El resurgir de la plazoleta entre los núcleos 14 y 16, en el corazón de uno de los Fonavi de Grandoli y Gutiérrez, es el costado más silencioso y menos espectacular del desembarco del Estado en esa parte de la zona sur atravesada por la violencia urbana. Las disputas por el territorio se traducen en tiros y la ciudad se cuenta a sí misma esa realidad como una trama incesante de asesinados y asesinos. Pero en el lugar, en sus rincones, surge una evidencia física de ese mundo que denuncia el retiro del Estado por años, por décadas: los ladrillos. Y ahora también: los escombros.
Los 24 allanamientos para liberar departamentos usurpados el martes 26 de junio iniciaron un proceso que casi un mes más tarde sigue vivo. Es un entramado de organismos municipales y provinciales que llegaron después de la irrupción de los policías con las órdenes de los fiscales.
En los primeros días del operativo integralse liberaron las casas tomadas, se destruyeron aguantaderos y se detuvo a sospechosos. Después se inició la apertura del espacio público que había sido tomado y el recorrido casa por casa de los asistentes sociales y judiciales.
De a poco las plazoletas vuelven a serlo, los pasillos se ensanchan y las calles asoman. Quedan marcas en el piso de lo que fueron las paredes de un búnker o escondite, ya derrumbado. Al lado, otra delimitación de lo que no está: una cochera construida de forma ilegal. Más atrás una tercera estructura sigue en pie. Ahí vive una mujer con su hijo y mientras Desarrollo Social le busca una nueva casa, se quedan.
Las tres situaciones despliegan irregularidades que a simple vista se asemejan pero que contienen profundas diferencias. El aguantadero es parte de una cultura que se busca desterrar, el de las bandas de narcomenudeo que se apropiaron del interior del barrio y lo utilizan como escudo. Un frente baleado, lindero a ese edificio, lo expone.
El segundo caso, el de las cocheras, se parece más a la anomia. Uno de los trabajadores que llegaron al lugar con el desembarco oficial lo resume así: "Vino un capanga que ni siquiera vive acá pero construyó una cochera y la empezó a alquilar a otro. Como nadie le dijo nada hizo otra y después otra". El mal ejemplo es contagioso. El Fonavi está atravesado por construcciones ganadas al espacio público: habitaciones, comercios, rejas que extienden un patio interior, alambrados cruzados. Sin planearlo, los monoblocks quedaron atrapados y la regla del más fuerte se impuso para hacer negocios.
El alquiler de una cochera ilegal por 500 pesos o la usurpación de un departamento para rentarlo o usarlo como punto de venta de drogas (algo así como un búnker móvil) son, después de todo, variantes del capitalismo sin reglas.
Los ojos, las voces
Dos mujeres policías custodian el ingreso del núcleo 13, escenario del allanamiento más difundido. En ese edificio –que aún ostenta cocheras irregulares que serán demolidas– detuvieron a "Cumpi", un chico de 14 años señalado como "el tira tiros" de los Funes y Ungaro, banda enemiga de los Caminos. Esa guerra de clanes de tres generaciones volvió a disparar los homicidios en Rosario. Superaron los 100 en el primer semestre y marcaron un alza después de cuatro años de retrocesos. Ahí también desapareció un arma que habrían robado cuatro agentes de la PDI (detenidos e imputados por ese delito). En la pared de ladrillos y cemento lindero a ese lugar vigilado aún perdura un mensaje: "Muerte a la Policía".
Una anciana de pelo blanco finge que limpia la ventana de su departamento del núcleo 18 que da hacia la zona de la demolición. Mira curiosa, saluda si alguno de los visitantes la detecta. Debajo de su ventana quedaron los restos de un gran fogón. Las ramas semicarbonizadas están detrás de lo que eran nueve cocheras y locales clandestinos que ahora tiran abajo unos diez operarios, con mazazos y una pala mecánica que junta los escombros y los vuelca en un camión.
La calle Lola Mora, antes eclipsada, ahora emerge en el fondo. También la canchita de fútbol. El contraste entre el presente y el pasado reciente es notorio.
Como la señora que apenas se deja ver detrás de la ventana, otros ojos siguen de cerca el movimiento inédito de policías, funcionarios, arquitectos, trabajadores sociales o pasantes de Fiscalía; y hasta un puesto móvil del Imusa que atrae a decenas de mascotas.
Primero hubo desconfianza, después los vecinos se acercaron para dar un dato: denunciar un aguantadero o señalar a un pesado del barrio. Cabeceaban desde lejos o susurraban algo a la pasada. El silencio eterno empezó a quebrarse cuando pasaron los días y el operativo seguía presente.
Los propios vecinos que construyeron o alquilan predios ilegales aceptan el precio de abrir el barrio. Una comerciante se acercó a las autoridades municipales con un pedido particular. Les contó que había comprado un local trucho con su único dinero fruto de una indemnización. Ahora, les dijo, ella renunciaba a ese lugar pero quería saber cuándo lo iban a demoler para sacar sus mercaderías y electrodomésticos y así llevarlo a otro lugar. Irse, sin más. A veces perder puede ser justo.
La historia que hace dudar
Con el cambio, nacen también sospechas y temores. Dos hombres de unos 60 años están sentados en el extremo de donde demuelen las nueve cocheras, sobre Lola Mora, nucleo 19. Hace 30 años que llegaron al barrio. Se acostumbraron a los tiros. Hace 15, cerraron el ingreso de su torre con rejas. Esa reacción defensiva de los vecinos será mantenida y el Estado la tomará como parámetro de lo que sí pueden hacer los consorcios de cada espacio. Rejas sí, ladrillos no.
El espacio público debe quedar abierto o al menos visible. También inaugurarán un Centro Territorial de Denuncia (CTD) por el ingreso de calle Sánchez de Thompson.
Los dos vecinos valoran a medias lo que ocurre frente a ellos. Dicen que está bien pero inclinan un poco la cabeza hacia el costado con una mueca leve. Por un lado porque las cocheras clandestinas eran también un dique de contención. "Ahora van a pasar con las motos y a los tiros por acá adelante. Vienen del campito (de Lola Mora) y se meten. Hasta ahora por lo menos estaba esta barrera", lamentan.
Su desconfianza no es infundada. La presencia del Estado en las últimas semanas es notable pero la experiencia es otra. Vieron como un departamento que se desocupó fue usurpado con complicidad policial. También relatan otra anécdota: "Hace 15 años acá adentro teníamos un destacamento. Había un solo policía pero había algo. ¿Sabés qué pasó con el destacamento?: lo usurparon".
La contracara de ese Estado confuso y esquivo es una autoridad que está presente en todo momento, que impone sus reglas a sangre y fuego. Esa zona de Lola Mora que se libera de construcciones ilegales es también (¿era?) "la cuadra de los Damario". Milton es el más conocido porque fue sindicado como el asesino de Claudio "Pájaro" Cantero en 2013, líder de Los Monos, aunque absuelto en el juicio de 2017 junto a Luis "Pollo" Bassi. A su padre lo ejecutaron en 2014 a dos cuadras de este punto. Los narcos a veces pagan con su vida pero muchas otras eso no alcanza y las venganzas recaen sobre sus familiares.
Durante un intento de saqueo al supermercado que está del otro lado del campito los pibes avanzaban y retrocedían mientras los policías iban y venían sin terminar de resolver la tensión. Así anduvieron como un oleaje durante un buen rato hasta que aparecieron los Damario y pegaron el grito. "Basta, se terminó", dijeron los capos y todos se fueron a sus casas.
La ausencia del Estado medida en escombros
En una mañana intensa de trabajo, los operarios desmontan las nueve cocheras. Algunos vecinos recuperan las chapas o ladrillos. El resto de los materiales sale de escena. Un dato demuestra el peso de la reconfiguración urbana que recién comienza. Sólo esa intervención puntual ocupó doce camiones cargados con escombros.
El desembarco oficial que empezó hace un mes se ejecuta sobre una zona que abarca más de mil departamentos. Unas cinco mil personas, una pequeña ciudad. Pero apenas implica un tercio del total de la superficie de los Fonavi del barrio.
El primer paso se dio desde Sánchez de Thompson y Grandoli hacia Lola Mora e Hipócrates. Aún resta avanzar hacia la zona de Alice y Lamadrid, territorio de la familia Caminos, y más atrás, sobre Parque del Mercado.
Mientras de este lado se trabaja, en el otro extremo, le pegan doce balazos a la puerta de una casa de familia en Lamadrid al 300 bis, el martes pasado a la noche. De un lado, unas cien personas entre policías, funcionarios municipales, provinciales, judiciales y operarios saturan el barrio. Del otro, una madre llora de miedo por la vida de sus dos hijos: una de las doce balas pudo haber sido para ellos pero desde la comisaría 11° ubicada a 150 metros le dicen que no pueden hacer nada, que eso es normal. Así de tangible es la diferencia entre un Estado presente y otro ausente (o peor, cómplice).
El desafío entonces es doble: extender la experiencia iniciada hacia otras zonas de la ciudad sin abandonar la presencia lograda en este primer punto.