La presunta connivencia de dos jefes de la ex Dirección de Drogas Peligrosas con narcotraficantes paraguayos, denunciada por el juez federal de Reconquista Virgilio Paloud, fue el fundamento de la remoción de esos oficiales, Rafael Reina y Rubén Martorell (ex jefes de Inteligencia y Operaciones respectivamente en la ciudad de Santa Fe). Paloud informó sobre irregularidades de estos policías al titular de la repartición, Gabriel Leegstra, que decidió su relevamiento. Idéntica medida tomó con Fernando Scabuzzo y Carlos López, dos altos jefes de Rosario, aunque en este caso el argumento oficial fue “desgaste”.
Sin embargo, desde los Tribunales federales de Rosario hace tiempo que la jueza Cosidoy denuncia lo mismo que Paloud, connivencia entre narcotraficantes y policías, acusaciones por la que mereció reiteradas descalificaciones del ministro de Gobierno, Roberto Rosúa.
Por eso, Cosidoy, en diálogo con Luis Novaresio por Radio 2, se permitió desconfiar de la verdadera “voluntad política” para combatir el narcotráfico. Es más, para ella, “no sólo no se hace nada, sino que además se trata de ocultar”.
La magistrada enumeró irregularidades varias. “Vemos investigaciones que quedan a mitad de camino, policías que sorprendentemente quedan afuera de determinados casos”, indicó. Y hasta mencionó que en una causa hay evidencia de la protección de un policía “al personaje que más droga mueve en Rosario”.
Cosidoy contó que el tribunal que integra pidió que se investigue a ese funcionario “y nadie hizo nada”.
En ese marco, dijo no entender los actuales movimientos en Drogas Peligrosas y “por qué recién ahora parecen darse cuenta de la corruptela”.
La jueza dijo que “únicamente con complicidad policial” puede sobrevivir el narcotráfico y que los policías “cobran por dejar hacer, se enriquecen con ello”. Y fue más allá: “Hay personal policial que vende su propia droga”, que surge, por ejemplo, de remanentes de los procedimientos.
En ese sentido, comentó que es normal que haya diferencias entre la cantidad de droga que figura en las actas de procedimiento y la que los propios detenidos por narcotráfico dicen que tenían.