La titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, fue imputada penalmente para ser investigada por una resolución en la que desvinculó al presidente Mauricio Macri de haber cometido alguna falta ética en la causa del Correo Argentino, empresa que estuvo vinculada a su familia.
La fiscal federal Paloma Ochoa abrió formalmente una causa a partir de una denuncia que presentaron diputados nacionales del Frente Renovador contra Alonso por los posibles delitos de violación de los deberes de funcionario público y denegación y retardo de justicia.
La causa está a cargo de la jueza federal María Servini, a quien la fiscal ya le pidió las primeras medidas de prueba del expediente.
Los legisladores Graciela Camaño, Alejandro Grandinetti y Cecilia Moreau denunciaron el 17 de octubre pasado a Alonso por haber dictado la resolución 2018-24 "cuya evidente finalidad perseguía desligar de responsabilidades" a Macri, al ex ministro de Comunicaciones y actual de Defensa, Oscar Aguad, y al entonces director general de Asuntos Jurídicos de Comunicaciones, Juan Manuel Mocoroa, según argumentaron.
En ese dictamen, Alonso sostuvo que ninguno de los tres funcionarios cometió alguna falta ética en su intervención en el caso.
Se trata de un expediente comercial por la deuda que el Correo Argentino –una empresa que estuvo vinculada a la familia Macri– tiene con el Estado por originalmente 296 millones de pesos cuando en 2001 dejó de pagar el canon por la privatización.
El gobierno de Macri llegó a un acuerdo con la compañía para que se pagara la deuda pero la fiscal de la Cámara Comercial Gabriela Boquín se opuso y pidió rechazarlo por "abusivo y perjudicial" para el Estado porque implicaba una quita del 98,2% de la deuda ya que no se le aplicaban intereses y así la condonación a la empresa alcanzaba 4.227 millones de pesos.
El reclamo original es contra el ministerio de Comunicaciones, que era dirigido en aquel momento por Oscar Aguad, y que actuó en la condonación de una deuda de 2001 y estimada en más de 70.000 millones de pesos del Correo.
Finalmente, el gobierno retiró la propuesta de cobro de la deuda, tras las críticas que recibió.
Alonso analizó el caso en base a la ley de ética pública y sostuvo que "no se advierte en el caso ninguna vulneración a las normas de ética en el ejercicio de la función pública por parte del Señor Presidente de la Nación".
Explicó que cuando se hizo el acuerdo Macri no tenía intereses financieros en Socma Americana –la empresa de la familia Macri que controla Sideco Americana, la compañía que tiene el Correo– y que de la causa comercial no surge que haya tenido intervención. Agregó que Macri dejó en 2009 las acciones de Socma y se las transfirió a sus tres hijos.
Pero los diputados del Frente Renovador objetaron en tribunales el dictamen y señalaron que Alonso "soslayó deliberadamente información que comprometía al presidente de la Nación".
Al plantear la denuncia, explicaron que en 2014 Macri sostuvo en su declaración jurada que tenía acciones, cuotas y participaciones sociales sin cotización de Socma en el país y que tenía desde 2001.
"El Presidente no contaba con la facultad de tomar decisiones sobre la empresa que tuvo durante tantos años y continúa teniendo a su cargo, es decir que, hubo faltas a la ley de ética pública en cuanto a la decisión de aceptar la oferta de la empresa controlada por el holding de la familia del presidente, que buscaba saldar su deuda con el Estado de su concurso preventivo", sostuvieron los legisladores en su denuncia.
La denuncia llegó a la fiscal Ochoa que abrió formalmente una investigación.
En su dictamen señaló que "resulta imputada en autos Laura Alonso" pero "ello sin perjuicio de que con el devenir de la investigación se formulen otras imputaciones".
La Fiscalía pidió las primeras medidas de prueba y la encargada de ordenarlas ahora es la jueza Servini de Cubría.