El gobierno provincial evitó confrontar con el fallo judicial que, a partir del reclamo de un particular cansado de los robos, insta al Estado santafesino a tomar las medidas correspondientes para grantizar la seguridad. A pesar de que el propio gobierno había apelado la resolución en primera instancia que ratificó la Cámara, el subsecretario de Seguridad, Gustavo Peters, sostuvo que el gobierno está compliendo lo que la resolución judicial dice: poner más policías en la vía pública para intensificar los patrullajes. Por su parte, el ministro de Gobierno Roberto Rosúa aseguró que antes de energo va a haber 800 nuevos policías en las calles.
"El fallo no habla de qué cantidad, qué tipo de patrullajes hay que realizar ni en qué lugar. Y aumentar el número de policías en la calle y realizar más patrullajes es lo que se está haciendo: para eso se incorporaron efectivos –se cubrieron 1.100 vacantes– y móviles", enfatizó Peters.
El funcionario elogió además que el fallo deja en claro que el problema de la seguridad "no es sólo policial" y consultado sobre si la provincia lo apelará nuevamente, dijo que aún no se tomó una decisión al respecto.
La demanda que dio origen al fallo, por la ley 10 mil de intereses diusos, fue presentada por el ciudadano Hugo Peralta, que vive en el microcentro rosarino, luego de que robaran su edificio, su casa, el quiosco de la cuadra, su barrio.
Cansado de esta situación, el ciudadano Hugo Peralta accionó judicialmente contra el estado provincial, amparado en la ley 10 mil de Intereses Difusos, para pedir más seguridad para la ciudad de Rosario. Denunció que tanto el edificio donde habita como el barrio en conjunto (vive en el microcentro rosarino, a cinco cuadras apenas de la sede local del gobierno de la provincia) soportan a diario numerosos episodios de violencia y robo que podrían ser prevenidos si existiera en la ciudad una mayor vigilancia policial.
La Justicia de Primera Instancia, a través del juzgado Civil y Comercial Nº 1 había respondido favorablemente a los reclamos de Peralta, pero luego el Estado provincial apeló. Este jueves se conoció la resolución de la Sala 3ª de la Cámara de Apelaciones de los Tribunales de Rosario, según la cual Néstor Sagüés, María del Carmen Álvarez y Mario Chaumet entienden que Peralta tiene derecho al reclamo efectuado a la provincia e insta al Estado provincial a accionar en consecuencia.
La Resolución Nº 486 confirma el fallo de primera Instancia: dispone un plazo de 90 días para que la provincia emita un informe en el que determine las acciones a seguir para garantizar la seguridad en Rosario y ordena al Estado provincial que incremente la presencia y el patrullaje policial en la vía pública, de acuerdo a la razonable discrecionalidad del Poder Ejecutivo de la provincia de Santa Fe.