El gobernador Miguel Lifschitz criticó al gobierno nacional después que trascendiera que solicitarán a las administraciones provinciales que se hagan cargo de parte del esfuerzo para mantener la tarifa social y resignen impuestos sobre el consumo de energía. "Últimamente siempre pasa lo mismo. Cuando se arma lío la culpa la tienen las provincias", indicó.
En contacto con el periodista de Radio 2 Ariel Borderi al salir de la Bolsa de Comercio de Rosario, el titular del Ejecutivo santafesino expresó: "La política tarifaria la fija el gobierno nacional. En el caso de la energía fija el precio mayorista, que es el componente fundamental del costo; nosotros después a través de la empresa provincial lo trasladamos a los usuarios. En el gas, más todavía porque es jurisdicción de Nación, no tenemos nada que ver".
"Me parece que quien tiene que revisar la política tarifaria es el gobierno nacional. A partir de ahí podemos sentarnos a conversar estrategias en común. Pero siempre hacen oídos sordos a las provincias. Queremos ser partícipes", concluyó.
Lisfchitz manifestó que la medida "es un parche que no resuelve el problema" y enfatizó que está "preocupado" por el anuncio de una nueva suba en la tarifa de la energía para el próximo semestre.
"Últimamente pasa lo mismo. Cuando se arma lío la culpa la tienen la provincias", subrayó el mandatario santafesino.
El pedido del gobierno nacional
Según publicaron varios medios nacionales, el gobierno pedirá este lunes a las provincias reunidas en el Consejo Federal de Energía que tendrán que hacerse cargo de parte del esfuerzo para mantener la tarifa social y resignar impuestos que cobran sobre el consumo de energía.
El sitio web Ámbito Financiero señaló que el ministro de Energía, Juan José Aranguren, solicitará a las provincias que colaboren con el financiamiento de una demora en la reducción de subsidios a la energía, por ejemplo, con la baja de la carga impositiva de los tres niveles de gobierno que llevan las boletas de luz y gas. Agregaron que el Ejecutivo nacional espera que asuman al menos la mitad del costo.
No obstante, se presume que a cambio habrá incentivos a las administraciones provinciales. Tendrán ayuda financiera aquellas que el gobierno entienda que cumple con la reducción de tributos que se acordó en el consenso fiscal.