Los abogados de la querella que representan al hijo y la hermana de Franco Casco pidieron a la Cámara Federal de Apelaciones que confirme los procesamientos contra 30 policías y les dicte prisiones preventivas al menos hasta que el juicio por desaparición forzada seguida de muerte se realice. “Ha quedado evidenciado el pacto de silencio existente” entre los agentes, señalaron.
Los profesionales de la Asamblea por los derechos de la niñez y juventud se manifestaron después de cuatro semanas en las que se celebraron las audiencias de apelación. Reclamaron a los magistrados Aníbal Pineda, Jorge Gallino y Fernando Barbará que convaliden lo actuado por el juez de primera instancia Carlos Vera Barros, lo que abriría las puertas al proceso oral y público contra los acusados.
Para la querella, las defensas de los policías no lograron refutar las imputaciones. Y la hipótesis central se sostiene: “Franco fue detenido ilegal y arbitrariamente el día 6 de octubre por la noche en cercanías a la estación de trenes Rosario Norte, cuando pretendía regresar a su casa en Florencio Varela. De allí fue trasladado a la seccional 7ª, donde fue sometido durante la madrugada a torturas, vejaciones y maltratos hasta perder la vida, siendo posteriormente arrojado al río a los fines de ocultar su muerte”.
A partir de esa estadía fatal en la comisaría, los policías involucrados alteraron documentos públicos y pruebas para tapar el crimen. Los abogados de la familia Casco enumeraron algunas de las irregularidades que constan en la causa.
“Las contradicciones del vecino que realizó la denuncia al mismísimo celular del comisario, la discordancia entre los Gps de los móviles y el supuesto lugar de detención de Franco, las actas sin firma y con fechas sobrescritas, las constancias de atención de una médica que nunca pasó por la comisaría, las modificaciones en los datos personales de Franco (en cuanto fue registrado bajo su apellido materno y con cambios en su número de DNI), la negativa a brindarle información a la familia cuando se acercó a la dependencia, son algunas de las más salientes maniobras que intentó el personal de la seccional 7ª para tapar la muerte de Franco y que fueron confirmadas en la resolución que procesó a los agentes”, señala el comunicado de la querella.
“A estos primeros ardides se sumaron aquellos tendientes a desviar la investigación o a encubrir lo sucedido, como la plantación de pistas falsas que ubicaban a Franco deambulando por distintos lugares de la ciudad de Rosario o la primera autopsia realizada por el Dr. Félix Rodríguez”, dijeron los abogados y apuntaron contra el rol del fiscal Guillermo Apanowicz, “quien ordenó las primeras medidas investigativas recién el 24 de octubre, es decir, 16 días después de que fuera denunciada su desaparición”.
Para el Equipo Jurídico de la Asamblea, en las cuatro semanas de las audiencias, se buscó “infructuosamente refutar la elocuente y sólida evidencia en contra del personal de la 7ª” pero a su juicio sin éxito. En cambio, quedó “evidenciado el pacto de silencio existente entre el personal de la comisaría”.
Por eso, los abogados que representan a Thiago Casco y Malvina Godoy (hijo y hermana de Franco) “hemos sostenido y solicitado al tribunal que confirme todos los procesamientos y que revoque las excarcelaciones concedidas por el juez Vera Barros, y así esperamos que resuelva para que avancemos pronto hacia el juicio oral y sea Justicia”.