Los recolectores que el 9 de octubre de 2017 arrojaron 24 toneladas de basura sobre avenida Pellegrini e impidieron el normal funcionamiento del transporte, además de que uno de ellos agredió a un transeúnte con un botellazo, irán a juicio oral y público luego de que no prosperara la posibilidad de que realicen tareas comunitarias para una ONG y reúnan el costo de la limpieza de la zona.
El pedido de apertura del proceso fue solicitado por la fiscal Valeria Haurigot, del Ministerio Público de la Acusación, e involucra a un total de 22 personas que estaban vinculadas con el Sindicato de Camioneros.
Todos ellos fueron identificados por tareas de la Unidad de Investigación y Juicio de Fiscalía y la Policía de Investigaciones (PDI), quienes consideran acreditada su presencia en el lugar y la participación en el hecho.
Fuentes de la investigación explicaron que al tratarse una interna gremial entre los sindicatos de Recolectores y Camioneros en la que no hubo reclamo a las autoridades, la persecución penal no afecta el derecho a la protesta.
Pedido de apertura de juicio
Como la pena en expectativa por el delito no sería de cumplimiento efectivo, una posibilidad que surgió durante el proceso entre la Fiscalía y la Defensa –representada por Gonzalo Rucci– es que quienes no tengan antecedentes condenatorios y puedan acceder a una suspensión del juicio a prueba o a un criterio de oportunidad realicen tareas comunitarias.
De hecho, el Foro Regional Rosario se había mostrado interesado en contar con la capacidad de labor de más de 20 personas aptas para todo tipo de actividades. Asimismo, la Municipalidad de Rosario había resuelto aportar los 100 mil pesos que costó la limpieza.
Ese dinero debía ser reunido por los 22 involucrados pero no hubo finalmente punto de encuentro. Así, al no prosperar el acuerdo, la Fiscalía presentó la acusación.
En ella, Haurigot pidió seis meses de prisión de ejecución condicional para todos los involucrados, con excepción de Fausto M., quien por la agresión al transeúnte podría ser penado con un año.
En tanto, la situación de otros dos involucrados podría agravarse porque tienen antecedentes condenatorios por robo. A uno de ellos podría extenderse a un año de cumplimiento efectivo y a otro a tres años y medio, ya que implica la revocatoria de la condicionalidad de su pena anterior.
El origen
El hecho en cuestión sucedió el 9 de octubre de 2017 en medio de una interna gremial, cuando un numeroso grupo con camiones de Ambiental Planet y Clean City cortó la avenida y arrojó unas 24 toneladas de basura. Allí, una agresión a un transeúnte terminó con Fausto M. detenido días después, imputado también por amenazas.
Inclusive, todo el hecho tuvo consecuencias no sólo para el transporte urbano sino también para los vecinos, comercios de la zona y el municipio, que tuvo un gasto económico importante para dejar la zona condiciones.
Los implicados pertenecen al Sindicato de Camioneros y algunos tuvieron activa participación en la campaña de un sector político. El episodio sucedió a días de las elecciones generales.