La diputada por Río Negro, Silvia Horne, junto a la Federación Argentina LGBT, presentaron un proyecto para que se elimine la categoría “sexo” de los documentos de identidad argentinos.
La iniciativa de la diputada rionegrina Silvia Horne tiene una particularidad: está escrito en lenguaje inclusivo. Seguramente fue influenciada por el caso de Gerónimo Carolina, la primera persona en la Argentina que fue reconocida como de sexo indefinido.
Home explicó que el objetivo es proteger la diversidad corporal, y afirma que esa información –la de la categoría sexo en el DNI– no tiene ninguna utilidad real.
El proyecto toma como iniciativa otros casos ya trabajados en la Ciudad de Buenos Aires para reconocer otras identidades autopercibidas.
"La finalidad de la presente ley es garantizar el derecho a la intimidad, la autonomía, la autodeterminación, la integridad y la diversidad corporal de todas las personas, en especial de aquellas que son vulneradas por la discriminación, bajo pretexto de que sus cuerpos no hegemónicos varían de normas construidas sobre la base de una falsa noción de sexo. El Estado debe respetar el género autopercibido de acuerdo a cómo cada persona lo siente. El proyecto busca seguir avanzando sobre las bases que fueron ya establecidas en el 2012 por la Ley de Identidad de Género y es por ende una cuestión de justicia social, de derechos, de libertad. Es una iniciativa para seguir construyendo un mundo más igualitario para todas las personas”, expresó Silvia Horne.
También subraya que en la actualidad persiste una “falsa noción de sexo basada en la interpretación histórica, ideológica y cultural que se hace sobre ciertas diferencias anatómicas, especialmente, sobre la genitalidad y otras comúnmente denominadas características sexuales. Estas lecturas, que históricamente se han basado en paradigmas médicos/científicos, se suelen atribuir a la biología y se han asignado con carácter binario, existiendo como únicas posibilidades el binomio varón-mujer”.
Respecto de las consecuencias prácticas de la ley, como su irradiación sobre la normativa que regula la edad jubilatoria de las mujeres (60 años) y hombres (65) años, los dispositivos contra la violencia de género, el cupo femenino, entre otros, las gestoras del proyecto dicen que esto podría resolverse con “declaraciones juradas ad hoc”. Aunque de resultar aprobada la iniciativa afectaría, en mayor o menor medida, otras cuestiones como las licencias por maternidad, el uso de los baños públicos e incluso la designación de la ropa.