Luego de quedar detenido cuando intentaba esconder millones de dólares en efectivo –y otras monedas extranjeras– en un convento de General Rodríguez, el ex secretario de Obras Públicas José López fue trasladado este martes por la tarde a la Dirección Departamental de Investigación (DDI) de Moreno, en Buenos Aires, donde permanecerá acusado de presunto lavado de dinero y tenencia ilegal de armas.
López dejó la comisaría 1ª de General Rodríguez pasadas las 18, escoltado por el Grupo Halcón –división de operaciones especiales de la Policía bonaerense–, esposado y protegido con casco y chaleco antibalas.
El traslado fue dispuesto por la fiscal de la UFI de Luján, Alejandra Rodríguez, en la causa que se involucra al ex funcionario kirchnerista con las mencionadas acusaciones, luego de que fuera atrapado infraganti en un monasterio con 160 bolsos de dinero que, aparentemente, intentaba enterrar con una pala en el lugar.
López podría obtener la pena de cuatro a seis años de prisión sólo por la portación ilegal de armas, tal como lo hizo en el convento donde fue detenido en General Rodríguez luego de ser descubierto con millones de dólares –se llevaban contados 8,5– y una carabina semiautomática calibre 22.
Actualmente diputado kirchnerista en el Parlasur, el dirigente fue detenido por la mañana, inicialmente por la portación ilegal de armas -puesto que su licencia se encontraba vencida-, mientras realizaba movimientos sospechosos en un monasterio de esa localidad del conurbano bonaerense; aunque luego comenzó a ser investigado por presunto lavado de dinero, informa la agencia Télam.
Pero al momento de su detención, se encontraba con al menos un arma calibre 22: una carabina semiautomática marca Sig Saguer cuya estética se confunde con un arma de guerra -según explicaron desde el Registro Nacional de Armas (Renar)-; pero que es una de las habilitadas para la compra para uso civil.
López poseía la credencial acreditante que le permitía la tenencia de armas -es decir, estaba inscripto en el registro de personas civiles habilitadas para comprarlas-; sin embargo, la licencia de portación (trasladar y utilizarlas) se encontraba vencida; por lo que, al llevar consigo y cargada la carabina, infringió en delito que podría enviarlo a la cárcel entre uno y cuatro años, de acuerdo a la ley 25.886.
El organismo, que desalienta la portación de armas -y de hecho llevó a cabo el plan de desarme, actualmente suspendido, entre 2007 y 2015-, otorgó el año pasado alrededor de 150 licencias a civiles a nivel nacional, una escasa cifra en donde se incluyen mayormente a custodios; y también a quienes practican tiro deportivo.
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