Un nutrido grupo de manifestantes y representantes de organizaciones sociales, sindicales y estudiantiles repudiaron la presencia de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, en las Jornadas de Narcocriminalidad, en la facultad de Derecho de Rosario. La declararon “persona no grata” y presentaron un escrito con los fundamentos de la medida, a sabiendas de que la funcionaria no tomaría contacto con ellos.
Así lo explicó el dirigente Juane Basso, representante de la organización Hijos, en diálogo con el periodista Gustavo Poles (Radio 2).
“Creemos que la ministra Patricia Bullrich expresa fielmente al aparato represivo que cada vez más usa el Gobierno nacional para hacer pasar sus planes de ajuste y de hambre y cuando decidimos esta actividad, no se había producido aún la represión que vivimos ayer, es decir que era para pasar toda la factura que tiene nuestro pueblo, de todos los procesos represivos que viene llevando adelante la ministra, de la promoción de la violencia institucional cada vez más fuerte, para recordarle que es responsable por la Gendarmería y la Prefectura, por la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado, el asesinato por la espalda de Rafael Nahuel, entre tantos otros casos, explicó el dirigente.
“Vinimos con un documento que elaboramos, y sabiendo que la ministra no iba a tener la valentía de encontrarse con buena parte de las organizaciones de Rosario, dejamos el texto en manos de representantes del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe que, vergonzosamente la convocaron a la facultad de Derecho”, señaló Basso.
El documento entregado en la facultad de Derecho
“Bullrich es persona no grata en Rosario. Hoy nos convocamos ante las puertas de la Facultad de Derecho, para repudiar la presencia de la ministra de seguridad Patricia Bullrich, quién se encuentra participando de las Jornadas sobre Narcocriminalidad que se están desarrollando en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario.
La ministra es la representante de la definición de las políticas represivas que el Ejecutivo Nacional ejecuta contra el pueblo. Políticas represivas que aumentan y avanzan en concordancia con el brutal ajuste que sufre el pueblo trabajador.
Condenamos las permanentes declaraciones realizadas por Patricia Bullrich y el Poder Ejecutivo Nacional, que avaladas por los grandes medios de comunicación, criminalizan a les jóvenes de los sectores populares y promueven la ejecución de prácticas policiales abusivas. En este sentido, repudiamos enérgicamente la criminalización y estigmatización de los movimientos sociales, bajo el argumento de la erradicación del narcomenudeo, escudan la naturalización de la violencia institucional, como herramienta de disciplinamiento social. Tanto como exigimos la implementación plena de la Ley de salud mental que protege a usuarios afectados por uso problemático de substancias. Conociendo el uso político imperialista yankee de la guerra contra las drogas que viola y niega los derechos humanos vigentes criminalizando usuarios, y favoreciendo negocios espurios.
La ministra de seguridad nacional, niega sistemáticamente la participación de la policía en el delito organizado. Mientras que avala y premia públicamente a policías responsables de graves violaciones a los derechos humanos (como el caso del policía Luis Oscar Chocobar).
En esta misma dirección, es donde, el gobierno nacional pretende involucrar a las fuerzas armadas en la seguridad interior; implementa políticas de seguridad cada vez más punitivas y es responsable de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado y su posterior encubrimiento; el asesinato de Rafael Nahuel y Facundo Ferreira, entre tantas vidas de tantes jóvenes. Situación reiterada en cada una de las provincias a las que los gobiernos provinciales no oponen resistencia a las practicas implementadas por el ministerio de Seguridad de la Nación.
Seguimos exigiendo juicio y castigo a los culpables de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado, sus cómplices y sus encubridores; seguimos exigiendo justicia por el asesinato de Rafael Nahuel y Facundo Ferreira; exigimos justicia y esclarecimiento por el asesinato de Ismael Ramírez. El Gobierno y el Estado son responsables.
Pronunciamos enfáticamente que consideramos de seria gravedad que instituciones públicas de la provincia convoquen en estas jornadas a las y los representantes políticos que promueven y convalidan atentados a las libertades democráticas y las garantías constitucionales. Incrementándose su gravedad al desarrollarse esta actividad en el seno de la Universidad estatal pública gratuita y de calidad que este viene atacando sistemáticamente corroborándolo en el proyecto de presupuesto para el año 2019.
Asimismo, esperamos que los representantes del gobierno provincial que participan de dichas jornadas demuestren una marcada diferencia respecto al modelo de políticas represivas y manodurista instaladas por el gobierno nacional. Hasta ahora el ministro de seguridad de Santa Fe, se viene esforzando por asimilarse cada vez más a su par nacional.
Denunciamos que no hay una verdadera preocupación por terminar con los grandes beneficiarios del narcotráfico, y que bajo la excusa de su presunta persecución, se profundiza en nuestro país la estigmatización de los sectores populares y el llamado “paradigma de la guerra contra las drogas”, que se lleva adelante hace 30 años en México y en Colombia impulsado por Estados Unidos, el principal consumidor mundial de drogas, habiendo dejado como resultado más narcotráfico, más connivencia con las fuerzas armadas y de seguridad, más violencia y decenas de miles de muertes.
Basta de criminilización de la pobreza. Basta de represión de la protesta. Libertad a todos los presos políticos.
Todos los aquí convocados declaramos persona no grata en la ciudad de Rosario a la ministra de seguridad Patricia Bullrich. Fuera Bullrich de Rosario”, concluye el documento.
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