Las cámaras de Diputados y Senadores provinciales le dieron fuerza de ley a un proyecto que extiende sus controles sobre la totalidad de los miembros del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y el Servicio Público de la Defensa Penal. Hasta el momento, sólo podían disponer los destinos de las cabezas de ambos organismos pero desde ayer, lo podrán hacer sobre todos los fiscales y defensores provinciales.
Este jueves tuvo lugar la última sesión de prórroga del período ordinario de sesiones. En este marco, los legisladores dieron luz verde a una ley que impone un sistema de controles directos sobre los fiscales y los defensores. Se trata de modificaciones de fondo sobre las dos leyes que crearon los institutos del Ministerio Público de la Acusación (Ley 13.014) y sobre el Servicio Público de la Defensa Penal (Ley 13.013).
De esta manera, a través de 5 artículos se cambió el procedimiento de remoción de los integrantes de la Acusación y la Defensa, tanto de titulares como de adjuntos, quienes podrán ser removidos de la misma manera que el Fiscal General y el Defensor General. Así, los diputados y senadores de la provincia tendrán la potestad exclusiva de investigar, acusar y remover a todos los fiscales y defensores, sin intervención de la Auditoría General de Gestión.
En consecuencia, ambos organismos, el MPA y el Servicio Provincial de Defensa Penal, no tendrán potestad alguna en cuanto al mecanismo de remoción.
En tanto, la iniciativa establece que la eliminación de “la potestad al Fiscal General de crear Agencias Fiscales Especiales”, y, por ende, “los Fiscales Regionales podrán crear agencias o unidades fiscales especiales que actuarán en parte o en todo el territorio de su competencia”.