Este lunes empieza el juicio por el travesticidio de Amancay Diana Sacayán, asesinada en octubre de 2015, en un departamento del barrio de Flores (CABA). Será la primera vez que se juzgue un crimen de odio por identidad de género, en esos términos.
El juicio estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 4 de CABA. Lo integran Adolfo Calvete, Ivana Bloch y Julio Cesar Báez. Por el Ministerio Público Fiscal estará Ariel Yapur, después de que la Comisión de Justicia por Diana Sacayán pidiera el apartamiento de Marcelo Saint Jean (hijo de Ibérico Saint Jean, ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, 1976-1981) por sus antecedentes como defensor de condenados por delitos de lesa humanidad.
La abogada de la familia de Diana Scayán, destacó la importancia de que la reconocida antropóloga y activista Amaranta Gómez Regalado haya sido aceptada como “testigo experto” en el juicio en el que por primera vez se aplicará la figura del “travesticidio” en la Capital Federal.
La letrada Luciana Sánchez dijo a Télam que la propuesta de la querella para que declare dicha referente por los derechos de los pueblos indígenas, afrodescendientes y de las personas trans fue aceptada por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional (TOC) 4 porteño, a cargo del debate.
Para la abogada, la declaración de Gómez Regalado será “muy importante” ya que “no es común” que se cite a un “testigo experto” en juicios por este tipo de delitos e indicó que a partir de hoy se fijará la fecha para que la antropóloga se presente en la sala de audiencias.
La abogada remarcó que Gómez Regalado “ha investigado las condiciones de muerte” de las personas trans en toda Latinoamérica y recordó que en 2016 se reunió con la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Elena Highton de Nolasco, a cargo de la Oficina de la Mujer (OM) del máximo tribunal.
En aquella oportunidad, esta experta muxe mexicana disertó sobre diversidad, el acceso a la justicia y, en especial, la traducción cultural.
“Muxe” es un término utilizado por la cultura indígena zapoteca de México para referirse a personas transgénero.
Según la abogada querellante, Gómez Regalado será una de los 30 testigos citados en el juicio a Gabriel David Marino (25), quien está detenido por los delitos de “homicidio triplemente agravado por haber sido ejecutado mediando violencia de género por odio a la identidad de género y con alevosía y robo”.
“Es la primera vez que se llega a juicio con la acusación de crimen por odio”, destacó la letrada, que sostuvo que el “travesticidio” de Diana fue “un ataque cruel” en el que la víctima “no tuvo oportunidad de defenderse de manera activa” ya que en la escena del crimen “se halló sólo la sangre de ella”.
En ese sentido, la abogada indicó que Marino está imputado de la materialidad del crimen en el que para los acusadores participó una segunda persona “aun no identificada” y que es objeto de una “investigación abierta” a cargo de la fiscal Cristina Caamaño.
“También hay otros dos sospechosos respecto de los cuales hay pruebas pendientes”, señaló.
Sobre el imputado Marino, la letrada precisó que un estudio reciente solicitado por el defensor oficial Lucas Tassara, y realizado por los peritos del Cuerpo Médico Forenses y de las partes, determinó que el joven se encuentra “apto” para enfrentar el juicio.
En el debate también será querellante el Inadi -para el que Diana trabajaba-, mientras que la fiscalía estará representada por Ariel Yapur.
Se trata del primer juicio por un “travesticidio” en la Capital Federal ya que hasta ahora sólo se realizaron dos, uno por el crimen de Natalia Sandoval (35) –en Mendoza– y otro por el de Vanesa Zabala (31) –en Santa Fe–, pero en esos casos no se aplicó el agravante de odio de género.
De acuerdo al requerimiento de elevación a juicio de Matías Di Lello y Mariela Labozzetta, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción 4 y de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) respectivamente; Diana (40) fue asesinada en el departamento situado en avenida Rivadavia al 6700 de Flores entre el 10 y 11 de octubre de 2015.
El cuerpo fue hallado dos días después atado de pies y manos, y la autopsia reveló que la víctima presentaba 27 lesiones en su cuerpo, 13 de ellas producidas por un arma blanca, presumiblemente con un cuchillo de una hoja de 20 centímetros secuestrado en la escena del crimen.
Para los fiscales que intervinieron en la etapa de instrucción, el contexto y el modo en el que se produjo el hecho permitieron suponer que el homicidio estuvo motivado “por su condición de mujer trans y por su calidad de miembro del equipo del Programa de Diversidad Sexual del Inadi, impulsora de la lucha por los derechos de las personas trans, líder de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays y Bisexuales (Ilga) y dirigente del Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (MAL)”.
Una activista con más de dos décadas de militancia social
La activista trans Diana Sacayán tenía 39 años y había coronado más de dos décadas de militancia social consiguiendo la sanción de la ley bonaerense de cupo laboral para ese colectivo, que se conoce por su nombre y es única por sus características a nivel mundial, cuando en 2015 fue asesinada por un joven que será juzgado desde este lunes.
Otros hitos en la biografía de esta tucumana, que sólo pudo superar en cuatro años la expectativa de vida promedio para el colectivo, fueron ser ternada como defensora del Pueblo en 2012 y electa secretaria mundial alterna trans de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA), en 2014, cargo que ejercía al momento de su asesinato.
Sacayán había tenido una participación también decisiva para la sanción de la Ley Nacional de Identidad de Género, en 2012, y fue una de las primeras en obtener su DNI rectificado de manos de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
“Su asesinato tiene un gran impacto sobre el colectivo travesti, porque si bien todas las muertes son significativas no es un dato menor que ella haya sido una defensora de nuestros derechos”, dijo a Télam su hermano, Say Sacayán.
“En los seis meses siguientes a la muerte de Diana perdimos cuatro compañeras que si bien murieron por enfermedad, se vieron afectadas en su salud y sus ganas de vivir por esta noticia, entre ellas la propia Lohana Berkins”, subrayó al pedir que el juicio por el travesticidio concluya con “una condena ejemplificadora”.
Diana Sacayán nació en Tucumán el 31 de diciembre de 1975 en el seno de un hogar de 15 hermanos marcado por la pobreza, que hizo que la familia se mudase a la localidad bonaerense de Gregorio de Laferrere cuando ella todavía era una niña.
Orgullosa descendiente del pueblo diaguita, asumió su identidad trans a los 17 años y desde su adolescencia supo de detenciones y persecuciones policiales por contravenir el Código de Faltas de la Provincia de Buenos Aires, que criminalizaba al travestismo.
En 2001 creó el Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (M.A.L), una organización dedicada a promover la inclusión educativa, laboral y sanitaria de las personas LGBTI.
En 2012 Sacayán se convirtió en la primera persona trans en postularse como Defensora del Pueblo -en este caso del Partido de La Matanza-, logrando integrar la terna final que fue sometida a la votación de la Legislatura, donde obtuvo un significativo número de votos.
También integró El Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género, que impulsó la sanción de esta norma única en el mundo porque no supone requisito médico, jurídico o administrativo alguno para el cambio de nombre en el DNI y la partida de nacimiento.
Además formó parte del Programa de Diversidad Sexual del Inadi y en 2014 fue elegida por dos años como secretaria alterna trans de ILGA.
Una de las banderas más importantes de su activismo fue el acceso al trabajo para las personas trans.
En ese camino su mayor logro fue que el proyecto de cupo laboral que ella misma redactó y presentó en tres oportunidades en la Legislatura bonaerense -que pasó a la historia como la Ley Diana Sacayán- fuera finalmente aprobado el 17 de septiembre de 2015, menos de un mes antes de su asesinato.
La norma estableció que al menos el uno por ciento de los puestos de trabajo del sector público deben estar ocupados por “personas travestis, transexuales y transgénero que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo”.