El gobierno formalizó este jueves el plan para reducir la burocracia en el Estado y permitir nuevas prácticas para reducir costos y ganar competitividad. La medida (decreto 27/2018) fue publicada en el Boletín Oficial. Entre los cambios, hay uno que tiene relación directa con el transporte en el Gran Rosario y que podría originar roces con el gremio de camioneros, y otro sobre un recorte en las sanciones a compañías que tengan empleados no registrados.
La iniciativa, cuyos lineamientos principales fueron adelantados por ministros del gabinete, agrupa un total de 170 medidas en 22 capítulos, en las áreas de gestión de los ministerios de Modernización, Producción, Trabajo, Finanzas, Transporte, Cultura, Agroindustria y Energía.
Entre las medidas, se habilita el uso "en algunos corredores viales" de los llamados "bitrenes", formaciones compuestas por un camión y dos remolques, que permiten transportar más carga. Esto, según el gobierno, permite reducir costos logísticos en un 20 por ciento. Sin embargo, fue una política resistida por Hugo Moyano por implicará un menor uso de camiones.
Los bitrenes, de esta forma, se podrán ver en el Gran Rosario, en las zonas de los puertos.
La norma a su vez especifica que en adelante se deberá tramitar un registro específico para circular con cuatriciclos, los que además deberán cumplir con una verificación técnica.
A esto se suman modificaciones en el registro de conducir: mientras antes había dos licencias nacionales de conducir, una para automóviles y vehículos particulares y otra para conductores profesionales, emitidas por dos organismos distintos, ahora ambas se unificarán en la órbita de la Agencia de Seguridad Vial, de manera de poder cruzar las bases de datos de infractores, inhabilitados y mejorar el control del proceso.
Un dato destacado es el recorte de sanciones a empresas que tienen trabajadores en negro. Básicamente, redujo el tiempo en el que una firma infractora se incluye en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales, cuestión que impide acceder a una serie de beneficios –entre ellos, subsidios o programas del Estado nacional, acceso a líneas de crédito, participación en obras públicas, concesiones de obras públicas, concesiones de servicios públicos y licencias–. El Ejecutivo también derogó un artículo que contempla la inclusión en dicho registro para quienes obstruyan inspecciones laborales.
Por otra parte, el decreto comprende al Banco Central y a la Agencia de Administración de Bienes del Estados (AABE) y la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), dos organismos descentralizados.
La norma establece que los expedientes digitales pasarán a tener "la misma validez que un expediente en papel u otro formato para todo el país, en todos los niveles administrativos”. Además, hace obligatorio el uso del expediente electrónico para los oficios judiciales en todo el Sector Público Nacional, entre otras medidas.
También estipula que las empresas automotrices no deberán pedir permiso para instalarse en el país, al tiempo que simplifica y hace más rápido el proceso para obtener marcas y patentes.
Asimismo se podrán resolver sin ir a la Justicia, en un lapso de 60 días, controversias legales-administrativas relacionadas con la administración del Estado que antes podían durar entre tres y cinco años.
La norma dispone asimismo el cierre del Registro Industrial de la Nación, que se creó en 1972 con el objetivo de tener una radiografía del sector industrial, debido a que en la actualidad se superpone con otros sectores o dependencias, como la Afip o el Indec, los que –afirma– tienen datos más completos sobre el universo en cuestión.
En el ámbito de la cultura, la norma habilita la exportación de hasta quince obras de arte como equipaje acompañado, sin mayor trámite que un Aviso de Exportación ante el Ministerio de Cultura, o una licencia especial en el caso de obras de autores muertos hace más de cincuenta años, sin necesidad de tener que pedir permiso previo a la Dirección General de Aduana.
Por último, se unificará la prestación de servicio de tráfico aéreo en la empresa estatal EANA, dejando de lado la competencia del Ministerio de Defensa sobre esta área, al tiempo que se incorporan nueve aeropuertos a su sistema de control.