El gobierno se propone agilizar la puesta en marcha del decreto que ordenar realizar un mayor seguimiento a los extranjeros que hayan cometido delitos y en ese marco decidió reforzar los controles migratorios para las personas que ingresar a la Argentina.
La idea, según un informe que publica Infobae, es evitar la entrada de grupos terroristas, en un año sensible para la seguridad nacional por la cumbre del G20.
Las medidas para reforzar los controles migratorios fueron diseñados por la Agencia Federal de Inteligencia, con los Ministerios de Seguridad, del Interior y de Justicia.
Una de las cuestiones es que se acordó con con empresas aéreas extranjeras la instrumentación de un sistema de control anticipado de pasajeros mucho más rígido que el que funciona actualmente y que estará focalizado en países de Medio Oriente y de América Latina. Este sistema que convino el gobierno con las compañías de aviación de países latinoamericanos y de Medio Oriente, publica Infobae, permitirá hacer un rastreo de los pasajeros que viajen a la Argentina no solo con 24 horas de antelación sino también de todas las escalas y hojas de ruta que hicieron.
En esta misma línea, desde el Ministerio del Interior y el de Seguridad ya se puso en marcha este mecanismo que contempla un sistema de alertas tempranas ante eventuales pasajeros sospechosos. Hasta ahora solo se podía conocer la identidad de quienes venían a la Argentina con 24 horas de antelación. Ahora se sabrá la ruta que muchos de esos pasajeros hicieron antes de embarcar para Buenos Aires y los lugares por los que pasaron. Esta información se cruzará con Interpol, la AFI y Migraciones para sacar un perfil de los pasajeros sospechosos.
Además, la Dirección de Migraciones comenzó a aplicar con firmeza un decreto por el cual se puede expulsar automáticamente a los extranjeros con causas penales y reincidencias en el país. A la vez, la norma estableció que si un extranjero tiene condena o está cumpliendo condena, en la Argentina o en el exterior, o tiene antecedentes por tráfico de armas, de personas, de estupefacientes o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas o delito que merezca para la legislación argentina una pena privativa de la libertad de tres años o má no podrá ingresar al país.
Desde que se estableció esa norma en enero del año pasado hasta ahora hubo unas 470 expulsiones de extranjeros. Pero en la Casa Rosada creen que esta cifra podría incrementarse si hubiera una conciencia más firme de parte del sector judicial y una colaboración conjunta más estrecha en la materia.