La Federación de Inquilinos Nacional reclamó “el pronto tratamiento de la ley de alquileres” ante lo que consideraron presiones del mercado inmobiliarios para frenar o modificar el proyecto que avanza en la Cámara de Diputados.
“Hace 23 meses el Senado de la Nación votó unánimemente una ley de locación de vivienda. En ese lapso, el alquiler ya aumentó más del 100%”, dijeron sobre la urgencia de regular el sector.
Entre otros puntos, la iniciativa eleva de dos a tres años la vigencia de los contratos y fija tope a los aumentos. “En nuestro país, cada vez son más las familias inquilinas que destinan el 50% de sus ingresos al alquiler”, añadieron.
Desde la Federación, impulsaron una solicitada bajo el título “La vivienda es un derecho”. Lleva la firma de 40 diputados y senadores nacionales, además de decenas y decenas de titulares de organizaciones sindicales (de las CGT, las CTA y otras) sociales y gremiales.
“Ahora, frente a la decisión de los representantes del Pueblo en la Cámara de Diputados, de ampliar y mejorar la media sanción del 2016, el lobby de los grandes empresarios inmobiliarios se puso en marcha intentando frenar una ley profundamente necesaria para el acceso justo y digno a la vivienda”, indica el texto.
“No debemos permitir que un grupo de empresarios esté por encima de la voluntad del Congreso Nacional. Exigimos urgente una ley que permita vivir en paz y dignamente a 8 millones de personas que alquilamos vivienda”, añade.
Principales puntos del proyecto en Diputados:
• Extiende de dos a tres años el plazo mínimo del contrato de alquiler;
• Fija un índice de aumento de alquileres basado en costo de vida y salarios, terminando así con la arbitrariedad y la especulación del mercado
• Establece que los propietarios deben registrar en la AFIP los contratos, posibilitando a los trabajadores deducir de ganancias el alquiler.
• Actualiza el monto de devolución del depósito en garantía, al momento de entregar el inmueble.
• Desglosa las expensas, en beneficio del inquilino, que hoy prácticamente se hace cargo de todos los gastos de consorcio.
• Prohíbe el cobro de impuestos de la propiedad y cualquier gasto de inicio del contrato que siempre eran cargados a los inquilinos
• Obliga a que las partes acuerden la renovación del contrato con dos meses de anticipación.