El secretario general de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, Julio Piumato, se metio en la discusión generada tras la medida dictada por el fiscal general de la provincia Jorge Baclini sobre la incorporación de personal al área de investigaciones del Poder Judicial.
En diálogo con el programa La primera de la tarde (Radio 2), el dirigente nacional opinó que la situación en la justicia santafesina es similar “a lo que hacía la procuradora (Alejandra) Gils Carbó poniendo paracaidistas, cubriendo cargos y violando la carrera administrativa y judicial”.
Aunque este lunes se acordó entre las partes que los nombramientos quedarán suspendidos hasta que puedan revisarse todos los nombres, Piumato pidió “que se decrete la nulidad de la resolución y que se usen los mecanismos previstos de ingreso”.
“Lo que se está violando es la propia Constitución provincial. Lo que enoja no solo son los apellidos sino que como ahora hay una posibilidad de que el oficialismo pierda el poder en la provincia, nombra esta gente de confianza que podría ser la encargada de juzgar los eventuales ilicitos que podrían haber cometido los funcionarios que dejan sus cargos”, opinó Piumato en diálogo con el periodista Sergio Roulier.
Desde el gremio de Trabajadores Judiciales de Santa Fe habían expresado el alerta ante la resolución del fiscal general que refiere a incorporación de personal al área de investigaciones del Poder Judicial.
El sindicato denunció que una resolución del Ministerio Público de la Acusación “se distancia de las normas establecidas para incorporación de personal por concurso y se ingresa al escalafón mas bajo”.
La principal preocupación de los trabajadores es que las designaciones evaden el régimen de concursos que regula el ingreso al Poder Judicial, perjudicando así a los empleados ya escalafonados, que aguardan algunos desde hace años la posibilidad de un ascenso o un pase a planta permanente.
A su vez, el gobierno provincial explicó que el Organismo de Investigaciones es un órgano técnico policial que “realiza un conjunto de actividades policiales de investigación dentro del ámbito judicial, que requiere de sus integrantes una serie de capacidades específicas”.
“Las actividades que desarrollará el Organismo de Investigaciones, en parte, las viene realizando personal dependiente del Poder Ejecutivo, por lo que la ley recepta tres formas de ingreso diferentes, considerando la especialidad de la materia: concurso de funcionarios y empleados; creación de cargos; y traspaso de personal de algunos de los poderes del Estado”, explicó el gobierno provincial en un comunicado.
Marcha atrás
El propio fiscal Baclini se reunió este lunes a la mañana con las principales dirigente del gremio de empleados judiciales de la provincia, que había cuestionado fuertemente la medida que aún estaba pendiente de aprobación, tanto de la Corte Suprema como del Poder Ejecutivo.
Tras el encuentro, el titular del sindicato, Jorge Perlo, anunció que Baclini prometió retirar la resolución, cuestionada desde ese sector porque no respetaba el concurso de ingreso que corresponde a los ingresos en el Poder Judicial.
Luego del anuncio de Perlo, el ministro de Gobierno de la provincia, Pablo Farías, dijo que "no ha habido designación ni decreto que haya efectivizado traslado de personas al MPA. Lo que hay es una resolución que solicitaba una serie de personas del Ejecutivo".
A la vez, negó que en el listado de personas solicitadas figuren familiares de funcionarios del gobierno provincial, tildó esas versiones de "mal intencionadas" y aseguró que "el gobernador de ninguna manera va a firmar un decreto con una situación que no corresponda o falta de ética".