Cada vez son más los que se oponen a la suba del gas para compensar a las empresas energéticas. Ahora, son los industriales lo que se salieron a exigir que se de marcha atrás con la medida al advertir que el aumento va a repercutir en la producción y en consecuencia en la economía familiar. Desde Litoral Gas señalaron que el pago extra y en cuotas a partir de enero aún no fue calculado pero será de entre 80 y 100 pesos.
“Desde la Federación Industrial de Santa Fe rechazamos la decisión de la Secretaría de Energía de la Nación de compensar de manera retroactiva a las empresas productoras de gas por la devaluación”, señalaron en un comunicado de prensa.
Para argumentar su posición hicieron hincapié en que la suba de tarifas e insumos en este último año derivaron en una “distorsión de los precios de referencia” y advirtieron que “en varios rubros industriales, se combinan una alta capacidad ociosa, caída de la demanda y problemas con la cadena de pagos”. En este sentido, consideraron que “encarecer los costos de una pyme y castigar a millones de familias, con esta suba adicional, para que entre todos los argentinos hagamos un aporte extraordinario de diez mil millones de pesos, para garantizar la rentabilidad de un puñado de empresas proveedoras de servicios, es un verdadero dislate”.
Fisfe dejó en claro su pedido de dar marcha atrás con la resolución. “Es sabido que la industria lleva varios meses de retroceso, como consecuencia de decisiones económicas que están privilegiando al sector financiero”, manifestaron como en otras ocasiones.
El pago extra al que se refieren los industriales aún no fue calculado. Sin emabaro, el gerente Relaciones Institucionales de Litoral Gas, José González, estimó que serán entre 80 y cien pesos. “El gas al estar en dólares y al haberse definido el precio para todo un semestre, la diferencia de cambio (por la devaluación) se acumula y se corrige al término del semestre”, dijo. Añadió que la “mecánica” para que las esas empresas no pierdan será cobrar desde el 1º de enero 24 cuotas que serían de entre 80 y 100 pesos en promedio cada cuota. “Pero no tenemos los valores, no están hecho los cálculos”, reconoció.
Hay que recordar que desde este mes rige una suba del 24 por ciento en promedio con picos de 38 para los sectores que menos consumen.
Freno
Desde organizaciones que defienden a usuarios y consumidores calificaron de ilegal esa medida y alertaron que ya hay amparos presentados en la Justicia (por ahora en Mendoza y La Plata) para frenar esa suba por inconstitucional.
“Cualquier empresa tiene un riesgo empresario, la misma distribuidora tiene que hacerse cargo y no los usuarios”, señaló Juan Alcaraz, abogado de la Multisectorial contra los tarifazos de Rosario.
Alertó que ellos no llaman “a una desobediencia civil pero la gente no quiera cumplir con una norma que la considera injusta: nosotros no lo impulsamos pero las tarifas son impagables”.
Valeria Schwartz, abogada de la ONG Usuarios y consumidores unidos, dijo que la resolución del viernes “viola un montón de principios y garantías del Código Civil” porque se rata de “cobrar un servicio que ya está cancelado: nos quieren cobrar algo que ya pagamos, no tenemos obligación sobre esas facturas”.
Añadió que como recién se empezarán a cobrar esas cuotas desde enero, los usuarios deberán estar atentos a los resultados de los amparos presentados.
Por su parte, el diputado Luis Contigiani presentó un proyecto para derogar la resolución. "Han dolarizado las tarifas y las mismas aumentarán todo lo que el mercado quiera", advirtió.