En el escrito el ministro dijo creer que los policías podrían haber reclutado a "menores y mayores de edad en asentamientos de emergencia" a cambio de protección y dinero para que cometan esos hechos violentos. La denuncia recayó en el fiscal de La Plata Marcelo Romero.
El ministro subrayó que el 16 de noviembre pasado había dispuesto relevamientos en la división Sustracción de Automotores y que 24 horas después fue asesinada Renata Toscano, una maestra de Wilde, durante un asalto cuando llegaba a su casa. También indicó que unos días después, en circunstancias parecidas, fueron asesinadas Sandra Almirón, en Derqui (Pilar), y Ana María Castro, en Lanús.
Stornelli señaló que "casi como pergeñado, todas las victimas fueron mujeres, con una exposición social importante –maestras o profesionales con múltiples contactos sociales– que automáticamente motorizaban multitudinarias marchas con claras infiltraciones que aún los propios protestantes eran quejosos de la presencia de miembros de políticas opositoras".
En la tesis del ministro, las medidas que él adoptó "cercenaron ciertos negocios espurios que podrían haberse estado llevando a cabo" alrededor del robo y hurto de autos y a ello le siguieron una serie de hechos que tenían "como claro objeto la intención encubierta de desestabilizar a la actual conducción del Ministerio de Seguridad o las políticas del gobernador".
Con esa hipótesis, Stornelli pidió a la Justicia que investigue si existe "una organización tendiente a desestabilizar la actual gestión, mediante la perpetración de hechos de similar tenor, que realzan la protesta social a partir de su consumación".
Tras recibir la denuncia, Romero reconoció que es gravísima y que, "de comprobarse, los hechos tendrían una gravedad institucional inusitada". El fiscal dijo que ya está trabajando "con la Side y el área de inteligencia de Gendarmería Nacional".