La Municipalidad envió al Concejo este miércoles la propuesta integral de urbanización para Nuevo Alberdi. Se trata de 490 hectáreas, todas en manos de privados, en el extremo noroeste rosarino. Un poco menos de la mitad, 230 hectáreas, estarán destinadas a la zona residencial. De esas, 20 hectáreas deberán cederse al municipio para conformar 600 lotes y construir 400 viviendas sociales. El resto del lugar, 260 hectáreas que forman parte de la mancha de inundabilidad, serán para reserva y emprendimientos deportivos, sociales y productivos. Entre estos últimos se ubica el polémico tambo, pero también incluye a ladrilleros y huertas.
"Nadie va a poder construir sino cumple este acuerdo urbanístico", definió la intendenta Mónica Fein, quien consideró que con este proyecto se solucionan los problemas habitacionales de las 200 familias radicadas en la zona, se posibilitaría la resolución al conflicto del Tambo La Resistencia (de Giros, Ciudad Futura) -el desalojo fue frenado por la Corte Suprema pero la cuestión de fondo quedó pendiente-, destrabaría el desarrollo urbanístico y "además combina intereses que han estado en juego", dijo.
Fein señaló que este plan general debe ser aprobado por el Concejo, lo que le da "transparencia" y "perdurabilidad". Después, cada uno de los convenios privados para definir una construcción también deberá ser convalidado por el cuerpo deliberativo local.
La clave, destacó la intendenta junto a los secretarios Gustavo Leone y Pablo Javkin, es que los privados que poseen tierras en el lugar -hay 120 lotes aunque muchos pertenecen a un mismo grupo- deberán ceder 20 hectáreas sobre la calle Bouchard, que será el "nuevo eje" del futuro barrio.
Las 200 familias que hoy viven sobre el arroyo serán trasladadas a esa zona de Bouchard y García del Cossio, mientras que ese lugar quedará como área de reserva porque es zona inundable. Los planos fueron constituidos sobre la mancha de inundabilidad vigente, presentada en 2009 y convalidada en 2011, e incluyen zonas de mayor o menor riesgo, señalaron desde el Ejecutivo.
Existe una segunda alternativa para el Estado local de sumar viviendas. Si las edificaciones privadas se exceden de la altura de los indicadores fijados (planta baja y cuatro pisos), un 10 por ciento de esos departamentos se sumarán a programas de gestión pública.
De las 230 hectáreas, 45 serán para avenidas y calles, 20 para espacios verdes y otras 20 a las mecionadas soluciones habitacionales. Además, los privados deberán financiar la llegada de los servicios la zona (agua, luz, cloacas y calles).
Para Fein, este acuerdo fomentará "mecanismos asociativos entre privados" para cumplir con la cesión de terrenos sobre Bouchard y, a la vez, el Estado municipal se queda "con parte de la plusvalía urbana y parte de la ganancia del privado".
El Ejecutivo cree que de esta manera, con el aval de los ediles -se debatirá en la comisión de Planeamiento-, podría cerrar un largo conflicto de intereses en la zona noroeste. Rincón de la ciudad olvidado por décadas pero que después de la inundación de 2007, se convirtió en un espacio codiciado por empresarios inmobiliarios. Es que la realización de obras habilitó esas tierras inundables para la construcción y muchos de sus ocupantes eran (son) irregulares en cuanto a la posesión de títulos.