La más dramática de las violencias contra los ciudadanos es la que surge desde el propio Estado, el encargado de cuidar la seguridad y bienestar. Sin embargo, ese fenómeno está en ascenso. La Unidad Fiscal de Violencia y Corrupción Institucional, de la Fiscalía Regional Rosario, recibió este año un promedio de 5,17 denuncias por día contra policías por diversos ilícitos cuando en 2015, año en que se activó esa oficina, eran 3,10.
Los datos marcan un incremento año a año. Las causas asignadas a esa Fiscalía son 5.525. Se dividen de esta manera: 245 se iniciaron en 2014, 1.135 en 2015, 1.535 en 2016 y 1.555 en 2017. Y, hasta el 23 de julio de 2018, ya eran 1.055. La proyección de este ejercicio, cuando restan computar cinco meses y medio, es superior a los anteriores.
El diputado provincial Carlos Del Frade aseguró a Rosario3.com que el aumento de causas que involucran a policías se explica en dos razones: “Por un lado se conocen más casos porque hay más necesidad de denunciar lo ocurrido y existe una oficina que las atiende y, por otro lado, porque son hechos más cotidianos de lo que uno cree”.
El promedio desde la creación de la Fiscalía especial que concentra las demandas fue de 3,10 en 2015, subió a 4,20 en 2016, se mantuvo en 4,26 durante 2017 y volvió a crecer este año: 5,17 por día (parcial hasta julio).
El legislador solicitó esas estadísticas al Ministerio Público de la Acusación (MPA) para analizar lo que considera un aumento de la violencia en las calles, tanto en los homicidios (166 en Rosario hasta el 27 de noviembre) como en ilícitos vinculados a la fuerza policial.
“Este año vamos a tener un mayor número de asesinatos en el departamento Rosario y también va a pasar en Santa Fe, y en toda la provincia. Tiene que ver con una mayor violencia y también con una mayor violencia institucional”, dijo Del Frade y apuntó al rol de la fuerza en acciones clandestinas.
Según los datos oficiales, el 38,39 por ciento de los hechos denunciados en toda la regional es por incumplimiento de deberes de funcionario público. El 26,70 por ciento se clasifican en apremios ilegales. Un 7,35 es por amenazas, 5,85 por lesiones y 3,26 por allanamientos ilegales.
Menos fondos contra la corrupción de agentes
En el presupuesto provincial, una de las partidas está destinada a la “Prevención de actividades ilegales del personal policial”. En 2018, el gobierno destinó 7.234.000 pesos, lo que representó el 0,037 por ciento del presupuesto total, según el estudio que realizó Del Frade.
Ese porcentaje exiguo se reduce de cara a 2019. El dinero dispuesto para combatir la corrupción policial sumará 9.619.000 pesos, que es el 0,034 por ciento del gasto total. “Al mismo tiempo que es una cifra anoréxica, esa ínfima inversión parece tener un resultado concreto en las prácticas habituales de los integrantes policiales”, evaluó el diputado.
Apremio ilegal: la evidencia de una fuerza no democrática
Del Frade puso el foco en los 180 hechos calificados como apremios ilegales presentados en lo que va del año en la Regional Rosario. “Esto tiene que ver con algo que denunciamos hace 20 años: ¿cómo puede ser que las nuevas generaciones de policías que se construyeron en democracia sepan usar una picana, sepan generar un submarino (método de tortura) como en la época de la dictadura, que tenemos muchas de esas denuncias?”, sugirió.
“Hay una práctica histórica que se va reciclando de generación en generación, y eso nos pone en evidencia sobre nichos corruptos que generan este tipo de mecánicas en sectores policiales”, añadió el diputado del Frente Social y Popular.
Ese accionar clandestino se sostiene con el paso de los años (y las décadas) y es la muestra de que la democracia no terminó de llegar a todos los rincones de la Policía. “No están democratizadas las fuerzas de las provincias y son los principales motores de los delitos ilegales. Eso pasa en las cinco provincias más importantes del país: Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Tucumán y Mendoza”, afirmó.
Una muestra más de esos lazos subterráneos surgió el jueves que pasó, cuando la Policía allanó una casa en busca de un narco por un asesinato mafioso y encontró en ese lugar a un alto jefe policial.
Mano dura, armas y drogas
“El discurso de mano dura del macrismo se nota en las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales. Eso genera una mayor violencia policial que se vive en los barrios y dentro de las propias instituciones”, analizó el diputado.
“De forma paralela a eso -continuó Del Frade- circulan muchas más armas y drogas que en años anteriores. Eso se ve en los números oficiales del Ministerio de Seguridad Nacional. En 2016, teníamos 7 toneladas de cocaína que habían circulado en el país y en 2017 tuvimos 15 toneladas. Pasamos a ser el segundo exportador de metanfetaminas. Los negocios más fuertes han crecido mucho y eso trae violencia”.