El Concejo aprobó este jueves extender los controles de narcolemia a choferes de vehículos afectados al servicio público como patrulleros policiales, transporte urbano de pasajeros, taxis, remises, ambulancias del Sies y de cualquier otro efector público.
“Los controles se realizarán de manera tal de no afectar el normal desenvolvimiento y desarrollo de sus funciones. Por ello el proyecto sugiere que se realicen en las distintas dependencias antes de que los vehículos sean afectados al servicio”, aseguró el concejal Jorge Boasso, autor de la iniciativa.
La propuesta es impulsada a raíz de los resultados obtenidos con la implementación de la ordenanza 9.195/14 Programa de Prevención y detección de drogas en conductores vehiculares y la necesidad de implementarlos en los conductores de vehículos afectados al servicio público.
Además, se hace eco de lo difundido por el gobierno provincial respecto a que se comenzarán a realizar tests a policías y funcionarios del Ministerio de Seguridad.
Boasso remarcó: "Hay que garantizar la seguridad vial evitando siniestros que afecten a conductores y terceros".
Además, la iniciativa prevé que el municipio disponga una línea telefónica gratuita a efectos de que los usuarios de servicios públicos, que adviertan comportamientos extraños en los conductores, puedan realizar una denuncia solicitando la realización de exámenes toxicológico.
“En el caso de que el test resulte positivo -señaló el edil radical en un comunicado-, se penará con multa y retiro de la licencia de conducir, como lo establece la actual ordenanza, y por tratarse de servicios públicos se deberá realizar la inmediata comunicación a la autoridad designada por los ministerios o reparticiones correspondiente”.