La Justicia investiga la muerte de un hombre en un sanatorio privado del centro por “dudosa”. Su cuerpo fue trasladado al Instituto Médico Legal (IML) para ser sometido a una autopsia. Se trata de un polista quien en 2010 quedó cuadripléjico tras sufrir un accidente mientras jugaba un partido en San Antonio de Areco.
Fuentes del Ministerio de Seguridad provincial informaron que el sàbado a la medianoche, personal de la comisaría 2ª recibió el llamado telefónico de Viviana O’ Connel, fiscal de Flagrancia y Delitos en turno, quien informó que en el sanatorio ubicado en Alvear al 800 se había producido el deceso de un hombre de 39 años y que se trataría de una muerte dudosa tomando conocimiento Valeria Piazza Iglesias, fiscal de Homicidios Culposos.
El personal, por orden de dicha fiscal, se constituyó en la guardia del sanatorio con el fin de entrevistar a los padres de la víctima. Piazza Iglesias por su parte, ordenó que se solicite un médico de la Policía de Investigaciones (PDI) y que el cuerpo sea remitido al IML para su correspondiente autopsia. También, solicitó que se dé cuenta de lo actuado al fiscal Fernando Dalmau, por una causa por abandono de persona.
El caso tomó estado público por lo trágico del hecho pero también por los ribetes judiciales que lo envolvían. Incluso, la obra social que atendía a la víctima, denunció a su esposa por estafa. El mismo tuvo varias intervenciones y en el último tiempo había estado internado en San Jerónimo Sur. Ingresó al sanatorio rosarino el 20 de junio pasado, con un cuadro de neumonía, de acuerdo a la información oficial.
Accidente y cruces judiciales
El polista identificado como Ignacio Ballesteros era cordobés, sufrió un accidente en 2010 mientras jugaba un partido y en consecuencia, quedó cuadripléjico. En mayo pasado, el fiscal de la Unidad de Investigación y Juicio, Fernando Dalmau, imputó a Gisella L. M. como articuladora de maniobras de facturación de servicios terapéuticos por los que habría recibido el dinero, pero algunos de los cuales no habrían sido efectivamente prestados, acusación que recayó también sobre 13 profesionales de la salud.
Tras el accidente al caer de una yegua, la mujer logró la curatela de su esposo en la Justicia y lo trasladó a Rosario para sus cuidados médicos. A mediados de 2011 se conoció que existía una disputa judicial con los padres de Ignacio, quienes lo trasladaron a Córdoba, a un centro de rehabilitación, tras obtener un recurso de amparo del juez federal Ricardo Bustos Fierro.
Los abogados de Gisella apelaron la medida y un Tribunal de Familia de Rosario ordenó que lo trasladaran nuevamente a esta ciudad, a instancias de una resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo cual se concretó el 12 de septiembre del año pasado, según publicó La Capital.
El pasado 13 de febrero, había sido llevado a una clínica de rehabilitación de la localidad de San Jerónimo Sud, luego de que le dieran el alta por una neumonía que puso en juego su vida.