Aunque parezca mentira, algo tan simple y a la vez tan vital en ciudades como la nuestra, como el sistema de semáforos, puede venderse. Eso es lo que se hizo con la privatización del sistema, a cargo de la empresa Kapsch, que se había hecho cargo en la era de Binner. Debía controlarse, esto también es cierto, porque quien concede ese poder, ese contrato, es el municipio.
Durante años lo hizo la Secretaría de Servicios Públicos, a cargo de temas tan disímiles como basura, transporte, alumbrado, inhumaciones y más. Se hacía mediante la Dirección de Ingeniería de Tránsito, por años a cargo de Santiago Tazzioli. Luego se creó el Ente de la Movilidad para conceptualizar y planificar todo el movimiento: desde los colectivos a las bicicletas, pasando por los carriles exclusivos, los Movibus financiados por Nación en la zona norte. Movilidad controlaba el, perdón por la redundancia, el Centro de Control y Monitoreo.
Según lo explicó la responsable del área de la Movilidad, Mónica Alvarado, cuatro años atrás, el 29 de mayo de 2013 se inauguró ese llamado Centro de Monitoreo de la Movilidad (CMM). “Este centro tiene como objetivo integrar los distintos servicios de movilidad urbana centralizando la información en una plataforma de recepción y control de datos. Mediante la integración y concentración de la información, se logra tomar decisiones en forma global, atendiendo a la complejidad que la movilidad en todos sus modos supone”, explicaba a publicaciones especializadas como ITS Argentina, dedicado a este tipo de sistemas.
Para más datos, el Ente es el encargado, con otros organismos, de levantar las denuncias de los vecinos al 147, el call center que involucra un abanico muy amplio de reclamos. Es una central que avisa a las áreas correspondientes, incluyendo Control y Convivencia, Ambiente y Servicios Públicos o Ente de la Movilidad.
Si nos remontamos a hace un par de años atrás, recogeremos datos que juntos son más atractivos que sueltos. Primero, un flojo desempeño electoral del oficialismo. Segundo, una profunda reforma para atender el mensaje de disconformidad claro de las urnas. Por ese entonces, meses más o menos, se elevó a rango de Secretaría a lo que era la Dirección de Ambiente. La flamante Secretaría de Ambiente y Espacio Público, a cargo de Marina Borgatello, se estableció para “adoptar políticas que garanticen la disminución de impacto ambiental”, pero cuidado, también para el alumbrado público y su mantenimiento, entre otros servicios.
Más llamativamente aún, según el decreto 0584 de marzo de 2016, se decidió traspasar la jurisdicción de los semáforos (licitación y control del sistema) a esta Secretaría. Estaba en Movilidad, y el acto administrativo colocó el control del lado de Ambiente y Espacio Público. Así lo especifica en su artículo 3 el mencionado decreto. La jurisdicción y el personal pasó de un área (Movilidad) a otra (Ambiente). Desde entonces, la Dirección General de Señalización es un apéndice del organigrama de este área del gabinete. En la misma línea Ambiente tiene Cementerios y Defunciones, Alumbrado o Higiene Urbana. Todo en la Subsecretaría de Espacio Público. Las firmas de ese decreto son de la propia Borgatello, del secretario de Gobierno; Gustavo Leone, del secretario de Hacienda, Santiago Asegurado, y de la intendenta Mónica Fein.
Con la quita de concesión a Kapsch, lo que se intenta mostrar es una reacción tardía, pero una reacción al fin. Con ese movimiento, como un prestidigitador, lo que se pretende ahora es llevar la vista hacia allí.
Pero algo no cierra del todo. No solamente que desde hace tiempo Borgatello no haga declaraciones públicas aunque sí las diera cuando salió a explicar cómo funcionaba el semáforo para peatones que se distraen con el celular. Al margen, prometió diez, sólo hay uno colocado y ya pasó hace casi un año.
Partiendo de la base de que una empresa tiene entre sus objetivos generar utilidades, sorprende que para controlar los privatizados semáforos, se haya repartido entre dos, casi tres secretarías: el Centro de Monitoreo de la Movilidad, del Ente de la Movilidad (hasta diciembre, en manos de Mónica Alvarado y hoy en manos de Carlos Comi, de vacaciones en Mar Azul) y por otra parte, Ambiente y Espacio Público, en manos de la recientemente ausente de los medios Marina Borgatello. Apunte al margen: la Secretaría de Control y Convivencia Ciudadana, hoy en manos de Guillermo Turrín pero hasta diciembre a cargo de Gustavo Zignago (hoy Secretario General de la Municipalidad)
A la segunda repartición le corresponde informarse de la marcha de la concesión, anoticiarse de fallas, tomar medidas en consecuencia. A la primera, le tocan claves de control en las que figura el plan de los semáforos aún cuando fallan y entran en planes de emergencia, así como las cámaras de seguridad. Las cámaras a las que tiene acceso los 365 días del año son 470 sobre un total de 770. “Se trata de un sistema de control dinámico y en línea que funciona por control según tabla horaria y por selección dinámica de planes específicos: congestión del tránsito, eventos, sucesos, entre otros”, explicó Alvarado años atrás en el anuario de ITS Argentina. Borgatello no explicó mucho ni siquiera sobre los picnics nocturnos municipales de este verano. Puede que algún periodista le pregunte también por esto.
La tercera repartición es Control y Convivencia Ciudadana. Si hay un incidente, puede darle participación a la Guardia Urbana, la Dirección de Control Urbano o simplemente la Dirección de Tránsito. También está íntimamente relacionada con el Centro de Monitoreo.
Hechos
El 13 de noviembre de 2017 murió en un siniestro automovilístico Marcelo Seisas, un prometedor empresario gastronómico de 33 años recién cumplidos. Antes de que eso ocurriera y como consta en el acta judicial que intenta esclarecer las causas del siniestro, hubo tres llamadas al menos: en agosto, septiembre y ese mismo día luego del accidente, pasadas las 22. Todas revelaban que los semáforos, tanto el de calle Salta como el de avenida Ovidio Lagos, estaban en modo intermitente. Los más ajustados a la hora fatal, señalaban que uno estaba “tildado” en rojo/amarillo y el otro por momentos en rojo/amarillo y por momentos, en función.
En medio del procedimiento tras el siniestro fatal, la fiscal Valeria Piazza Iglesias, de Homicidios Culposos, frenó a los técnicos de Kapsch que se acercaron a reparar el semáforo.
El municipio, por medio de Claudio Baruzzo (funcionario técnico del área de semáforos), dijo que el desperfecto fue producto de una falla eléctrica, de la Empresa Provincial de la Energía. La EPE, por su parte, contestó dos oficios. Tras diversas pruebas y cotejos con el resto de los semáforos como de los comercios y viviendas de la zona, se llegó a la conclusión de que no hubo ese día ninguna falla técnica denunciada ni detectada. Ni siquiera corroborada por ningún testigo. Según el expediente 0102178753131, ni en media ni baja tensión hubo desperfectos. En el mismo sentido se expresó Gustavo Leone en diálogo con el periodista Ariel Bulsicco en Radio SÍ. Según Leone, la Municipalidad recolectó una serie de informes “que se pudieron recabar en las últimas 48 horas” que demostrarían que la falla técnica de los semáforos de la esquina fatídica se dio por una serie de “picos de tensión” que afectaron a una placa de los artefactos, que provocó que la luz amarilla de uno de ellos quedara trabada. Si la información era demasiado parcial, jamás aclaró que no hubo ninguna falla eléctrica.
La cámara colocada en la esquina no grabó la mecánica del siniestro. Pese a un allanamiento ordenado por el fiscal de Investigación y Juicio, Anibal Vescovo, hoy a cargo de la causa, no se pudo dar con imágenes esclarecedoras. Una semana después del siniestro, con el papá del joven fallecido, Marcelo Seisas, constatamos que habían colocado una segunda cámara en la ochava de Salta y Ovidio Lagos, en diagonal al domo que no registró lo que hubiera sido elemental como prueba.
El domingo 21 de agosto de 2016, el ex jugador de Colón de Santa Fe Lautaro Gómez Riaño eludió un control, pasó en rojo un semáforo y atropelló a un motociclista. Ojo, un examen reveló que tenía 1,45 miligramos de alcohol en sangre, lo que prácticamente triplica el máximo permitido, que es de 0,50 miligramos. Pero también hay que decir que según un oficio contestado por la Municipalidad, el 21-08 el semáforo no funcionaba por un problema técnico.
El 5 de junio de 2014 murió atropellada en esa misma esquina la docente Miriam Delorenzi, del Instituto Virgen Del Rosario, en esa misma esquina. Quedó aprisionada contra el quiosco de diarios de la esquina cuando un automóvil que circulaba por Salta y Ovidio Lagos se vio involucrado en un accidente con una moto y la embistió. En el acto, sufrió la amputación de sus dos piernas y a las pocas horas falleció.
Epílogo
Este martes, un video subido a varias cuentas de redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter despertó indignación y sacudió la modorra de enero. Inmediatamente, se decidió la quita de la concesión prácticamente en horas. Con tanta premura que el proceso de llamado demorará al menos dos meses. La retirada de Kapsch, otros cuatro.
Lo que pasó fue que se viralizó otra falla. Como había ocurrido y de esto dan cuenta decenas de twitts, el 05/01/16, el 11/03/16, el 20/06/16, el 21/07/16, el 07/07/16, el 16/10/16, el 29/10/16, el 11/01/16. Y sólo estamos hablando de esa esquina.
La pregunta es si alguien verdaderamente está pensando en cambiar conceptualmente la “planificación de la movilidad” allí. “Articulando los ejes”, como muchos repiten, para que esto no suceda nunca más. El deseo desde lo profundo del corazón es que así sea.
Al cierre de esta edición, se evaluaba reformar el control del sistema de semáforos y devolverlo a la presidencia que en conjunto, Alvarado y Comi encararán este año. Quedará sembrada la duda: ¿para qué cambiaron la jurisdicción? ¿Podrá Ambiente y Espacio Público coordinar las áreas de obras, servicios, mantenimiento urbano y control del espacio público?. Como primera respuesta, una duda en silencio. La estrategia que adoptaron los funcionarios que, pese a todo esto, no amagan a presentar ninguna renuncia.