Los once detenidos en el marco de la llamada "megacausa" de fraude, lavado y asociación ilícita volvieron este martes a Tribunales donde desde las 9 se llevan adelante dos audiencias. Una imputativa para Pablo Abdala, el empresario que se entregó el viernes a la tarde; y luego otra en la que se revisarán las medidas de prisión. Se espera una jornada larga.
La lectura de los hechos que se le imputan a los acusados y la presentación de evidencia se realizó el viernes pasado durante la primera parte de una audiencia extensa, compleja y no del todo pública.
La mayoría de los detenidos fue imputado por estafa, lavado de activos, falsificación ideológica de instrumento público y asociación ilícita, aunque cada uno con distintos roles y en distintos casos.
La Fiscalía detalló siete hechos concretos con “maniobras delictivas atribuidas a las distintas personas” y con “defraudaciones en inmuebles”; y trabó embargo por un total de 240 millones de pesos, medida que se efectivizó el lunes.
Además, aclaró que la “visión sobre asociación ilícita” que tiene el Estado es de un grupo de “conformación delictiva con delincuentes por estratos”.
Es decir, once personas que “no tienen en principio una vinculación directa de todos con todos pero sí operan a los efectos de cometer delitos determinados para llegar a lavado, con todas las falsificaciones necesarias para llegar a eso”.
La imputación por asociación ilícita recayó sobre Juan Roberto Aymo, Jonatan Zarate, Ramona Isabel Rodriguez, Juan Bautista Aliau, Eduardo Martín Torres, Maximiliano De Gaetano, Leandro Perez, Marcelo Jaef, Pablo Adbala, Jorge Oneto y Luis María Kurtzemannn.
Se los acusa de haber tomado parte de una organización que mediante la distribución de roles estuvo destinada a generar el acceso de activos, a través del desarrollo reiterado de fraudes inmobiliarios, con el objetivo integrarlos nuevamente el mercado con la consecuencia posible que adquieran apariencia de licitud.
También se investiga si hubo recepción de activos provenientes de actividad narcocriminal con el fin de ponerlos en circulación para que adquieran apariencia de licitud.
La Fiscalía sostiene además que existió una “reproducción reiterada” de fraudes destinados a apropiarse ilícitamente de inmuebles.
Según detallaron los investigadores en el caso de las maniobras de fraudes inmobiliarios, la organización funcionaba identificando inmuebles que en apariencia tengan algún grado de desposesión de sus dueños.
La segunda fase de la maniobra consistía –según la investigación de los fiscales– en reunir documentación relativa al inmueble, a los fines de que sirva de base para pasar a la tercer fase en la cual, efectúan las falsificaciones ideológicas de los documentos que les permitan justificar algún derecho sobre el bien y poder disponer del mismo.
En la investigación se establece que la cuarta fase se basaba en vender el inmueble a otra persona de la organización, con documentación falsa y finalmente, en la quinta fase, el adquirente en connivencia efectuaba una nueva disposición del inmueble a un tercero también en connivencia, quien simulaba ser el tercer comprador de buena fe.
Pelea y traslado
Este lunes se conoció que el fin de semana hubo una gresca entre los detenidos y tres de ellos fueron trasladados desde la subcomisaría 24ª, donde habían quedado alojado el viernes, a la sub 27ª.
El vocero de Fiscalía detalló que los trasladados fueron Aymo, Zarate y Torres; y expresó que el fiscal del caso estuvo en conocimiento de la pelea que estaría vinculada a problemas de convivencia y no a los temas de la causa.