Llegó el momento del segundo juicio para el ex jefe de la Policía de Santa Fe Hugo Damián Tognoli, acusado de complicidad y connivencia de supuestos narcos que también serán sometidos al proceso oral desde este lunes, y por el término de unos tres meses.
La audiencia inicial comenzó a las 9.30 en el Juzgado Federal 4 de Rosario, a cargo de Marcelo Bailaque, según dispuso el Tribunal Oral Federal (TOF2). Se trata de una causa en la que el ex comisario está procesado por supuesto encubrimiento de un presunto narcotraficante de la localidad santafesina de Villa Cañás, Andrés “Vasco” Ascaíni.
Tognoli, quien fue el jefe de la división antinarcóticos durante el gobierno santafesino de Hermes Binner y fue ascendido a jefe de Policía en la gestión de Antonio Bonfatti, ya fue condenado por delitos similares a seis años de prisión en un juicio oral que se desarrolló en la ciudad de Santa Fe.
En este nuevo proceso oral, además de Tognoli hay otros dos policías acusados y una veintena de imputados por violación a la ley antidrogas.
El fiscal del caso, Mario Gambacorta, consideró al momento de pedir la elevación a juicio de la causa que la protección brindada por Tognoli y otros uniformados de alto rango a Ascaíni –sindicado como jefe de una organización dedicada a la comercialización de drogas- “consistía no sólo en liberar la zona para el accionar delictivo, sino también en facilitarle información que le permitía evadir la persecución de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), en momentos en que esa fuerza federal lo buscaba”.
Entre las pruebas aportadas por el fiscal figura un llamado efectuado por el propio Ascaíni a la seccional policial de Villa Cañás para averiguar a quién pertenecía una camioneta blanca que lo seguía desde hacía algunos días.
“Mediante el uso de una clave de seguridad de carácter restringido, Tognoli y otros jefes policiales –entre ellos Néstor Fernández, por entonces jefe de la Brigada Operativa Departamental VIII- tenían acceso a la base de datos del Registro Nacional de Propiedad Automotor”, planteó oportunamente Gambacorta.
De ese modo, pusieron en aviso a Ascaíni acerca de que era observado por un vehículo que pertenecía a la PSA, lo que en definitiva obstaculizó la detención.
“Tras esa comunicación telefónica, un policía partió hacia donde se encontraba Ascaíni para interceptar y pedir identificación a quienes lo seguían, de tal forma de facilitar la evasión”, continuó.
En otra oportunidad, Tognoli -quien según un testimonio recibía de los narcos 30 mil pesos mensuales como retribución por sus servicios- removió del cargo a un comisario que había mostrado interés en investigar a Ascaíni.
Un tendal de acusados
De acuerdo al entre cruzamiento de investigaciones, a esta causa se le anexaron otros tres expedientes que son llevados ahora a juicio. Allí se acusan a otras 23 personas, la mayoría de ellas señaladas por tenencia de estupefacientes para su comercialización. Entre ellos figura el nombre de Aldo "Totola" Orozco, otro supuesto líder narco que habría tenido vínculos con Ascaíni y protección policial en la ciudad de Firmat.
Desde septiembre del año pasado, Tognoli (de 53 años de edad) se encuentra detenido en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz, en la provincia de Buenos Aires.
Un año antes, en octubre de 2015, el destituido jefe policial fue condenado a seis años de prisión por encubrimiento a un grupo vinculado al narcotráfico. En la sentencia, también lo hallaron culpable de coacciones a la titular de la ONG Madres Solidarias, Norma Castaño, e incumplimiento de deberes de funcionario público.
En marzo último, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó dos recursos presentados por Tognoli por medio de los cuales procuraba obtener su libertad. El máximo tribunal lo consideró “inadmisible”, de acuerdo al fallo firmado por los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rozencrantz.
El abogado Néstor Oroño, defensor de Tognoli, ya había solicitado la libertad al Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) 2 de Rosario y a la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, pero ambos se la habían rechazado y prorrogaron su prisión preventiva, lo cual luego convalidó la Corte.