La imputación penal al exministro de Seguridad Marcelo Sain y a otros siete exfuncionarios ocurrida esta semana en la causa por presunto espionaje, esclarece una primera cuestión: la descripción de hechos y la solidez de las evidencias recogidas respaldan a la fiscalía en cuanto a que había motivos suficientes para investigar, así como los hay ahora para profundizar esa investigación.
A lo largo de 65 páginas, los fiscales Ezequiel Hernández y Federico Grimberg atribuyeron a Sain, Nadia Schujman, Debora Cotichini, Germán Montenegro, Pablo Álvarez, Diego Rodríguez, Milagros Bernard y María Agustina Moulins haber incurrido en los delitos de asociación ilícita, abuso de autoridad, violación de secreto, encubrimiento calificado, violación de la ley nacional de inteligencia, malversación de fondos, destrucción de documentos públicos, peculado, con diferentes roles y grado de responsabilidad.
La imputación expone una tarea sistemática de perfilamiento “sin autorización o requerimiento judicial” y por “el sólo hecho de ejercer su actividad lícita” en el caso de funcionarios y militantes políticos, funcionarios y magistrados judiciales, funcionarios policiales y del Organismo de Investigaciones, militantes y organizaciones sociales, abogados, profesionales y empresas de salud, periodistas y empresas vinculadas a la comunicación pública, instituciones y reparticiones públicas, y empresas y empresarios (esto últimos, su sola enumeración, una al lado de la otra, separada por punto y coma, insume 5 de las 65 páginas).
En varios casos la información extraída de los teléfonos celulares permitió a los fiscales reconstruir qué funcionario/a dio la orden y qué funcionario/a la retransmitió o la ejecutó, así como el contexto en el que se hacía.
De la lectura caso por caso surgen innumerables preguntas, algunas de las cuales los propios fiscales no tienen aún respuesta específica. ¿Cuál era el motivo? ¿Para qué lo hacían? Las explicaciones que hasta aquí dieron los imputados son más políticas que concretas. Y no encajan por un doble motivo. No encajan con los hechos descriptos por los fiscales; y tampoco encajan con la trayectoria de parte de esos exfuncionarios.
El ex ministro y Nadia Schujman declararon que no hicieron nada ilegal y adjudican todo a una intencionalidad política para “derrumbar” causas judiciales en curso, aleccionar a policías y funcionarios judiciales que en el futuro quieran meterse con el poder y persecución política contra él y su equipo por “atreverse” a cumplir el mandato de perseguir a las mafias.
“Todo se hizo en el marco de investigaciones judiciales”, insistió el ex ministro, a contramano de lo que sostienen los fiscales. Dijo que no hay delito porque el grueso de la información acopiada surgía de bases de datos de acceso público y que la tarea que realizaban era “algo básico como producir análisis criminal de aquellas problemáticas en las que teníamos que decidir estrategias concretas”. También dijo que el análisis criminal sistemático se inició en las gestiones anteriores, lo que es cierto, pero hasta aquí no se conocieron hechos como los que se le imputan a él. Una carpeta con información con datos básicos sobre el secretario general de UPCN Jorge Molina creada en tiempo que Maximiliano Pullaro era ministro no dice nada en sí misma. De todos modos Molina es querellante y podrá impulsar medidas sobre el punto si lo cree necesario.
Según los fiscales, a partir de diciembre de 2019 ese sistema oficial de análisis criminal se puso al servicio de “la obtención, registración, sistematización y análisis obtenida respecto de personas por el sólo hecho de sus opiniones políticas, pertenencias partidarias, pertenencia a organizaciones lícitas u otras actividades lícitas”.
En los casos del diputado radical Maximiliano Pullaro y el empresario de medios Nahuel Caputto presentaron evidencia de que el objetivo era armarles causas para que “tengan problemas en la justicia penal”. La imputación reproduce las órdenes dadas en ese sentido, incluso explicitando el objetivo que se buscaba, encontradas en los celulares, mails y computadoras de los que se pudo rescatar información.
Sobre el secretario general de UPCN, Jorge Molina, se conformaron cuatro carpetas por orden de Débora Cotichini y Pablo Álvarez. “A sabiendas que era una orden contraria al derecho instruyeron… que obtengan información y realicen informes de inteligencia… por el sólo hecho de su pertenencia sindical”. Cotichini al dar esa orden pidió específicamente que se indague en redes sociales a fin de determinar posibles relaciones entre Jorge Molina y el senador provincial Armando Traferri. Eso ocurrió en febrero de 2020, plena pelea de Traferri y su bloque con Sain y Perotti, que presionaba a la Legislatura para que le aprobase la ley de emergencia pública.
En los casos de Pullaro y Caputto al ordenar la recolección de información, “armado” y “contextualización”, Sain les informa a sus subordinados que son mandatos políticos del entonces senador Roberto Mirabella y Perotti. Es una mención de un tercero que permite crearse una opinión política o periodística, pero que por sí sola carece de valor como evidencia judicial.
Al declarar Sain dijo que todo se hizo bajo “directivas claras y manifiestamente decididas por el gobernador, que estuvo al tanto de todo lo que desarrollamos en esta estrategia política de control de criminalidad del poder en la provincia”. “Aclaro que esto no es una interpretación (lo de las directivas), porque no voy a aportar audios privados de intercambio con el gobernador, de eso se encargan ustedes”, dijo en otro tramo. Un mensaje indirecto pero nada ambiguo. Sain avisó, más a la Casa Gris que a los fiscales, que él también guarda audios. Le pareció oportuno mencionarlo en el momento que la fiscalía le tiraba medio Código Penal por la cabeza a él y su equipo.
El impacto político
Es evidente la situación incómoda en la que queda el gobierno provincial. Cuando no es la oposición la que dispara a discreción, es Sain que se volvió más inmanejable que nunca.
Horas después de la declaración del ex ministro ante los fiscales, el ministro Coordinador Marcos Corach salió al cruce de Pullaro en Twitter: “Buscan atribuirle al gobernador indicaciones delictivas cuando en realidad lo citado por el exministro es la orden de separar definitivamente el universo delictivo de la política y del Estado”, aclaró. Sin embargo su intervención tuvo el efecto contrario al que se proponía: minutos después terció el propio Sain en la conversación, probablemente enojado porque los ministros no gastan ni una línea de un tuit en defenderlo a él. "Nuestro error es haber creído que @omarperotti iba a tomarse en serio la lucha contra la mafia de Estado santafecina”, disparó.
Sain no solo se aferra de la mano del gobierno con más fuerza cada vez que siente que quieren desprenderse de él. Se retuerce de bronca al ver que Perotti recompuso la alianza de poder con aquellos que en su momento le mandaron combatir, específicamente con Armando Traferri y su bloque de senadores.
Espionaje, segunda etapa
El martes se realizará la audiencia de medidas cautelares contra Sain y otros dos imputados. El menú de opciones está entre la prisión preventiva o seguir el proceso en libertad bajo medidas alternativas. La fiscalía revelará a último momento su posición, pero el juez también escuchará a las querellas (hay cinco constituidas y al menos tres más en trámite). Pullaro adelantó que solicitará prisión preventiva para Sain ahora y, cuando sea la oportunidad, para las dos exfuncionarias con calificación penal más severa. Cabe decir que la causa lleva 15 meses de trámite, que tanto Sain como el resto estuvieron a disposición cada vez que se los citó y que ninguno de ellos está en puestos desde los cuales pueda afectar la investigación.
El miércoles empezará a debatirse la cuestión de la competencia federal en base a la imputación por violación de la ley nacional de inteligencia. Si el juez les diera la razón a las defensas el caso debería ir a un juzgado federal de Santa Fe; por el contrario, la fiscalía y los querellantes sostienen que la Corte nacional ya ha fallado que, salvo que haya una afectación muy clara y directa a intereses nacionales, no hay una federalización automática y citan pronunciamientos en ese sentido por lavado de activos (que se discutió en la causa Monos), delitos informáticos que afectaban telecomunicaciones y las normas presidenciales dictadas en pandemia. En cualquier caso es un hecho que habrá sucesivas apelaciones.
Hay un capítulo en la imputación sobre el que merece la pena detenerse, porque fue eje de un agitado debate legislativo mucho antes de que los fiscales recibieran la denuncia en agosto de 2021 por espionaje y apropiación de fondos reservados.
En noviembre de 2020 la Legislatura votó una ley que regula los fondos reservados del Ejecutivo y el MPA a instancias de las sospechas que ya había sobre el manejo de los fondos reservados por parte de Sain.
Según la fiscalía “el 20 de cada mes” se retiraba del banco el dinero de la partida de gastos reservados para luego repartirse entre Sain y dos de sus colaboradores. La hipótesis es que se cobraban sobresueldos. El ex funcionario del Frente Progresista y actual asesor de la oposición en el Senado. Pablo Olivares, fue un paso más allá: La duda es “si 2 o 3 ex funcionarios de Seguridad se aprovecharon, por su cuenta y riesgo, de la excepcionalidad del procedimiento de los gastos reservados. O si ese modus contó con el consentimiento y diseño desde otras áreas de Gobierno”. Conocedor de leyes y uso de partidas, para él la clave estuvo en el artículo 37 de la Ley de Necesidad Pública votada en marzo de 2020. “Ese artículo modificó el mecanismo de rendición de cuentas de los gastos reservados a los fines de evitar mostrarle al Tribunal de Cuentas los comprobantes del gasto” y recordó que la letra de ese artículo “era innegociable para los funcionarios de primera línea del Ejecutivo”.
El gobierno deberá lidiar con la investigación penal y con Sain hasta el final del mandato, en un año electoral y bajo el asedio opositor, con posturas más “institucionales” como la del socialismo, que “exige saber cuál era el rol de Perotti en la asociación ilícita por la que fue imputado Sain”; o las más intransigentes y lacerantes que encarna el radicalismo pullarista. Además lo tiene que hacer en soledad. Sain y su gestión son un problema del perottismo, no del peronismo.
Indudablemente la imputación estará en el centro de la campaña electoral 2023 y el gobierno y su precandidato a suceder a Perotti –cuando lo definan– deberán darse una estrategia para reducir daños porque será agenda. Vale recordar que junto con otros dos ex funcionarios Sain también está imputado por los delitos de “negociaciones incompatibles con el cargo y tentativa de defraudación a la Administración Pública” y hay otra investigación en marcha sobre la compra de motos para la Policía.
El azar quiso que dos días después de la imputación a los exfuncionarios de Seguridad, el departamento Rosario alcanzara la cantidad de 264 homicidios dolosos, la cifra récord de 2013. Este domingo ya son 266 y al año le restan 27 días.
A esa tragedia social se suma la ausencia de empatía de parte del gobierno provincial con Rosario en esta materia, con funcionarios que eligen el silencio y no aparecen, quizás porque creen que así los platos rotos los pagarán otros. El ministro de Seguridad no aparece en público ni para la llegada de más gendarmes. En resumen el gobierno no le habla a la sociedad atravesada por semejante drama, no da muestras de acompañamiento, esperanza, ni explica sus planes.
Sain fue el inicio del tobogán.