Este domingo se informó la marcha atrás en el bozal legal impuesto sobre el nombre y el estado de salud de Jorge Lanata. La jueza Lucila Córdoba revirtió la restricción que había impuesto el último viernes y que prohibía a la prensa mencionar tanto al periodista como a su actual esposa, la abogada Elba Marcovecchio, quien había hecho la solicitud.
La magistrada, a cargo del Juzgado Civil N°8 de Buenos Aires, indicó en el falló que tomó la decisión luego de consultarle a Lanata qué opinaba sobre la difusión de información sobre su salud y su círculo familiar. Él respondió: "Uno siempre puede salir a responder".
“Resultan expresiones de voluntad del causante, coincidentes con las de sus familiares antes enunciados. Refirieron en idéntico sentido que sobre la salud del señor Lanata no tienen inconveniente que se hable y esa es la voluntad de él”, se lee en la revocatoria que lleva la firma de Córdoba, y que replican medios porteños.
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) se había manifestado sobre la restricción impuesta por la magistrada. "Es una medida que debería ser dejada sin efecto con mayor premura que la que precedió a su dictado, por ser incompatible en letra y espíritu con las normas constitucionales e internacionales que prohíben la censura previa", se lee en el comunicado de la entidad periodística.
En el texto se indica que el bozal desconocía "el artículo 14 de la Constitución Nacional y el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica son tan claros y rotundos en esta materia que no se explica la ligereza judicial que los ha violentado".
Incluso, la entidad destacó que "la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que cualquier medida preventiva que impida el ejercicio de la libertad de expresión, incluyendo las decisiones judiciales, constituye censura previa".