El proyecto de ley de Libertad Religiosa enviado por el Poder Ejecutivo nacional al Congreso para su tratamiento sigue cosechando críticas. Esta semana, a las voces opositoras se sumó la campaña fotográfica #Libertopresiones promovida por la ONG Ampliando Derechos y dirigida por Liza Pasqualis.

Desde ese colectivo afirman que la iniciativa del oficialismo apunta a “oprimir por motivos religiosos”. El texto que tratará el Congreso incorpora derechos para todos las religiones y suma el concepto de “objeción de conciencia”.

“Libertopresiones es una campaña pensada por Ampliando Derechos con la que quisimos visibilizar a través de la fotografía lo que en realidad implica el proyecto de Ley de Libertad Religiosa que Macri envió al congreso de la Nación, es decir, una opresión por motivos religiosos en la práctica”, explicó, en diálogo con Rosario3.com, la dirigente Nora Giacometto.

“Este proyecto –subrayó– da por el suelo con cualquier derecho y garantía jurídica porque institucionaliza la «objeción de conciencia» de parte de cualquier funcionario o cualquier efector de salud pública. Por ejemplo, si una pareja de gays o lesbianas desea contraer matrimonio, un juez o jueza de paz o un registro civil puede negarse a casarlos, por principios religiosos”.

La referente de la organización señaló que “lo mismo sucedería con la Educación Sexual Integral, la práctica quirúrgica de ligadura de trompas y los abortos contemplados en los Protocolos de interrupción legal del embarazo. Además, se trata de una iniciativa que pone en riesgo la ley de identidad de género, por lo cual consideramos que es un retroceso de siglos”.

“Recurrimos a lo que tenemos siempre: nuestros cuerpos y nuestro espíritu de militancia para manifestarnos en contra de lo que creemos que es la muerte del Estado laico”, enfatizó Giacometto.

El pasado 28 de junio, la organización Amnistía Internacional le mandó una carta al presidente Mauricio Macri en el que advierte los alcances de la aplicación del proyecto sobre Libertad Religiosa, que fue enviado al Congreso. Consideran que la iniciativa constituye un "retroceso sustantivo".