En una jugada desesperada por encontrar algún dique de contención al mar de sangre y plomo del Gran Rosario, el gobernador Omar Perotti cambió al desgastado Jorge Lagna y designó como ministro de Seguridad al comisario retirado Rubén Rimoldi.
La designación dividió al oficialismo entre los críticos, como el jefe de la bancada de diputados Leandro Busatto, y los que guardaron silencio, que es la gran mayoría. Los tibios respaldos salieron exclusivamente del propio gabinete provincial.
El problema no es Rimoldi, sino lo que encarna en lo personal y representa su llegada al Ministerio. Hasta aquí nunca había ocurrido que se le entregara la llave principal a la policía; que se renuncie a tener el control del manejo de la seguridad, aunque todos los gobiernos, en mayor o menor medida, han tenido dificultades, avances y retrocesos, a la hora de limitar el autogobierno policial y subordinar la fuerza al poder político. Con la llegada de Rimoldi, bajo la pátina de un perfil profesional asume un policía retirado que hasta aquí ni siquiera es un funcionario de confianza del gobernador, y que asumirá el control de gastos reservados de seguridad, la Agencia de Control Policial, entre otras cajas y áreas.
Hay otro condimento delicado. Rimoldi no llega a ministro porque hay un plan, sino por lo contrario, porque no hay plan alguno desde hace mucho tiempo, ni nadie en el peronismo con buenas intenciones que quiera hacerse cargo. Rimoldi y el resto de las estructuras policiales lo saben y ese es el mayor problema que trae aparejado el renunciamiento del gobernador.
La policía sabe que ahora tiene la manija. Y que si uno de los suyos fue convocado para poner orden, fue gracias al “descontrol” e “inacción” que permitió que el martes pasado los principales edificios públicos de la ciudad fueran pintados con aerosoles. Es inquietante para una ciudad como Rosario que a las once de la noche se pueda ejecutar un operativo sobre una decena de objetivos, desde el puente Rosario-Victoria hasta los tribunales de Pellegrini y Balcarce, sin que nadie lo frene. Agradezcamos que se trataba de ambientalistas con aerosoles. Nada que no pueda arreglarse con un poco de lija y pintura.
Otra etapa
A partir del cambio de ministro el gobernador rompió un periodo de meses en el que casi no tuvo apariciones públicas por el tema seguridad en Rosario. Este viernes encabezó la primera reunión de coordinación de las autoridades municipales con el nuevo ministro. Queda por ver si fue una excepción por las circunstancias o si implica un mayor involucramiento personal en el tema.
Dos días después de asumir Rimoldi, la Cámara de Diputados le dio media sanción a un proyecto de ley cuyo espíritu va en sentido contrario al que tomó el Ejecutivo. Genera mesas de coordinación a nivel departamental y municipal y obliga a los jefes policiales a coordinar, informar y a la vez recibir información de las autoridades locales y otros actores sociales. Apunta a consolidar instancias obligatorias con fuerte control ciudadano, que hasta aquí siempre quedaban en esfuerzos discontinuados y dependían de la buena voluntad de los actores en turno.
La idea de las mesas de coordinación permanentes estaba contenida en la reforma integral del sistema de seguridad que proponía el ex ministro Marcelo Sain, pero ahora se avanzó a partir de la iniciativa del intendente de Rosario, que logró articular el apoyo de distintos sectores políticos para conseguir los votos, incluido el peronismo.
Javkin dijo que quiere tener todas las semanas sentado al jefe policial de Rosario para que rinda cuentas y darle información. Para que eso ocurra, antes deberá aprobarlo el Senado, donde hay un solo rosarino de 19. Además de que le prestan más oreja a la corporación policial que los diputados, los senadores consultarán a sus intendentes, que en su mayoría gobiernan poblaciones de menor escala. Desde ya que no todos quieren involucrarse en la seguridad como Javkin, porque les significa meterse en la boca del lobo, comprarse una responsabilidad que es de otro. Javkin, por el contrario, no tiene opción porque la ciudad no tolera que sus dirigentes miren para otro lado con la gravedad que tiene el asunto, por más que sea jurisdicción provincial.
En esa línea, esta semana el Concejo sancionó la nueva ordenanza de control de lavado de activos, que había propuesto en su mensaje de apertura de sesiones el intendente Javkin y que se conjugó con proyectos similares de Ciudad Futura y el radical Martín Rosúa. Viene a renovar y ampliar a su precursora, la ordenanza de 2014 sancionada durante la intendencia de Mónica Fein. Es discutible que la ciudad necesite montar una agencia especial sin tener potestad en el tema, pero se lo debe considerar en el contexto de una realidad que en la ciudad quema más que en otras. Rosario se propone como un primer ojo de alerta a partir de lo que ocurre en su territorio. Hasta ahí lo valorable. Habrá que ver la eficacia institucional de la nueva agencia y cómo se posicionará la política cuando algún proyecto concreto y quienes los impulsan entren en el radar y salte la alarma. Es sabido que el blanqueo de activos de la economía en negro y de la economía del delito terminan la mayoría de las veces en los mismos lugares.
A Javkin se le podrán criticar muchas cosas, pero no que no pone la cara con el problema de la seguridad, aun cuando eso lo expone a que le reprochen el empeño en reclamarle a los niveles superiores del Estado habiendo tantos déficits en materia de servicios y mantenimiento municipales.
Sin embargo Javkin está decidido a jugar el rol de ser la voz de la ciudad ante otros poderes. En esa línea viene creciendo la preocupación por el funcionamiento del comando unificado entre fuerzas federales y provinciales. Claramente no hay conformidad y eso se tradujo en picantes intercambios con el comandante de Gendarmería Ricardo Castillo.
En la provincia y la Municipalidad ya había caído mal que Carrillo dejara el territorio varios días para ir a Buenos Aires a preparar la exposición del ministro de Seguridad Aníbal Fernández en el Senado de la Nación. En ese encuentro dijo que Gendarmería “había tenido que hacer” el relevamiento de calles y barrios donde había problemas de iluminación y pasársela al gobierno de la ciudad para que lo solucionen.
Este viernes durante el lanzamiento de la primera de tres grandes tandas de reemplazo de luces led en la ciudad, Javkin aprovechó que le preguntaron por la situación en barrio Ludueña donde pocas horas antes se había concretado el homicidio número 22 del año: “Si miran ese mapa, ahí en teoría tenemos presencia de Gendarmería, claramente no está siendo eficiente a la hora de esa intervención en ese barrio, tienen tres franjas de trabajo en ese barrio", se despachó.
El valor de la movilización
A pesar del drama que es la seguridad pública en Rosario, pasa algo a nivel social que angustia a los familiares de víctimas, que no se sienten lo suficientemente acompañados por el resto de la sociedad, que actúa emocionalmente ante casos paradigmáticos, o hierve como la leche y después se aplaca.
Esto viene a cuento de lo que ocurrió en la semana tras estar sometida la ciudad durante días al humo y las cenizas a causa de los incendios intencionales en las islas. No es la intención poner en términos comparativos el drama de los homicidios dolosos y la pérdida de familiares con la brutal e impune contaminación de la atmósfera que respiramos los millones de argentinos que vivimos a la vera del Paraná. Se trata de valorar la organización y movilización social como forma de sacudir a las autoridades, controlarlas para cumplan sus funciones y exigirles resultados.
Eso es lo que viene pasando con la movilización social generada en torno a las quemas y las miles de almas que se convocaron para una asamblea popular a los pies del Monumento y que siguió ayer con un corte del Puente Rosario-Victoria. Ambos son hechos que forman parte de una cadena que se inició hace tiempo, que como todas estas cosas tienen momentos más intensos y otros menos, avances y retrocesos, acción y reacción.
a movilización en el Monumento donde confluyeron ambientalistas, autoconvocados, organizaciones políticas y sociales, entre otros, pareció demostrar que el conflicto por la apropiación y uso del delta de Paraná, que es lo que subyace detrás de los permanentes incendios intencionales, y la salud comprometida por el aire que respiramos, es demasiado importante como para dejarlo en manos de las institucionales gubernamentales.
Esa es la respuesta de una comunidad activa al ser tan evidente la fiaca institucional en el mejor de los casos, y en el peor la permeabilidad de los gobiernos y la Justicia, que por acción u omisión habilitan la colonización económica de facto del humedal, ya sea a través del fuego, imposición de terraplenes, bloqueo y desvío de cursos de agua, apropiación de tierras para usufructo privado.
La contracara: la calle en ebullición y en movimiento, discutir proyectos de ley, crear un Observatorio Ambiental como hizo la Universidad para generar datos propios de calidad de aire y asesorar en salud y derecho a la ciudadanía, personas comunes y corrientes que demandan en Tribunales o activistas ambientales que invierten su tiempo para militar la causa o meterse en el delta para registrar lo que va ocurriendo.
Es decir, el control y la presión social no garantizan resultados por sí mismos, pero es mantenerse en la lucha lo que hizo que se movieran los gobiernos, la Corte nacional, los fiscales, todos los intendentes de la zona. La calle marcó la agenda.
Esto ayuda a comprender por qué es tan importante el doble control, el institucional y social, sobre la fuerza de seguridad, una organización demasiado poderosa como para permitirle que sea conducida por sus propios dueños.