El gobierno español instó al presidente del Ejecutivo regional de Cataluña, Carles Puigdemont, a que reconduzca la situación política en esa comunidad autónoma, horas antes de que expire el plazo para responder si declaró o no la independencia, ya que en caso afirmativo, el Ejecutivo central tomaría medidas “para restaurar la ley”.
Puigdemont tiene hasta este lunes para responder al requerimiento del Ejecutivo de Mariano Rajoy y explicar si declaró o no la independencia en su intervención ante el Parlamento regional.
Puigdemont (PDeCAT, centroderecha independentista) participó este domingo en el homenaje a Lluís Companys, quien fuera también presidente de esa región de 1934 a 1940, proclamase la república catalana el 6 de octubre de 1934 y a continuación fuera detenido, y que, terminada la guerra civil (1936-1939) fuera fusilado en Montjuic, después de haber sido capturado en Francia donde se exilió.
El presidente regional reivindicó "la paz, el civismo, la serenidad y la firmeza democrática como inspiradores de las decisiones que tenemos que tomar", pero no aclaró el sentido de su respuesta.
Ante estas palabras, el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, le pidió "hechos reales" y no "palabras vacías que suenen bien" y le dijo que basar sus decisiones "en la paz, la firmeza y la democracia" solo puede entenderse "dentro" de la ley.
También el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, llamó al presidente del gobierno catalán a no dejarse "arrastrar" por una "minoría de radicales", que "están buscando la confrontación" y a que no "traicione" a Cataluña y a la sociedad catalana.
Fuentes del gobierno español consultadas por la agencia Efe afirmaron que esperan la respuesta de Puigdemont con el deseo de que "acierte" y no prolongue la incertidumbre en la que consideran que ha sumido a la sociedad catalana.
Aseguran que una contestación ambigua que no deje claro que no declaró la independencia, conllevará que el Ejecutivo active una segunda fase, en la que se fijaría el plazo hasta el próximo jueves 19 de octubre para exigirle al gobierno regional catalán restaurar la legalidad, en la que consideran "la última oportunidad".
En caso contrario aplicaría las medidas necesarias para obligarlo, tal como recoge en el artículo 155 de la Constitución española, que nunca se ha aplicado en los casi cuarenta años de vigencia de la Carta Magna.
Según las fuentes, esas medidas se están ultimando tras un "estudio pormenorizado" de todas las opciones que existen pero evitan enumerarlas.
Cada vez hay más voces de dirigentes de los diversos partidos en las que se apunta que la aplicación del citado articulo debería desembocar en la convocatoria de elecciones en Cataluña.