La Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir denunció maniobras dilatorias para no aplicar el protocolo de interrupción legal de embarazo (ILE) a una niña de 12 años que fue violada en la localidad jujeña de San Pedro y que está internada en el hospital de la capital provincial, donde manifestantes "pro vida" instan a que no se interrumpa su embarazo.
La niña está internada en el hospital Materno Infantil según al protocolo ILE solicitado por su familia el viernes pasado y está siendo evaluada por una junta médica para determinar si corresponde o no la aplicación.
"El Estado provincial está dilatando la práctica y vulnerando derechos. La nena está siendo revictimizada porque hasta se la está hostigando desde otros sectores", aseguraron voceros de la Red de Profesionales.
La agrupación criticó las maniobras que se llevan adelante, en especial de grupos pro vida, que lograron reunirse con la madre de la nena y desde anoche mantenían una vigilia de oración en las afueras del hospital.
Agregaron que "la familia se expresó claramente solicitando la práctica" y que "se están violando los principios rectores del protocolo, que son la celeridad y la confidencialidad, entre otras cuestiones".
"Esto no es una disputa moral, ni tampoco es una cuestión donde se tenga que tener en consideración opiniones, hay una ley que tiene que hacerse cumplir", resumieron.
En el mismo sentido, la Campaña Nacional por el Aborto Legal Seguro y Gratuito-Jujuy indicó a través de un comunicado que "se está "afectando la salud integral biopsicosocial de la víctima y su familia".
Además repudió la presencia en el lugar de la diputada nacional Gabriela Burgos, sobre quien aseguró que "desconoce las leyes a las cuales dice representar, participando del hostigamiento que llevan a cabo grupos antiderechos".
La legisladora de la UCR se mostró junto al grupo "Pro Vida" y aseguró a los medios locales que no se trata de "no cumplir el protocolo" sino de que "el embarazo está muy avanzado" y de que "se está hablando de un niño totalmente formado".
En el mismo sentido, el jefe de la maternidad, Gustavo Briones, aseguró que la postura personal de los profesionales del hospital es "en contra de la interrupción del embarazo", ya que los estudios "dieron que la menor lleva 6 meses de gestación, aunque el protocolo vigente no establece plazos en torno a ello".
Briones aclaró que por lo avanzado del embarazo ya no se trataría de un aborto sino de inducir un parto prematuro y sostuvo que, "si se lo saca en esta etapa, (el bebé) puede vivir y tener muchísimas complicaciones".
Por su parte, el obispado fijó su posición en un comunicado en el que instó a "salvar las dos vidas", mientras que, por otro lado, un grupo de médicos hizo una presentación en el Juzgado de Familia solicitando que se interrumpa cualquier intervención.