En diálogo con Clarín, el juez prefirió no adelantar su decisión, pero reconoció que existen indicios de la elaboración, en la Casa de Gobierno y en reuniones de Gabinete, de las listas de personas a ser asesinadas por la organización liderada por José López Rega.
Consultado sobre la posibilidad de que las futuras víctimas de la Triple A se elaboraban en reuniones de gabinete que contaban con su presencia, su declaración fue: “hay alguna declaración testimonial que estaría mencionando esa posibilidad”.
Oyarbide dijo además, que estudia una enorme cantidad de documentos, decretos y resoluciones, firmadas por la ex presidenta entre julio de 1974 y marzo de 1976 que revelarían que la viuda de Perón sabía del accionar de la banda terrorista y su dependencia de José López Rega, a quien conocía desde 1966.
Oyarbide también admitió que en la causa existen indicios de la elaboración, en la Casa de Gobierno y en reuniones de gabinete, de las listas de personas a ser asesinadas por la Triple A.
La voluminosa causa de la Triple A atravesó ya treinta y un años de vida social y política, también judicial, de la Argentina. "Lo que encontramos —dijo Oyarbide— es el accionar delictivo de un grupo considerable de personas, de distintas procedencias, con López Rega a la cabeza y con conexión directa con el Ministerio del Interior, por la participación de policías que hubo en ese grupo. También brindaron su aporte distintas personas de la SIDE y hasta delincuentes comunes, que también los hubo."
Hasta ahora están detenidos tres de los jefes de la Triple A: Rodolfo Eduardo Almirón, en Madrid; Juan Ramón Morales, en su casa porque tiene 88 años, y Miguel Angel Rovira, también en su casa porque cumplió 70 años ocho días antes de entregarse. Todos ex policías. "Todos ellos tuvieron destacada actuación en la Triple A y destacada proximidad con López Rega. Tenemos claramente definidos a los organizadores, los roles precisos; por ejemplo, quiénes compraban las armas. Dar nombres ahora es prematuro."
Oyarbide firmó un fallo que, por primera vez, califica como crímenes de lesa humanidad a los cometidos antes de la dictadura militar por personas vinculadas a un gobierno constitucional. "Se trató de homicidios agravados, privaciones ilegítimas de la libertad, desaparición forzada de personas cometidos por quienes pretendieron hacerlo con la impunidad que les daba pertenecer al Estado: eran funcionarios, usaban el dinero del Estado argentino para sus objetivos e incluso usaban las reparticiones del Estado para cobijarse."