La titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, anticipó que el organismo iniciará “una actuación” para analizar el dictamen contrario al acuerdo entre el Estado nacional y Correo Argentino S.A, presentado por la fiscal general ante la Cámara de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquín, quien este viernes amplió ese dictamen señalando que la empresa cometió "mala fe procesal", al no informar al juzgado que tramita su quiebra la existencia de una denuncia paralela contra el Estado Nacional.
En una ampliación de un dictamen anterior en el que se opuso a la propuesta de pago de la empresa del grupo Socma, Boquín sostuvo: "Existe una conducta de la concursada que puede ser calificada como de mala fe procesal", según el texto presentado este viernes, difundido luego por la web del Ministerio Público Fiscal.
Allí, Boquín explicó al Tribunal de Apelaciones que, en paralelo al concurso preventivo, la empresa lleva adelante una demanda contra el Estado Nacional.
"Posee activos, créditos con expectativa de cobro contra el Estado Nacional, es decir al mismo acreedor al que se le ofrece una forma de pago abusiva", argumentó la fiscal.
La funcionario judicial explicó que recientemente se enteró de la existencia de la demanda del Correo Argentino contra el Estado Nacional por "daños y perjuicios" a raíz de un reclamo de pago de inversiones hechas por la empresa del grupo Macri durante su administración de la empresa privatizada.
Esa demanda, precisó la fiscal, fue presentada 15 días antes de la audiencia en la causa por la quiebra en la que el Estado Nacional dio su conformidad con la propuesta de pago hecha por Correo Argentino S.A, como se denominaba durante la gestión privada.
Investigación de la Oficina Anticorrupción
En tanto. la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, iniciará una "actuación" sobre el acuerdo del gobierno con Correo Argentino S.A, al advertir que esa intervención resulta "más que obvia" cuando hay un "un dictamen fiscal sugiriendo que podría haber una presunta violación de la ley de Ética Pública".
"En su dictamen hace alusión directa a la ley de Ética Pública, sobre una presunta violación, y como la OA es la autoridad de aplicación de esa ley, decidimos abrir una actuación y se empezarán a librar los oficios correspondientes", indicó Alonso.
Por su parte, el responsable de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), el fiscal Sergio Rodríguez, presentó hoy una denuncia penal basada en los dictámenes de Boquín.
Según consignó el sitio Fiscales, que depende del Ministerio Público, Rodríguez requirió a la Procuración del Tesoro de la Nación la apertura de un sumario administrativo, y solicita “ser tenido como parte acusadora”.
Además, la denuncia de la PIA se radicó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Número 8, y en la presentación se reclama una auditoría general sobre la actuación cumplida por los abogados del Estado durante todo el proceso concursal en la quiebra de Correo Argentino S.A, que lleva más de quince años.
El caso
La fiscal Boquín dictaminó que debe rechazarse "por abusiva" la propuesta realizada por la empresa Correo Argentino, propiedad de la familia Macri, y aceptada por el Estado Nacional, en el marco de un concurso preventivo.
La decisión de la fiscal tuvo lugar luego de que el Gobierno avalara una nueva oferta de pago que propuso Correo Argentino, de Franco Macri, padre del presidente Mauricio Macri, sobre la deuda que la empresa sostiene desde hace varios años con el Estado.
Luego de que la causa estuviera más de 15 años empantanada en los tribunales y de los numerosos rechazos de acuerdo por parte del Estado, la gestión de Macri aceptó una quita del 98,82% del total de la deuda y su cancelación podrá efectuarse hasta 2033.
Según la fiscal Boquín, el ofrecimiento realizado en junio debe considerarse "abusivo", ya que implica una quita de más de $ 4.000 millones en la actualidad y de más de $ 70.000 millones a 2033, cuando finalice el plan de pagos.
El Estado era el principal acreedor de Correo por la falta de pago del canon que el grupo Macri debía abonar tras hacerse cargo de la concesión del reparto de la correspondencia. Luego de la quiebra, el servicio volvió a quedar en manos del Estado, que se encargó de repartir sobres y bultos en todo el país.
La fiscal general llegó a esa conclusión luego de un análisis efectuado con la colaboración de la DAFI (Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones), el cual toma como base la fecha en que se inicia el concurso el 19 de septiembre de 2001, cuando se empezaría a pagar y la fecha en que se terminaría de abonar la deuda.
La Procuración de la Nación realizó un cálculo estadístico y matemático, el cual da que al año 2033 esa deuda que era de $ 296 millones, actualizando los índices y con la tasa del Banco Nación, treparía a $ 71.000 millones.
Reacciones
El acuerdo entre el Estado y la empresa concursada generó diversas reacciones por parte de los dirigentes políticos del oficialismo y de la oposición.
El diputado nacional del PRO Eduardo Amadeo consideró “una movida absolutamente política” a la polémica generada en torno al acuerdo preliminar entre el Estado Nacional y Correo Argentino S.A en el marco del concurso preventivo.
En cambio, el bloque Justicialista de la Cámara de Diputados, que preside Oscar Romero, consideró hoy “vergonzoso” el acuerdo preliminar alcanzado entre el Estado y Correo Argentino S.A en el marco del concurso preventivo de la empresa, al advertir que se trata de “una estafa a los argentinos”.
“La condonación de esta deuda millonaria es un fraude para el pueblo. Cuando decimos que este gobierno es para unos pocos lo verificamos en cada uno sus pasos”, sostuvo el presidente del bloque, Oscar Romero, en un comunicado de prensa.
La diputada del Frente Renovador, Graciela Camaño, consideró que lo acuerdo que avaló el Estado para que el Correo Argentino, propiedad de Franco Macri, salde una deuda que mantiene desde 2001 "es un escándalo" y lo equiparó con el caso del exfuncionario kirchnerista José López, detenido luego de ser encontrado in fraganti mientras intentaba esconder en un convento varios bolsos con u$s 9 millones en su interior.
"Es una situación que escandaliza. Es similar a un funcionario tirando bolsos y armas dentro de un convento", disparó Camaño.
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