El fiscal a cargo de las causas por delitos de lesa humanidad, Adolfo Villatte, repudió el arresto domiciliario en un country otorgado al represor Luis Patti, condenado dos veces a cadena perpetua, y acusó al juez Otmar Paulucci, integrante del Tribunal Oral Federal Número 2 de Rosario, de omitir informes médicos para validar una “situación de salud que no es real” y fue “simulada”.
En un comunicado, Villatte recordó que 7 de diciembre de 2016 especialistas e integrantes del Cuerpo Médico Forense (un neurólogo y un médico forense) examinaron a Patti. Determinaron que podía “seguir cumpliendo su condena en el establecimiento carcelario en el que estaba alojado, siempre que se garantice su atención médica necesaria, con controles evolutivos periódicos”.
El 27 de diciembre de 2016, el director de Sanidad del Servicio Penitenciario Federal, Raúl José Yacob, señaló a su respecto que “desde su ingreso no se han informado a ésta Dirección complicaciones graves habiendo recibido la asistencia requerida a su estado de salud en relación a los controles y consultas médicas, exámenes complementarios y rehabilitación”.
Es decir, hasta diciembre del año pasado Patti estaba bien y no había tenido problemas serios de salud.
El 6 de junio de 2017 una segunda junta médica oficial afirmó que Patti se encontraba “hemodinámicamente compensado, sin cambios clínicos con respecto a anteriores evaluaciones efectuadas; no se observaron cambios en su condición física que indiquen un desmejoramiento de su estado general que contraindique su permanencia en el Hospital Penitenciario Central (HPC)”.
Sin embargo, el 4 de julio de 2017, el Juez de Ejecución, Otmar Paulluci, llevó adelante una audiencia en ese hospital penitenciario y “llamativamente convocó al médico Forense del Gabinete Legal de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, José Roberto Settecasi”.
Fiscalía interpuso un pedido de nulidad ante la sospecha de que se buscaba “dejar sin efecto de manera encubierta los sendos informes realizados en junta médica por los profesionales del Cuerpo Médico Forense junto con los peritos de parte que concurrieron a ambos exámenes realizados a Patti”.
“Dicha nulidad fue rechazada por el juez de ejecución, realizándose la medida cuestionada”, dice el texto y añade que al fiscal Villate y su equipo no se le permitió la participación en ese análisis.
Esa “medida devino en un informe deficiente e inexacto realizado por Settecasi presentado recién en fecha 19 de septiembre de este año –y del cual no se dio noticia a la Fiscalía-, mediante el cual sólo se limita a transcribir lo que le manifestó el condenado, sin constatar ni realizar examen alguno, luego de una entrevista que no duró más de 30 minutos”.
“En síntesis, el juez de ejecución Otmar Paulucci omitió considerar elementos de juicio determinantes para resolver en torno a la real situación de salud del imputado, valiéndose únicamente de aquellos que avalan una situación de salud que no es real, y que por ser simulada no condiciona en realidad su permanencia en un centro de detención, lo que constituye a criterio del MPF una valoración sesgada del cúmulo de pruebas”, cierra el comunicado de Villate, fiscal general a cargo de la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado (Jurisdicción Rosario), y Cristina Caamaño Iglesias Paiz, la fiscal a cargo de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP).