El gobierno provincial tiene, en el corto plazo, la doble misión de defender el consenso fiscal federal firmado en noviembre pasado para que la Legislatura lo ratifique y entre así en vigencia. Y, por otro lado, garantizar que más allá de lo que ocurra con esa discusión la Nación cumpla con pagar la deuda por coparticipación que fijó el fallo de la Corte Suprema en 2015, y que tiene hasta el 31 de marzo para definir monto y forma.
El ministro de Economía Gonzalo Saglione dio sus argumentos para avanzar en ambas direcciones. Le puso, incluso, cifras al perjuicio para las arcas santafesinas de no ratificar el pacto fiscal. “Si no adherimos, dejaríamos de percibir el fondo sojero, con la contradicción de ser la provincia que más aporta”, dijo en el programa La primera de la tarde (Radio 2).
“El 60 por ciento de las retenciones a la soja son aportados por la economía de Santa Fe. Unos 30 mil millones de pesos en los primeros 9 meses 2017 y en ese lapso la provincia recibió 1340 millones de pesos del fondo. En 2018, representaría 2400 millones de pesos (un promedio de 200 millones de pesos por mes)”, estimó Saglione.
El funcionario del Frente Progresista añadió que en lo que va de enero “la provincia ya no viene recibiendo esos fondos y eso impacta a municipios y comunas porque un 30% se coparticipa”.
El otro ítem que Santa Fe no percibirá hasta que adhiera al pacto fiscal es la compensación por los recursos del impuesto al cheque que Nación ya no gira a los distritos. “Estamos perdiendo en enero, entre 80 y 90 millones de pesos de coparticipación”, afirmó Saglione.
Por eso, el ministro dijo que el Ejecutivo llamará a sesiones extraordinarias en febrero para que los legisladores traten la adhesión al consenso. Recordó que 14 provincias ya lo hicieron en diciembre pasado.
Pago de la deuda
En paralelo, Saglione aseguró que la fecha del 31 de marzo sigue siendo el tope para que Nación y provincia acuerden el monto y la forma de pago de la deuda histórica con Santa Fe. La obligación de pago fue fijada por un fallo de la Corte Suprema en noviembre de 2015. La fecha tope fue ingresada como una cláusula del consenso fiscal firmado hace dos meses.
"El cumplimiento de la sentencia judicial no está condicionado a la aprobación de ningún otro acuerdo entre Nación y las provincias. Son dos cosas diferentes”, dijo el ministro de Economía santafesino.
Para el funcionario de la gestión de Miguel Lifschitz, “es incorrecto” unir ambas variables. “No hay una condicionalidad puesta en el fallo de la Corte Suprema. Lo que sí aparece en el pacto es una fecha cierta para el pago de la misma pero es totalmente independiente del consenso fiscal. No corresponde que un nivel de gobierno ponga una condición que la propia Corte no puso”, diferenció.
Sin embargo, confirmó que en los dos meses que transcurrieron desde la firma del pacto fiscal aún no hubo ninguna reunión para discutir cuál es el monto total de la deuda (depende del cálculo de los intereses) y la forma de pago.
“El consenso establece el 31 de marzo como fecha límite pero no podemos pensar que en una reunión se va definir. Mientras más demoremos, más complicado será”, diagnosticó.