La Justicia rosarina procesó y dictó la prisión preventiva para 23 personas que serían miembros de la banda narcocriminal de Los Monos. Entre ellos se encuentran dos líderes de esa organización como “Guille” Cantero y “Ema” Chamorro, que están actualmente detenidos en la cárcel de Piñero.
El juez federal Nº 4 de Rosario, Marcelo Bailaque, dispuso la medida por el delito de tráfico de estupefacientes, agravado por la participación de tres o más personas.
El procesamiento es el resultado del megaoperativo "Los Patrones" de la Policía Federal, que se llevó a cabo durante el último fin de semana de noviembre, informó en Radio 2 el periodista Hernán Funes.
El martes 1º de diciembre el entonces secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, detalló que el accionar consistió en medio centenar de allanamientos simultáneos en barrios del centro y sur de Rosario, y en las provincias de Corrientes y Chaco, con el secuestro de 11 kilos de cocaína, 700 de marihuana, nueve precursores químicos y un kilo de pasta base, además de armas y vehículos.
Procesamiento masivo y a prisión
El total de procesados es de 23, todos con prisión preventiva y vínculados –directa o indirectamente- a Los Monos. Entre ellos están Ariel Máximo Cantero (alias “Guille”) y Jorge Emanuel Chamorro (“Ema”), presuntos líderes de la banda y que –de acuerdo a la resolución del magistrado– continuaban manejando el negocio desde su lugar de detención, por lo que serán derivados a otra dependencia.
Para esa maniobra, se cree que impartían directivas que eran ejecutadas por sus respectivas parejas, Vanesa Barrios y Jésica Lloan, quienes se ubicaban así en las líneas superiores de la organización nacrocriminal, señala un parte de Fiscalía.
Entre los afectados por la reciente medida también se encuentra Diego Cuello, que fue absuelto por el caso de la “Narcochacra”, y quien se creía enemistado con el clan del barrio La Granada pero la pesquisa determinó que al menos compartían el mismo proveedor.
En tanto, tres mujeres lograron una morigeración de la sanción y están bajo prisión domiciliaria, aunque el fiscal federal Marcelo De Giovanni, que impulsó la investigación, ya apeló esa decisión.
A la hora de justificar el mantenimiento de la prisión preventiva, el juez “tuvo especialmente en cuenta la gravedad de los hechos imputados, al tiempo que indicó que se trata de delitos que reprimen conductas señaladas en la Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas”, se informó oficialmente.
Esta circunstancia “impone adoptar un criterio de mayor prudencia para posibilitar el acceso a la concesión de la excarcelación”, argumentó Bailaque, y agregó que las distintas pruebas recolectadas dan cuenta de la existencia de una “una organización de estructura ciertamente compleja” y con “proyección territorial”, con un alto poder de interferir la investigación en caso de concederse la excarcelación, al tiempo que la eventual condena prevista podría dar lugar a intentos de fuga.
Extensa investigación
La investigación empezó alrededor de un bunker de drogas que estaba ubicado en Laprida al 6600. Lejos de limitarse a los eslabones inferiores de la cadena de comercialización, la labor de la Fiscalía apuntó a desentrañar a los responsables de los distintos roles y jerarquías, desde los “soldaditos” a cargo de la seguridad en los distintos puntos de venta hasta los encargados de proveer los estupefacientes, incluyendo a quienes facilitaban el almacenamiento y la logística a la organización.
“Entre el extenso caudal probatorio se encuentra un importante volumen de intervenciones telefónica que da cuenta de las vinculaciones entre los distintos imputados, además de los respectivos seguimientos y los elementos secuestrados en el marco de los allanamientos”, detallaron desde Fiscalía.
Cabe mencionar que la resolución judicial no está firme y la investigación sigue, ya que todavía al menos 10 personas que son buscadas permanecen prófugas.
Los Monos ya tuvieron y tienen causas por asociación ilícita y homicidios, entre otras de la Justicia provincial. Ahora, también la Justicia federal avanza sobre el clan rosarino.