Los fiscales Adriana Saccone y Santiago Marquevich, a cargo de la Fiscalía Federal N°3 de Rosario y la Unidad Fiscal Especializada (UFE) en Secuestros Extorsivos respectivamente, pidieron el procesamiento de los tres detenidos e indagados por el secuestro de un comerciante vinculado a la comunidad gitana, abordado en Crespo y Arijón a principios de septiembre y liberado unas cinco horas después.
Los funcionarios solicitaron al juez Marcelo Bailaque que avance con el proceso y dicte la prisión preventiva de Gustavo F., Joel N. e Ignacio O., todos mayores de edad, actualmente detenidos tras un operativo en la localidad de Pérez de la Policía de Investigaciones (PDI) y la División Antisecuestros de la Policía Federal Argentina, junto a Prefectura.
Los delitos adjudicados son los de secuestro extorsivo agravado por el número de intervinientes y por ser la víctima mayor de 70 años, y robo agravado por el uso de armas, además de encubrimiento por el uso de autos denunciados como robados.
El hecho empezó a las 16.15 del 3 de septiembre en la concesionaria de la víctima y terminó alrededor de las 21. La calificación legal elegida por los fiscales es de acuerdo a la reconstrucción: C. M. –la víctima– estuvo retenido unas cinco horas tras ser capturado en su comercio de Crespo y Arijón y liberado a la noche en la proximidades del límite entre Rosario y Pérez, tras negociar un pago de rescate. Si este se concretó se realizó sin monitoreo de autoridades, que ya estaban interviniendo.
Asimismo, la calificación de robo y encubrimiento es porque se quedaron con unos 16 mil pesos que tenía entre sus pertenencias y por el uso de los autos Wolkswagen Suran y Nissan Note, robados en Buenos Aires entre julio y agosto.
Los funcionarios llegaron a la conclusión de la participación de los tres imputados tras el análisis de las imágenes de cámaras del lugar, entrecruzamiento de llamadas y análisis de perfiles de redes sociales. También por elementos secuestrados en unos 18 allanamientos realizados en Cabín 9, Pérez.
Todo ello fue realizado por una brigada especializada de la PDI, junto a la Policía Federal. Entre ello, aportó información la Prefectura Naval, que investigaba en Pérez a una banda por comercialización de drogas.
La fiscal Saccone y los funcionarios de la Ufese aseguran al juez que todos los indicios obtenidos inicialmente por personal policial "se fueron corroborando mediante datos objetivos e incontrastables". Además que, como en la indagatoria se abstuvieron de declarar, "no existen manifetacines de los imputados que deban ser valoradas".