparece. Con el fallo del voto joven y la ampliación de derechos, una fuente con conocimiento jurídico planteó un escenario hipotético: la Corte ya dijo años atrás que no a Reutemann cuando le pidió que lo habilite a otro mandato de gobernador. Ahora, ¿qué pasa si mañana vienen 2 mil ciudadanos santafesinos que piden lo mismo para equis gobernador…? Podría interpretarse que se les está negando un derecho de la Constitución nacional, por ejemplo la reelección que tiene el presidente y 22 de 24 gobernadores”.
El debate jurídico fino incluye otros ingredientes que no vienen al caso, pero el ejemplo ilustra los temores de la política a que las interpretaciones de los jueces lleven las cosas a un rumbo que no es el que esperan.
Constitución bajo presión
Ya existe el antecedente de 2006 en el que la Corte nacional. A partir del caso Fraticelli (el juez acusado de haber matado a su hija Natalia) declaró inconstitucional el sistema de juzgamiento penal de Santa Fe. Las reformas, resistidas más que por el Poder Judicial por el poder de los jueces, estaban bloqueadas hacía al menos 15 años. Recién con ese mandato de la Corte nacional el poder real tuvo que ceder, al canto de “Resistiré”, y se pudo cambiar el Código Procesal Penal de la provincia.
La actual Corte nacional tiene entre manos otro posible mazazo: el pedido de inconstitucionalidad de los fueros del que gozan los legisladores de Santa Fe, también consagrados en la Constitución provincial del 62, gracias al cual el senador peronista Armando Traferri no pudo ser imputado por los fiscales que dicen tener pruebas en su contra en la investigación por una red de juego clandestino.
Hace años que da vueltas pero no se destraban otros asuntos: la autonomía municipal, la ampliación del mandato de presidentes comunales de 2 a 4 años, la reelección del gobernador, la mayoría automática para el ganador en la elección de la Cámara baja, el Voto Joven, entre muchos otros.
En varios de esos asuntos hay acuerdo total, como los mandatos comunales o el Voto Joven, pero no se avanzó porque el desacuerdo se da entre quienes quieren avanzar por ley y quienes sostienen que no se puede modificar la Constitución a través de leyes, por cuestiones de jerarquía normativa. En el medio, algunas de esas posiciones varían de acuerdo a las relaciones de fuerzas circunstanciales y el lugar desde el que se habla. Una cosa es siendo gobierno y otra oposición.