El fiscal general de Jujuy, Sergio Lello, y el fiscal de Estado de esa provincia, Mariano Miranda, afirmaron que el traslado de Milagro sala nuevamente al penal de alto Comedero se debe al incumplimiento de las condiciones impuestas para mantener la detención domiciliaria de la que gozaba.
"En principio, se trataría de incumplimiento al régimen, lo que motivó su traslado al servicio penitenciario", sostuvo Lello, en declaraciones a TN. Además, consideró "irrazonable, falaz y ajeno a la constancia de los expedientes" el argumento de los abogados de la líder de la Tupac Amaru, que denunciaron que "fue secuestrada".
Asi ingresó el CEOP a detener a Milagro Sala pic.twitter.com/nPLnX24h3B
— Prensa Tupac (@PrensaTupac) 14 de octubre de 2017
Por su parte Miranda, le dijo a FM Delta que "el incumplimiento estaría basado en que se negó a concurrir a los exámenes médicos impuestos por el propio juez (Pablo Pullen Llermanos) y que tuvo en cuenta también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para imponer la medida cautelar, donde sostienen que podía correr riesgo su integridad física", expresó.
Nación está "analizando" la situación judicial
El ministro de Justicia, Germán Garavano, afirmó este sábado que el gobierno nacional está "analizando" la situación judicial de la dirigente Milagro Sala, que hoy fue trasladada nuevamente al penal Alto Comedero desde donde cumplía prisión domiciliaria.
“Tomamos conocimiento de la situación y estoy con el secretario de Derechos Humanos (Claudio Avruj) que está analizando la situación. Veremos porqué ha tomado (esa decisión) la justicia de Jujuy”, dijo Garavano a radio Mitre mientras participaba de la jornada de timbreo de Cambiemos.
En ese marco, el funcionario dijo que el juez Pablo Pullen Llermanos, quien decidió el traslado, es un magistrado “independiente que toma una decisión dentro del marco de sus competencias” y agregó: “veremos cuál fue la razón que motivó esto y cómo evoluciona la situación”.
“El ministerio de Justicia ni el Estado nacional tiene injerencia en la decisión de un juez. A lo sumo se marcarían y harían las presentaciones a la CIDH y al propio Poder Judicial de la provincia si es que se advierte que hay una situación irregular”, consideró Garavano.