El segundo día del juicio a la banda conocida como Los Monos comenzó a horario, a las 9 como estaba previsto, a diferencia de la primera jornada que se demoró más de dos horas y media porque algunos imputados detenidos no querían salir a la sala. Tras dos cuartos intermedios, culminaron a las 16 los alegatos de apertura que en este caso le tocó a los defensores de los 25 imputados.
Todos los abogados (veinte) coincidieron en criticar a Juan Carlos Vienna, uno de los jueces de instrucción que intervino en la investigación de la causa. Puntualmente apuntaron a irregularidades en la inclusión de escuchas telefónicas y a una supuesta parcialidad del magistrado contra la organización.
El letrado Fausto Yrure fue uno de los más ásperos con su alegato. Señaló que Vienna fue "funcional al contexto político e institucional, donde se reclamaba activismo a autoridades contra la violencia urbana y el narcotráfico". Además, aseguró que durante el proceso judicial exhibirán pruebas del vínculo entre el juez y Luis Paz, padre de Martín "Fantasma" Paz, cuyo asesinato del 8 de septiembre de 2012 dio origen a la causa.
Yrure apuntó que habrá información sobre viajes a Estados Unidos en fechas coincidentes entre el magistrado y el padre de la víctima. Añadió que por esta relación se motivó la persecución a la familia Cantero, amigos y allegados.
Por su parte, Carlos Edwards trajo a colación las dos detenciones del ex jefe de la Policía Hugo Tognoli –quien está en pleno juicio en la Justicia federal– para vincularla con esta investigación.
"Vienna comenzó a investigar el crimen de Martín Paz en septiembre de 2012. De forma mágica, en marzo de 2013, por la intervención de la División Judiciales de la Unidad Regional II, cambió el objeto procesal y empezó a investigar a la familia Cantero. En ese mes fue detenido por segunda vez (Hugo Tognoli), a quien defendí. La causa instruida por Vienna fue la respuesta política dada a la inactividad de autoridades policiales en el combate contra la violencia urbana. En un contexto donde el gobierno nacional plasmaba a Rosario como una de las ciudades más violentas del país. Hay una coincidencia entre la febril actividad policial de judiciales con la puja política con el gobierno nacional por Tognoli", concluyó.
"Portación de apellido"
En tanto, Carlos Varela dirigió críticas también al fiscal Gonzalo Fernández Bussy por haber considerado a Ariel Máximo "El Viejo" Cantero como jefe de la presunta banda y no como integrante tal como había considerado en su momento la ex jueza Alejandra Rodenas. "Hace tiempo había conformado otra familia. Y lo acusan por ser padre de varios acusados en tres o cuatro líneas. No tiene sustento", sostuvo. En todo momento que su defensa habló sobre él, El Viejo Cantero se dedicó a agachar su cabeza y a jugar con un papel, con el que intentaba formar un triángulo equilátero, lo desarmaba y volvía a armarlo.
"A Cantero padre lo tienen acá por portación de apellido. Si se llamara Ariel Máximo González no estaría sentado en este juicio", expresó. En sintonía con estas declaraciones, el abogado Juan Ubiedo sostuvo que Silvana Gorosito está imputada por "ser la mujer de Monchi Cantero". "Carece de responsabilidad penal. Se va a demostrar", finalizó.
"Quema de brujas"
Por otro lado, Varela recordó los polémicos y fracasados acuerdos abreviados con algunos integrantes de la organización como Guille Cantero. "Iba a ir a un abreviado por 7 años por los mismos hechos por los que hora piden 24 años. Es una quema de brujas", subrayó Yrure, quien no aclaró que en ese momento (abril 2015) se acusaba a Guille como partícipe secundario por el crimen de Diego Demarre, ex dueño del boliche Infinity Night frente al que mataron al Pájaro Cantero, y ahora es sospechado como autor del asesinato.
Apoyado en declaraciones del ministro de Justicia de Santa Fe, Ricardo Silberstein, quien sostuvo que el juicio es una muestra de combate al narcotráfico, el defensor de Walter Juré, Marcelo Martorano, dijo que si el fondo de la causa es ese delito la competencia debería ser de la Justicia federal. "A mí cliente lo juzgan por supuestamente comercializar droga bajo órdenes de (Ramón) Machuca. Se convalidó en la Justicia provincial semejante despiste. La Corte Suprema de Santa Fe rechazó mi recurso de queja", enfatizó.
El conocido letrado Alberto Tortajada al hablar de Gustavo "Gula" Pereyra explicó que proviene de una familia de clase media alta y que no pensó ingresar a la Policía "para robar, sino por vocación". Relató que rechazó un cargo jerárquico en Drogas en Rafaela y añadió que Juan "Chavo" Maciel, con quien compartió tareas en la Secretaría de Delitos Complejos, fue la clave de su imputación. "Hay una o dos llamadas supuestamente entre Maciel y otra persona donde lo mencionan. Eso es todo lo que hay", afirmó.
Lágrimas en el baño
A su turno, la defensora oficial Florencia Chaumet, que representa a Eduardo Enriquez, Diego Cárdenas, Roberto Otaduy y Germán Herrera, criticó al juez Vienna por las presuntas irregularidades en la etapa de instrucción. Mencionó la inocencia de cada uno de sus defendidos hasta que puntualizó sobre la situación económica de Herrera, ex jefe de la sección Sustracción de Automotores de Rosario, y el propio imputado no pudo contener sus lágrimas en el banquillo de los acusados.
Una vez que terminó el alegato de Chaumet, el presidente del tribunal Ismael Manfrin decidió ir a un cuarto intermedio. Fue allí que Herrera continuó con su llanto en el baño del segundo piso. "Es muy duro esto", señaló a este cronista mientras se secaba sus manos con una toalla de papel.
De Vienna a Pullaro
"Vienna es un juez corrupto. Cobró un sueldo para no cumplir con su función. Todo está acreditado. Fue involucrado en situaciones dignas de una investigación penal. Pero nada pasó", comentó Evelyn Quain, abogada de Guillermo Cardini.
El abogado Sergio Larrubia, defensor de Juan Delmastro y Waldemar Gómez, comparó la situación de sus clientes con la denuncia del ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro por presuntas irregularidades en la intervención a su teléfono. "Acá pasó lo mismo", destacó.
En la mayoría de los alegatos de los abogados de ex integrantes de fuerzas de seguridad provincial o nacional se pidieron absoluciones y se basaron en presuntas irregularidades de la investigación del juez Vienna. También en que la mayoría no conocen qué delitos les atribuyen y a otros que sólo por ser mencionados en líneas telefónicas intervenidas fueron imputados y llevados a juicio. Todos los letrados consideraron "excesivas" las penas adelantadas en la primera jornada del juicio por el fiscal Fernández Bussy.
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