Después de una jornada de extensas negociaciones, el Concejo municipal aprobó en la sesión de este jueves la prórroga por un año del contrato de concesión del estacionamiento medido a la empresa Tránsito Rosario. Salió con 16 votos a favor de los bloques que integran el Frente Progresista (socialistas, radicales y Coalición Cívica), los cinco referentes del PRO y los concejales Carlos Cossia (Peronismo Federal) y Marina Magnani (Frente para la Victoria). El expediente sancionado establece que el Ejecutivo municipal deberá enviar en 90 días los pliegos para un nuevo llamado a licitación del sistema en doce meses y exige al concesionario que invierta 7 millones de pesos en señalización, equipamiento y tecnología de pago.
Por otra parte, se incorporó una modificación horaria para que funcione de 9 a 20 los días hábiles (actualmente hasta las 21) y dos horas menos los sábados: de 9 a 12 (actualmente hasta las 14). El cambio en la franja horaria de explotación fue propuesto por el edil Carlos Cossia, a cambio de avalar la prórroga. El concejal había solicitado el año pasado la reducción horaria de los parquímetros, impulsado también por la Asociación Empresaria de Rosario para darle competitividad a los comercios del centro rosarino en relación a los shoppings. En aquella oportunidad, se pedía que sea hasta las 19 de lunes a viernes y se elimine los sábados a la mañana.
También la prórroga aprobada este jueves incluye una exigencia la Ejecutivo municipal para que envíe trimestralmente al Palacio Vasallo el detalle de las inversiones solicitadas a la empresa.
El acuerdo se terminó de sellar cerca de las 19 en una reunión de Servicios Públicos, que inició el presidente de esa comisión, Carlos Comi. “Estamos a pocas horas del vencimiento de la prórroga otorgada por 90 días en diciembre pasado. Hemos analizado distintas alternativas, distintas propuestas, en algunas podemos coincidir y otros podemos comprender, pero no coincidir”, expresó el edil en el inicio del encuentro.
La concejala del PRO Renata Ghilotti propuso entonces extender el contrato a Tránsito Rosario por un año “para que no se caiga el sistema y luego llamar a una nueva licitación”. Además, solicitó que el expediente exija una inversión proporcional al año de prórroga (7 millones de pesos), entendiendo que el Ejecutivo inicialmente pretendía concesionar por otros tres años con un plan de inversión de 21 millones de pesos.
Los dos peronistas de la comisión de Servicios Públicos se diferenciaron. El edil del bloque Justicialista, Eduardo Toniolli, anticipó que votaría en contra de la prórroga y recordó que era firmante junto a sus colegas Norma López (Frente para la Victoria) y Lorena Giménez (Partido del Progreso Social) de una iniciativa para municipalizar el estacionamiento medido.
En tanto, la concejala del bloque peronista Unidos y Organizados, Marina Magnani, acompañó el dictamen de comisión. “Me parece razonable el planteo del oficialismo sobre la necesidad de no desfinanciar el transporte urbano de pasajeros, extender el contrato por un año, y llegar a una propuesta seria en ese lapso de tiempo”, argumentó.
“Si bien atendemos la demanda de los vecinos que han planteado varias quejas, estamos de acuerdo con la cláusula de envíar al Concejo un informe trimestral sobre las inversiones. Además, el balance enviado por la empresa no me pareció objetable”, dijo la edila y agregó que en dos o tres meses habrá una nueva oportunidad de discutir el futuro del sistema, “que puede ser con mayor participación del estado, una empresa mixta, o una zona para el municipio”.
La socialista Verónica Irizar acordó con lo dicho por Magnani y sostuvo que sólo el año pasado lo recaudado en concepto de estacionamiento medido aportó 38 millones de pesos al fondo compensador del transporte urbano de pasajeros. Además, destacó la necesidad de mantener las fuentes de trabajo de los 67 empleados de la empresa que administra el servicio.
Durante la sesión, que comenzó poco antes de las 22, las críticas de la oposición variaron entre la falta de inversión del privado que administra el servicio, el mal funcionamiento de los parquímetros manifestado por los usuarios y la actitud de la intendencia frente al tema.
El justicialista Diego Giuliano sostuvo en el recinto que “las evaluaciones que se han hecho sobre el concesionario no parecen satisfactorias”.
Aseguró que la propia secretaria de Transporte, Mónica Alvarado, cuando fue a brindar informes al Concejo “planteó que se registraban 15 denuncias por día en el teléfono del 147 del Ente de la Movilidad”. “El 84 por ciento de esos reclamos son por mal funcionamiento de las ticketeras que se tragan las monedas o no permiten el pago electrónico”, indicó.
Giuliano también criticó que la intendenta no haya enviado ningún pedido de prórroga al Concejo “para dejar que el tema fluya” hasta el tiempo límite del vencimiento de la concesión. “Se ha tenido que acudir al tratamiento del tema sobre un expediente del concejal Cossia que habla de los horarios del estacionamiento medido. Sobre eso, en una extravagancia parlamentaria, vamos a extender la prórroga. Eso muestra la actitud del Ejecutivo sobre el tema. Gobernar significa tomar decisiones y tener iniciativas y eso no ha pasado”, expresó.
Un sector de la oposición impulsó en el Concejo la municipalización del estacionamiento medido, con diferentes modalidades. El tema, que no prosperó tras una nueva prórroga, podrá volver a ser debatido recién en tres meses, cuando lleguen al Palacio Vasallo los pliegos de una nueva licitación.
El bloque Ciudad Futura (Juan Monteverde, Caren Tepp y Pedro Salinas) propuso un proyecto de “estacionamiento cuidado” para que en la actual zona de concesión se regularice y formalice el trabajo de los cuidacoches. “Es una manera integral de abordar problemáticas que se legislaban y ejecutaban por separado, se logra que el desarrollo de una política no sólo impacte de manera positiva sobre la población destinataria del proyecto (cuidadores y usuarios del estacionamiento en la zona del microcentro), sino que además trae enormes beneficios para toda la ciudad, terminando con la privatización y el tarifado del espacio público”, explicaron.
Los concejales Toniolli, López y Gimenez Belegni, que integran distintos bloques del peronismo y el Frente Para la Victoria, también impulsaron la gestión municipal del servicio, y que los fondos obtenidos por su explotación sean destinados al fondo compensador del transporte.
En tanto, desde el Frente Social y Popular, Celeste Lepratti aseguró que la estatización del servicio de estacionamiento medido podría ser viable y respondió al secretario general del municipio, Pablo Javkin, quien sostuvo que una medida de esas características costaría 50 millones de pesos. “Se cubriría perfectamente con lo recaudado de la venta de las 300 mil transacciones mensuales que realizan los usuarios del servicio para comprar los cospeles o abonar el estacionamiento desde la web o el parquímetro personal. Sumado a esto los tres millones y medio de pesos promedio que se recauda mensualmente por las multas por no pagar este servicio”, fue la postura de la concejala.
Otros temas
El Concejo también aprobó este jueves un proyecto de los concejales Sebastián Chale y Enrique Estévez para garantizar que los locales gastronómicos pongan a disposición de los clientes los alimentos que no hayan sido consumidos en el local.
“Es necesario concientizar a la ciudadanía sobre la importancia de que los alimentos sean consumidos y no se conviertan en desperdicios. Hoy la cantidad de alimentos desperdiciados aún aptos para consumo humano asciende al 15 por ciento en América Latina y 30 por ciento a nivel mundial, de los cuales un 28 por ciento es desperdiciado en la etapa de consumo”, indicaron los autores del proyecto.
La ordenanza establece que los establecimientos gastronómicos, tales como bares, restaurantes, confiterías y pizzerías, deberán brindar a los clientes los alimentos no consumidos, debiendo incorporar en todas las cartas de menú, leyendas explícitas que pongan en conocimiento esta opción, dando aviso que según ordenanza se sugiere la práctica de retirar los alimentos no consumidos para que los mismos no sean desechados.
Por otra parte, se votó una ordenanza impulsada por el edil Carlos Comi para incrementar las multas a los locales comerciales que no exhiban los precios a la vista del público.
“La ocultación maliciosa de mercaderías, en infracción a las normas vigentes, será penada con multa de $154,52 a $889,37 y/o clausura hasta 90 días y/o arresto hasta 15 días. En la misma falta incurrirán aquellos comercios que de cualquier modo impidan o entorpezcan al consumidor la anotación o registro de los precios exhibidos”, indica el texto aprobado.
Igual sanción se aplicará a bares y restaurantes que no cumplan con la obligación de ofrecer a los comensales en su cartilla del menú de aguas y gaseosas un mínimo de 250 centímetros cúbicos de agua apta para el consumo, por persona.
Finalmente, se aprobó un proyecto de los ediles Chale y Schmuck que obliga a habilitar lugares para cambiar a los bebés que puedan ser utilizados por hombres y mujeres.
La medida regirá para edificios de uso público, privados o públicos, que deberán contar con cambiadores para bebés en al menos uno de los sanitarios masculinos y uno de los sanitarios femeninos; o instalar espacios especiales y únicos destinados al uso de cambiador para bebés.