El gerente Relaciones Institucionales de Litoral Gas, José González, aseguró este martes que el aumento en las tarifas que rige desde el 1º de octubre es de 24 por ciento en promedio con picos de 38 para los sectores que menos consumen. Señaló que el pago extra y en cuotas a partir de enero aún no fue calculado pero será de entre 80 y 100 pesos.
“A partir del 1º octubre hay una actualización en el valor del gas. Para un cliente residencial promedio (consumo de entre 850 y 1000 metros cúbicos al año) el aumento va a ser de un 24 por ciento”, dijo González a El Tres.
Ese incremento incluya una suba de 10% en el precio del gas, 3% en transporte, 4% en el margen de la distribución de Litoral Gas y 7% de impuestos.
Por otro lado, el vocero de la firma local reconoció que el impacto del alza será “un poco más importante para los consumos más bajos porque tenían más subsidios: podrá llegar a 35% ó 38% y traducido en pesos serán 130 ó 140 mensuales de aumento”.
Los consumos más altos, con menos subsidios en sus tarifas, rondará el 17 ó 18%. González reconoció que buena parte de la suba se explica en el precio dolarizado del gas.
Sobre el pago extra o de compensación por devaluación a las empresas que anunció el gobierno el viernes pasado y desató una polémica nacional, el representante de Litoral Gas aseguró que esa resolución se basa en la ley que fija un sistema de valores que se pasa de dólares a pesos.
“El gas al estar en dólares y al haberse definido el precio para todo un semestre, la diferencia de cambio (por la devaluación) se acumula y se corrige al término del semestre”, dijo. Añadió que la “mecánica” para que las esas empresas no pierdan será cobrar desde el 1º de enero 24 cuotas que serían de entre 80 y 100 pesos en promedio cada cuota. “Pero no tenemos los valores, no están hecho los cálculos”, reconoció.
Desde organizaciones que defienden a usuarios y consumidores calificaron de ilegal esa medida. Dijeron que el aumento de octubre deberá pagarse pero alertaron que hay amparos presentados en la Justicia (por ahora en Mendoza y La Plata) para frenar esa suba por inconstitucional.
“Cualquier empresa tiene un riesgo empresario, la misma distribuidora tiene que hacerse cargo y no los usuarios”, señaló Juan Alcaraz, abogado de la Multisectorial contra los tarifazos de Rosario.
Alertó que ellos no llaman “a una desobediencia civil pero la gente no quiera cumplir con una norma que la considera injusta: nosotros no lo impulsamos pero las tarifas son impagables”.
Valeria Schwartz, abogada de la ONG Usuarios y consumidores unidos, dijo que la resolución del viernes “viola un montón de principios y garantías del Código Civil” porque se rata de “cobrar un servicio que ya está cancelado: nos quieren cobrar algo que ya pagamos, no tenemos obligación sobre esas facturas”.
Añadió que como recién se empezarán a cobrar esas cuotas desde enero, los usuarios deberán estar atentos a los resultados de los amparos presentados.